Hay gente molesta con revisar los Tratados de Libre Comercio (TLC), que se propone en el Programa de Gabriel Boric: los excancilleres de la Concertación/Nueva Mayoría; el actual canciller, Andrés Allamand; el exministro de Hacienda, Felipe Larraín. Es un intento transversal por evitar los cambios que se anuncian en el país. Y esos cambios no pueden eludir la política exterior y los acuerdos comerciales.

Hay que reconocer que la radical inserción internacional ha sido un componente determinante en el camino económico que ha adoptado nuestro país. El elevado grado de apertura de la economía chilena al mundo ha sido posible gracias a la decisión unilateral de las autoridades de reducir las restricciones al comercio, otorgar el mismo trato a las inversiones extranjeras que a las nacionales y facilitar los flujos del capital financiero. Esa misma lógica de apertura, sin regulaciones, ha caracterizado las negociaciones de los TLC, en particular con los países desarrollados.

Ello revela que la política exterior no tiene fines propios, sino responde a las exigencias de la política interna.

En efecto, tanto el tipo de apertura unilateral al mundo como los compromisos contenidos en los TLC, no hacen más que reproducir la lógica del neoliberalismo imperante en la economía interna, desde hace cuatro décadas. Tenemos un Estado que no interviene en los mercados; no existen restricciones para que la inversión extranjera se instale en cualquier sector de actividad: salud, educación, AFP, recursos naturales, entre otros; el capital financiero puede ingresar y salir del país sin mayores trabas; se pueden utilizar los paraísos fiscales para operaciones indiscriminadas del capital nacional y extranjero, etc.

En suma, el libre juego de las fuerzas del mercado, garantizado en la Constitución de 1980, se reproduce en la política comercial externa. La Cancillería, mediante la suscripción de los TLC, no hace más que implementar en lo externo la lógica del modelo económico neoliberal. El Estado no regula en favor de determinadas actividades, el inversionista extranjero tiene el mismo trato que el nacional, no hay sectores prohibidos para el inversionista, las controversias «empresa privada-Estado» se resuelven en tribunales externos, entre otros compromisos.

El canciller Allamand sostiene que la multiplicación de TLC ha sido buena para las exportaciones, pero no dice que solo exportamos materias primas; dice también que ha sido buena para dar trabajo, pero no dice que ha sido un trabajo de mala calidad y con bajos salarios; y, finalmente, señala, algo enojado, que “es absurdo sostener que se haya entregado la riqueza a países extranjeros” (El Mercurio, 14-10-2021), pero se olvida que las AFP, las Isapres, los servicios básicos y los recursos naturales, en su gran mayoría, son propiedad de empresas extranjeras.

La propuesta programática de Gabriel Boric apunta a realizar transformaciones económicas y sociales que terminen con el neoliberalismo y promuevan el desarrollo del país. Es lo que exige la ciudadanía desde el 18-O.

No se trata de un capricho de Boric. Es que el modelo económico seguido por el país durante cuatro décadas ha sido cuestionado por la sociedad chilena. En lo social, porque ha generado profundas injusticias y desigualdades, ya que el principal beneficiario ha sido el 1% de los más ricos del país; y, en lo económico, porque la concentración de los recursos en el extractivismo ha agotado el crecimiento, aniquiló el aumento de la productividad, cerró el progreso a los pequeños empresarios y frenó el aumento de los salarios.

Pero, para terminar con el neoliberalismo y construir un nuevo modelo productivo, que diversifique la economía y las exportaciones, se requiere una política exterior distinta, la que incluye la revisión de los acuerdos comerciales. Revisar no significa terminar con los tratados comerciales suscritos. No hay que confundir a la opinión pública y menos deben hacerlo los excancilleres.

Chile es una economía pequeña y para ampliar sus espacios de reproducción necesita vincularse económicamente al mundo. Pero no para entregar alimentos y materias primas para que otros países se industrialicen, sino para diversificar su economía y canasta exportadora.

El exministro de Hacienda, Felipe Larraín, que ahora se dedica a criticar la eventual revisión de los tratados comerciales (El Mercurio, 14-10-2021), hace algunos años fue categórico en sugerir un nuevo camino productivo: “Chile se ha integrado a la economía mundial como un proveedor de unos pocos recursos naturales. Y… estos sectores son insuficientes para impulsar a Chile hacia una etapa de elevado crecimiento del ingreso. Chile tendrá que diversificar su base exportadora o es altamente probable que experimente una caída en su crecimiento.” (Larraín, Sachs y Warner, A Structural Analysis of Chile’s Long Term Growth: History, Prospects and Policy Implications, paper, 2000. Universidad de Harvard).

Nada de lo dicho significa cerrar la economía chilena al mundo. No se trata de instalar “una ideología soberanista y aislacionista”, como acusan los excancilleres a la candidatura de Boric y, menos, renunciar al multilateralismo.

La apertura al mundo debe continuar, pero de una manera distinta. Deseamos una apertura al mundo, pero que se corresponda con una nueva estrategia de desarrollo, que permita diversificar la estructura productiva y las exportaciones e incorporar la ciencia y el conocimiento como fundamentos de la nueva economía. La política exterior y los tratados comerciales deben servir a ese propósito, no pueden ser un obstáculo.

Los excancilleres dicen que es una falacia que una nueva estrategia de desarrollo condicionará la capacidad del Estado para desarrollar políticas públicas distintas (Declaración de los excancilleres, 11-10.2021). Yo tengo mis dudas, pero ojalá me equivoque. Entonces, revisaremos los tratados y ya veremos.

Sea como sea, no es nada grave revisar los TLC. La actual realidad lo demanda. Porque están ocurriendo cambios dramáticos en la economía mundial y, por tanto, nosotros también tenemos derecho a cambiar y a revisar lo existente. En efecto, el nuevo proteccionismo en Estados Unidos y Europa, la aplicación de un 15% de impuesto a las multinacionales, el cuestionamiento a los paraísos fiscales, la emergencia de China como potencia científica e inversionista, entre otras cosas.

Los excancilleres y otros críticos del programa de Boric debieran observar estos cambios con altura de miras y reconocer que un nuevo gobierno de transformaciones tiene el legítimo derecho a una nueva política exterior, que además le permita revisar los tratados comerciales.