José Aristizábal García, Coordinador del Observatorio del conflicto armado y el postconflicto para la Coorporación Nuevo Arco Iris, ha sido amenazado de muerte por grupos paramilitares colombianos tres meses después de volver a su país, tras haber pasado 11 años de exilio forzoso en España.

Después de participar durante décadas en luchas de distinto tipo, en los años 90 opta por el camino de la paz y negocia con el gobierno en nombre de  la Corriente de Renovación Socialista. Más tarde, fue elegido al Congreso de la República y allí ocupó el cargo de presidente de la Comisión de Derechos Humanos, teniendo que exiliarse, como decíamos, por estar su vida amenazada como lo está nuevamente.

Ante ello, se ha dirigido al Presidente  Sántos y al Fiscal de la nación, en una carta que reproducimos literalmente. Misica que ha levantado una campaña internacional de organizaciones diversas que exigen la protección de Aristizábal y otras 98 personas más.

Al recibir esta carta, numerosas organizaciones internacionales han lanzado una campaña de recogida de adhesiones, en la que exigen garantías de protección para la integridad física y moral de José Aristizábal y de todas las personas defensoras de Derechos Humanos y trabajadores por la paz de Colombia. Estas adhesiones serán enviadas a la Presidencia del Gobierno de Colombia y a la Fiscalía General.

 

 Carta de José Aristizábal al Presidente y al Fiscal General de Colombia

Hace menos de un mes llegó a la sede de la Corporación Nuevo Arco Iris, donde trabajo, un pasquín del grupo Los Rastrojos en el que se amenazaba a esta institución y a Fernando Hernández, nuestro director ejecutivo. Por esos mismos días hubo una lluvia de amenazas similares a otras ONGs y defensores de derechos humanos.

Ayer tarde entregaron aquí mismo, en la recepción de la oficina, un sobre que contiene otra amenaza. Es del grupo Comando Central-Águilas Negras. En ella amenazan de muerte a 99 hombres y mujeres entre quienes estamos Fernando Hernández, Adolfo Bula y yo. En las amenazas de septiembre y octubre del año pasado y las de hace un mes no aparecía mi nombre; en esta sí.

Aún no llevo tres meses de haber regresado a Colombia. Y no fue suficiente que pasara once años lejos  del país, en España y Catalunya, para que  otra vez me vuelvan a amenazar. No bastaron  once años de exilio.

Pensaba que al retornar podría dedicarme más o menos tranquilamente al trabajo de investigación por la paz. Que al haber un gobierno que está negociando un acuerdo de paz con las Farc y fue elegido con la promesa de la paz, uno podría ejercer su derecho elemental a caminar fresco por la calle sin escoltas ni esquemas de seguridad. Nunca me imaginé que esos heraldos de la muerte tomaran nota tan rápido de este regreso. Que no me dejaran casi ni llegar.

Señor Presidente de la República, Señor Fiscal General de la Nación: hace un mes, ante la oleada de amenazas, el gobierno se quedó callado. Es claro que no somos los únicos amenazados ni abogo sólo por mi seguridad y la de mis compañeros porque estamos en el país donde las amenazas se volvieron el pan de cada día bajo la mirada impune de las autoridades.

Pero señores Presidente y Fiscal: Fernando Hernández, Adolfo Bula y yo fuimos los que firmamos junto con el gobierno nacional el acuerdo de paz de la Corriente de Renovación Socialista en 1994. Y desde 1996, las amenazas contra nosotros y otros dirigentes e investigadores de Nuevo Arco Iris nunca han cesado. Fernando tuvo que salir siete años fuera del país. León Valencia ha tenido que  huir varias veces ante incontables amenazas. Yo apenas acabo de regresar. ¿Cómo van a convencer a las Farc y al Eln para que se transformen en un movimiento político si el gobierno no es capaz de parar ni reducir este diluvio de amenazas? 

Señor Presidente, señor Fiscal: las bandas paramilitares o bacrim, o quienes actúan a nombre de ellas, no sólo están amenazando a la gente que trabajamos por la paz y los derechos humanos. Siguen asesinando y regando de sangre regiones enteras, impidiendo la restitución de tierras a los campesinos, sembrando el miedo en las periferias urbanas y engordando las economías criminales. Si el gobierno no reduce estas bandas y las élites políticas que las encubren, no habrá paz ni con las Farc, ni con el Eln, ni con la sociedad.

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