Las cinco cifras sobre pobreza infantil de las que se burla el PP

Las alarmas llevan sonando mucho tiempo, aunque muchos se empeñan en no escucharlas. Desde que a principios de año el  informe de Save The Children sobre pobreza infantil en Europa puso en la mesa datos muy preocupantes relacionados con la situación de casi un tercio de los niños y las niñas en España, el Partido Popular ha esquivado en no pocas ocasiones cualquier tipo de debate en torno a la cuestión apelando casi siempre al mismo argumento: no se puede hacer uso político de un problema tan grave.

El martes, durante el debate en el Congreso de los Presupuestos Generales del Estado, volvió a ocurrir. Esta vez, la mención al tema que hizo Pedro Sánchez en su discurso generó  un sonado «¡ohhh!» en la bancada popular del hemiciclo, al que le siguieron acusaciones varias de demagogia.

Los indicadores, las cifras, los presupuestos decididos por los Gobiernos retratan la realidad sobre la pobreza infantil más allá de lo que al partido del Gobierno le cueste admitir:

1. Uno de cada tres niños vive bajo el umbral de la pobreza relativa

Aunque la pobreza infantil ya era un problema estructural en España (la cifra no bajaba del 20%), la crisis ha disparado los números hasta extremos dramáticos. Entre 2006 y 2008 la tasa bajó ligeramente hasta situarse en el 26,2%, pero desde 2010 el porcentaje ha aumentado año tras año. Hasta 2014.

Hoy, 2.500.329 niños viven en España en hogares con ingresos por debajo d el umbral de pobreza relativa. O, lo que es lo mismo, un 29,9% de nuestra población infantil, según datos de Eurostat que recoge el informe sobre pobreza infantil de la ONG Save The Children presentado en enero. La cifra trepa hasta 2.826.549 si lo que se mide es el número de menores que están en riesgo de pobreza o exclusión social (33,8%).

Este miércoles, la propia ONG, que ha leído las reacciones de los diputados del PP ante el discurso de Sánchez como una falta de apoyo en la lucha contra la pobreza de los menores, ha enviado una carta al portavoz del Grupo Popular en el Congreso en la que manifiesta su preocupación ante la ausencia de reconocimiento político del problema en España.

«Los datos oficiales y las evidencias de quienes trabajamos día a día en esta realidad han fundamentado nuestra reivindicación sobre la necesidad de un acuerdo de Estado para la lucha contra la pobreza infantil. Este acuerdo debería implicar un firme compromiso de todas las fuerzas políticas y debe tener carácter urgente. Los niños no pueden esperar a la recuperación económica», demanda Andrés Conde, director general de la organización.

2. El segundo país con la tasa más alta de pobreza infantil de Europa

España es, según un  informe de Cáritas Europa, el segundo país de la Unión Europea con más menores afectados por circunstancias de verdadera necesidad, solo por detrás de Rumanía. Casi a la cabeza del continente en pobreza infantil, el documento define a la población española como una de las más afectadas por la crisis económica. Mientras la tasa de pobreza media entre los países miembros fue del 25,1% en 2012, la de España escaló hasta el 28,2%.

Unas cifras cuyo agravamiento señala directamente a las medidas de austeridad impulsadas por la UE: «Estas políticas han fallado a la hora de solucionar los problemas y generar crecimiento», afirmaba el secretario general de Cáritas Europa, el español Jorge Nuño, en la presentación de un informe muy contestado desde el Gobierno.

«Esto de que la pobreza se erradica con un poco más de presupuesto público está bien para las sociedades centralizadas», pero no para España. Fue la respuesta del ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, a unos datos que no dejaban en buena posición la política del Ejecutivo. Montoro también pidió a la organización responsable del informe que no provocara «un debate que no se corresponde con la realidad, la de una España que está superando la crisis con el esfuerzo económico y también con medidas de cohesión social».

3. La mitad de los estudiantes sin recursos repite curso 

La escasez de recursos afecta a todos los ámbitos de la vida de los menores. También a su rendimiento en la escuela. Los alumnos y alumnas en situación socioeconómica desfavorable tienen hasta tres veces más posibilidades de repetir curso en la educación obligatoria que el resto de estudiantes. Más de la mitad (53%) han pasado dos veces por el mismo nivel.

Así lo revela un  reciente informe de la OCDE del que se ha hecho eco el Instituto Nacional de Evaluación Educativa y que señala que los chicos y chicas de familias más pobres no sólo tienen más dificultad para alcanzar cierto nivel de competencias, sino que, a igualdad de competencias, están abocados a fracasar más en los estudios que otros compañeros de familias con ingresos más altos.

En estos casos, que en los últimos años se han multiplicado, la educación compensatoria es el bote salvavidas que puede rescatar a los menores de la exclusión social. Una balsa de emergencia ya tocada que está a punto de hundirse. La partida de educación de los Presupuestos Generales del Estado de 2015 dedicada a programas especiales de apoyo  es de 5,2 millones de euros. En 2014 fueron 70, lo que representa un recorte de más del 92%. En 2012 esa misma partida sumaba 169,8 millones.

4. Reducciones de hasta el 50% en becas de comedor y de libros

Las becas de libros y de comedor son recursos básicos para las familias con menos ingresos. A nivel nacional, las ayudas para la compra de libros de texto se han mantenido, con una ligera subida (de 64,2 a 64,7 millones de euros), para el año 2015, aunque en el curso 2012-2013 el presupuesto cayó a la mitad, de 130 a 64,2 millones. Los bocados presupuestarios tienen una traducción bien palpable: 700.000 estudiantes se han quedado sin beca desde 2010. Sólo en el último curso, los beneficiarios han pasado de casi un millón a 300.000.

A esto se le añade que no da igual dónde viva cada menor. Las comunidades autónomas tienen políticas distintas. Según la Confederacion Española de Asociaciones de Padres (CEAPA), Navarra y Andalucía tienen un modelo de gratuidad para todo el alumnado. Por su parte, Canarias, Castilla y León, Extremadura y Galicia, un sistema de reutilización mixto. Aragón, Cantabria,  Castilla La Mancha y Murcia otorgan ayudas.

Fuera de esta clasificación se encuentra Madrid, que asigna un presupuesto a cada centro escolar con el que se compran lotes de libros (reutilizables) para repartir entre las familias más desfavorecidas, aunque no siempre llegan a todas. Antes, se entregaba un cheque canjeable por cada niño para que fueran las propias familias las que adquirieran los materiales escolares.

Si hablamos de ayudas para comedor, también muy diversas en función de la comunidad autonóma, el panorama no es mucho más alentador. En la Comunidad de Madrid, por ejemplo, el Gobierno de Ignacio González (PP) ha congelado en 2014 el presupuesto destinado a estas becas y en dos años el hachazo a estas ayudas ha dejado en la mitad los alumnos apoyados para su alimentación al pasar de 120.000 alumnos a alcanzar solo a 52.000, según los sindicatos. El presupuesto reservado para apoyar a las familias con más necesidades se ha reducido un 50& desde 2011: de 32 millones de euros a 16.

Además, desde ese mismo año, todas las familias madrileñas están obligadas a pagar al menos una cuota reducida para que sus hijos coman en la escuela. La gratuidad no llega ni siquiera a los casos más extremos: los hogares que sobreviven con la Renta Mínima de Inserción (375 euros) y que deben abonar 1,20 euros diarios por cada menú.

Esos hogares pueden afrontar a duras penas un largo verano sin ayudas para que sus hijos mantengan una alimentación equilibrada. Por eso, la Defensora del Pueblo, Soledad Becerril, recomendó a las comunidades autonómas que durante los meses estivales mantuvieran operativos los comedores de los colegios para proveer al menos de una comida completa a los niños y niñas con menos recursos. Una propuesta que fue negada sistemáticamente por el Partido Popular en muchas de las autonomías en las que gobierna para «no estigmatizar» a los menores.

5. Un presupuesto desinflado para infancia y protección social 

En términos más generales, el presupuesto dedicado a infancia no es tampoco para tirar cohetes: las partidas han caído en un 14,5% entre 2010 y 2013, según datos de Unicef. Además, España invierte en políticas de protección a la infancia y la familia casi la mitad que la media europea: un 1,4% del PIB frente al 2,2% de nuestros vecinos comunitarios. Así, el gasto per cápita es de 270 euros frente a los 510 de la Unión Europea.

Una inversión estatal que choca de frente con un escenario de crisis que impacta con más dureza en los hogares con hijos a cargo. Según las estadísticas de Unicef, mientras que la tasa de pobreza en familias con dos adultos sin hijos era de un 14,8% en 2013, la de hogares con uno o más hijos ascendía hasta el 23,3%. El índice de pobreza se eleva para los núcleos monoparentales  hasta el 38% y para las familias numerosas  hasta el 46,9%. Es decir, en las casas donde hay hijos e hijas, la necesidad económica se va agravando según desaparece el poder compensador del estado.

España además se va quedando rezagada respecto a su entorno. El porcentaje del PIB español dedicado a políticas de protección social es del 25,19%, 3,7 puntos por debajo de la media de la Unión Europea. España invierte actualmente 17 millones de euros (repartidos entre las comunidades autónomas) en combatir la pobreza infantil en el marco de un plan de inclusión social impulsado por el Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad y aprobado en diciembre.

Una cantidad que, a juzgar por la situación de desigualdad actual, no es suficiente. España se sitúa, según un  estudio de la fundación Bertelsman Stifing, a la cola de la igualdad social en Europa: ocupa el puesto 21 de los 28, solo por delante de los países del este (Hungría, Bulgaria, Romanía), Italia o Grecia.