La plataforma contra los desahucios ha solicitado al Ayuntamiento de Córdoba el empadronamiento de las familias ocupadas en pisos vacíos de entidades bancarias para poder contratar los suministros de agua y luz de cara al invierno.

Stop Desahucios, que ha colaborado en el realojo de varias familias sin techo en viviendas vacías de bancos, pide que Servicios Sociales o Policía Local certifiquen que estas personas viven allí.

Defienden que, pese a no tener escrituras de propiedad o contrato de alquiler sobre el inmueble habitado, la norma permitiría el empadronamiento y “el Ayuntamiento tiene que velar por los intereses del ciudadano”.

Por Carmen Reina para eldiario.es

Que este invierno no sea como el anterior. Es lo que pretenden conseguir desde la plataforma Stop Desahucios de Córdoba para aquellas familias sin recursos y sin un techo que han sido realojadas con ayuda de la plataforma en viviendas vacías propiedad de entidades bancarias. Han solicitado al Ayuntamiento de la capital cordobesa que faciliten el empadronamiento de estas familias, de manera que puedan contratar los suministros de agua y luz de cara, sobre todo, a la estación invernal.

Representantes de la plataforma antidesahucios han presentado esta semana un escrito en el Ayuntamiento en el que reclaman “su compromiso firme e inmediato para facilitar y certificar el reconocimiento de empadronamiento de los ciudadanos de la ciudad que, como consecuencia de su necesidad habitacional, se han visto obligados a realojar un inmueble vacío”, reza el documento al que ha tenido acceso  eldiarioandalucia .

Para ello, argumentan su solicitud en que la norma que reglamenta la obtención del certificado de empadronamiento “habilita al Ayuntamiento al objeto de proceder a la comprobación de la veracidad de los datos sobre la circunstancia o no de la residencia efectiva, entre los que se encuentran no sólo los señalados – escrituras de propiedad o contrato de alquiler- sino cualquier otro (…) que pueda acreditar el hecho y la voluntad de residencia de los solicitantes”.

Siguiendo con ese argumento, Stop Desahucios admite que “la falta de ocupación legítima podrá dar lugar al ejercicio de acciones legales de desahucio por parte del propietario, pero sin que pueda ello suponer la denegación de la inscripción patronal”, por parte del Ayuntamiento, al que reclaman su acción a favor de los ciudadanos.

Por eso, piden que el Consistorio lleve a cabo “de forma urgente todas las medidas necesarias, integradoras y no excluyentes, para facilitar y reconocer el derecho de empadronamiento” de las familias realojadas y que ello conlleve “automáticamente” el alta en la Empresa Municipal de Aguas de Córdoba (Emacsa) “para suministrar y garantizar el agua potable” en los pisos ocupados.

“El Ayuntamiento tiene que velar por los intereses del ciudadano, a través de los Servicios Sociales y de la Policía Local si hace falta” -explica uno de los portavoces de la plataforma, Rafael Cidres- para que los empleados públicos vayan “al domicilio de estas familias, certificando que están viviendo en esas viviendas”.

“Contratar agua y luz. No robarla”

“Queremos contratar agua y luz. Contratarla y pagarla, no robarla”, señalan desde Stop Desahucios para advertir que, de no acceder el Ayuntamiento ante esta petición, la carencia de un certificado de empadronamiento les obliga a “enganchar de otras maneras y a cometer ilegalidades».

Después de la presentación de la documentación ante el Consistorio cordobés –“la hemos traído para explicarle a este Ayuntamiento que la ley dice que a las familias tienen que empadronarlas, para que lo sepan y no nos pongan impedimentos”-, la plataforma ha señalado que va a otorgar un pequeño margen de tiempo “para que nos contesten, pero un tiempo muy pequeño porque las necesidades de las personas son muy urgentes. Y si no nos contestan, volveremos las veces que hagan falta”.

Tras esta petición se pone sobre la mesa el interés de Stop Desahucios por que las administraciones tomen partido por las familias sin vivienda en una “situación de emergencia social” que se recrudece con la llegada del invierno y recuerdan cómo Endesa se ha repartido recientemente unos beneficios de 14.600 millones de euros, mientras que el año pasado a 600.000 familias andaluzas les cortaron la luz, el agua y el gas.