El terrorismo es uno de los puntos más importantes en las agendas políticas de los Estados occidentales a lo largo de las últimas dos décadas. En la actualidad, la amenaza de grupos extremistas está a las puertas de cualquier sociedad y, por tanto, se hace necesario establecer políticas de control que minimicen su impacto o, de ser posible, su aparición.

El terrorismo como fenómeno global actual se encuentra enraizado en el imaginario colectivo de la Sociedad Internacional, especialmente luego de los atentados del 11 de septiembre de 2001 y ahora con las atrocidades del Estado Islámico.

La lucha contra el terrorismo se ha convertido en una de las banderas dominantes de la política internacional de comienzos del siglo XXI.

Uno de los axiomas fundamentales de la sociología histórica es que hay que conocer el pasado para no repetir en el presente los errores de antaño, errores que en realidad fueron horrores, cuando pensamos en el tremendo daño material, moral y económico que ocasionó en el Perú la demencia e insania del terrorismo durante las décadas del ochenta y noventa a manos de los movimientos subversivos Sendero Luminoso y el Movimiento Revolucionario Túpac Amaru.

La violencia social ha trascendido los esfuerzos, muchas veces lentos y frustrantes, del Estado y la sociedad por fortalecer instituciones públicas que lleguen a todo el país para construir por primera vez una ciudadanía inclusiva de las mayorías excluidas.

En el Perú debemos considerar que el primer ministro de gobierno, Guido Bellido, y el secretario general y fundador de la organización gobernante Perú Libre (PL), Vladimir Cerrón, entre otros, se encuentran investigados por el delito de terrorismo, según informó el Ministerio Público (MPFN).

La investigación se encuentra a cargo de la Fiscalía Supraprovincial Especializada en Delitos de Terrorismo y Lesa Humanidad de Huánuco contra Guido Bellido, Vladimir Cerrón, el congresal de PL Guillermo Bermejo y Alex Pimentel, presunto allegado a los cabecillas de la organización criminal Sendero Luminoso (SL) en el centro del Perú.

El doce de septiembre el titular del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos (Minjusdh), Aníbal Torres Vásquez, consideró que el sentenciado líder de Perú Libre, Vladimir Cerrón, es una influencia negativa en el Gobierno del Perú.

“Para mí [Vladimir Cerrón] sí [es una influencia dañina para el Gobierno], porque nadie pueda tomar decisiones ahí si no tiene una facultad otorgada por el ordenamiento jurídico, por la Constitución que define quienes gobiernan. No personas que no han llegado democráticamente”, dijo en entrevista en el programa Agenda Política.

En esa línea, Torres Vásquez reveló que el presidente de la República Pedro Castillo mantuvo al titular del Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo (Mtpe), Íber Antenor Maraví Olarte, porque de lo contrario se hubiera considerado que el Poder Ejecutivo se encuentra a cargo del líder de la organización gobernante, Vladimir Roy Cerrón Rojas.

En su reciente comunicado “Las revelaciones en el caso Iber Maraví” la organización de derechos humanos Waynakuna señala que según el registro histórico de la región de Ayacucho se presentan importantes y punibles acciones terroristas que ejecutó Sendero Luminoso.

El documento registra la historia del terrorismo: “Sin embargo hay un hecho emblemático en la historia del terrorismo y es el referido al asalto a la cárcel de Huamanga, perpetrado por 100 senderistas con el fin de liberar a Edith Lagos, Hildebrando Pérez, 76 terroristas y otros 226 reos comunes, el 2 de marzo de 1982. Distintos diarios titulaban en la ciudad de Lima: ‘Nicaragua comienza en Ayacucho’. A raíz de este hecho el gobierno de Fernando Belaúnde declaró el estado de emergencia en ese departamento”.

Por lo tanto debemos considerar que los grupos parlamentarios Renovación Popular, Fuerza Popular y Avanza País presentaron un documento sobre la moción de interpelación contra Íber Antenor Maraví Olarte, para que responda por los atestados policiales que lo vinculan con acciones del movimiento subversivo Sendero Luminoso en la región de Ayacucho.

Según el organismo sobre derechos humanos Waynakuna Perú la demanda tiene sustento en los atestados policiales: “N° 12-SE-JDp del 3 de agosto de 1981 y N° 001-SE-JDp, del 5 de febrero de 1982”, donde Maraví está involucrado.

Debemos tener presente que los grupos terroristas afectan seriamente los derechos humanos de primera generación como el derecho a la vida, la integridad, la libertad, etcétera, pero también otros derechos humanos considerados de segunda y tercera generación como el derecho a la propiedad, el derecho al desarrollo o el derecho a la paz. Existe entonces una íntima relación entre los atentados terroristas, violaciones a los derechos humanos, el derecho a la paz y el desarrollo.

Así las cosas, enfrentar el terrorismo es una obligación del Estado para proteger los derechos humanos de todas las personas.