Cuando una herramienta legal entroniza los monopolios
Desde el año 2000 y por aprobación de la Asamblea General de las Naciones Unidas, se instauró el 26 de abril como Día Mundial de la Propiedad Intelectual, para conocer la función que desempeñan los derechos de propiedad intelectual (PI) en el fomento de la innovación y la creatividad.
Los derechos de propiedad intelectual incluyen derechos de autor, patentes, derechos de diseño industrial, marcas comerciales, derechos de variedades vegetales, imagen comercial, indicaciones geográficas, y en algunas jurisdicciones secretos comerciales. También hay variedades más especializadas o derivadas de derechos exclusivos sui generis, como los derechos de diseño de circuitos (llamados derechos de trabajo de máscara en los EE. UU.), certificados de protección suplementarios para productos farmacéuticos (después de la expiración de una patente que los protege) y derechos de base de datos (en Derecho europeo).
En el caso de los derechos de autor se trata de uno de los derechos humanos incluidos en la Declaración Universal de los Derechos Humanos, al reconocer los derechos morales y patrimoniales que la ley concede a los autores (los derechos de autor), por el simple hecho de la creación de una obra literaria, artística, musical, científica o didáctica, esté publicada o inédita.
En el caso de las patentes es un conjunto de derechos exclusivos concedidos por un Estado al inventor de un nuevo producto o tecnología, susceptibles de ser explotados comercialmente por un período limitado de tiempo, a cambio de la divulgación de la invención. El registro de la patente constituye la creación de un monopolio de manera artificial, y se enmarca dentro de la propiedad industrial, que a su vez forma parte del régimen de propiedad intelectual.
La propiedad industrial otorga dos tipos de derechos: el primero es el derecho a utilizar la invención, diseño o signo distintivo, y el segundo es el derecho a prohibir que un tercero lo haga. El derecho de prohibir (Ius prohibendi) es la parte más destacada de la propiedad industrial y permite al titular del derecho el solicitar el pago de una licencia, también llamada regalía o royalty.
Los dos acuerdos internacionales de mayor peso sobre la propiedad industrial son el Convenio de París para la Protección de la Propiedad Industrial de 1883 y el Acuerdo sobre Derechos de la Propiedad Intelectual relacionados con el Comercio de 1994, éste último que además sirvió de base para crear la Organización Mundial de Comercio (OMC).
Aunque el discurso oficial indica que con la protección a la propiedad industrial se apuntó desde su origen a estimular la creatividad de las empresas y de los particulares, en la práctica la legislación de patentes ya existía en los sistemas coloniales desde el siglo XV como mecanismos (que abiertamente discriminaban a las colonias en relación a la metrópoli) de concesión y protección para el uso de tecnologías.
En muchas colonias se establecieron regímenes de patentes complementarios al sistema metropolitano de patentes; eran un instrumento de política tecnológica con el objetivo de establecer nuevas industrias, pero también eran modelos económicos en donde se daba énfasis al mercantilismo, para justificar una explotación más eficaz de las riquezas de los pueblos colonizados, con una mentalidad extractivista y monopólica. Al enfatizar en el liberalismo económico, se buscaba erradicar las restricciones comerciales e industriales.
Por ejemplo, en muchos países existían las patentes de introducción, también llamadas de importación, que era una modalidad de protección reconocida en España y sus territorios de ultramar. El objetivo de esta legislación era favorecer la imitación de tecnologías extranjeras, independientemente de que el solicitante de la patente fuera o no el inventor original.
Hoy en día, el cobro de licencias de uso por las patentes sigue siendo un dispositivo colonialista extractivista que sirve para perpetuar el robo y el encarecimiento artificial de procesos productivos, por la inversión en un conocimiento o propiedad industrial cuyo pago está ampliamente cancelado. El colonialismo territorial y nacionalista de la modernidad ha desembocado en un colonialismo posmoderno, global y desterritorializado.
Iniciando el siglo XXI se comenzó a definir una abrumadora concentración de riqueza en unos pocos multimillonarios, la gran mayoría legalizada por las instituciones de propiedad industrial e intelectual. Por medio de numerosos organismos internacionales se han emprendido campañas, presiones y guerras para obligar a los países en desarrollo a respetar sus copyrights y los sumisos gobernantes lanzan campañas para amedrentar o amenazar con penas de cárcel al potencial usuario de software no registrado o al posible espectador de un disco o de un video copiados sin permiso.
En realidad, la propiedad industrial es un arma jurídica que tiene nefastos resultados porque solo sirve para esquilmar cada patente, encareciendo su uso o consumo y frenando el desarrollo de nuevo conocimiento. Por ejemplo, en el sector de las nuevas tecnologías, es común que las patentes sirvan ante todo para alimentar onerosas batallas legales. Esto sin que se trate de ninguna innovación, sino simplemente de obtener un arma jurídica para fulminar a los rivales. En el 2012 Google compró Motorola Mobility por 12.500 millones de dólares a fin de echar mano a sus muy numerosas patentes. En la prensa especializada se decía que el gigante de internet se interesaba en tal tesoro sólo en la medida en que podría servirle en eventuales juicios contra sus competidores.
Gigantescas corporaciones tecnológicas (como Apple, Samsung, Microsoft o Google) se atacan mutuamente en forma regular, por violación de patentes, ante cada lanzamiento de un nuevo producto. Así, obtienen de parte de jueces mandatos conminatorios y así retardan hasta varios meses la comercialización del nuevo producto: un tiempo precioso para intentar apoderarse de interesantes porciones de mercado. La compra de Motorola Mobility por parte de Google le permite recuperar terreno en la carrera por las patentes, debido a que tenía muchas menos patentes que sus competidores.
Uno de los ejemplos más emblemáticos del robo que significan las patentes lo muestra Microsoft, una corporación que nació con la adquisición de la licencia del Sistema Operativo DOS, que dio origen a Windows y a numerosísimos programas en ese ecosistema tecnológico, como MS Office, .Net y SQL, Skype, Visio, y otros (como Xbox, Surface, etc.), muchos de los cuales más que desarrollados han sido adquiridos gracias a su poder económico. Muchos de sus productos han nacido como “software beta” (conocidos así en informática por no estar acabados), para ser pioneros y posicionarse en sus mercados y cada actualización o mejora implica numerosas nuevas patentes y licencias, generando caducidad sobre las anteriores versiones. Microsoft tiene en sus planillas alrededor del mundo más abogados y equipos dedicados al cobro de sus licencias, que personal involucrado en el desarrollo de nuevos productos.
La mayoría de las invenciones en la actualidad no requiere ninguna protección específica. Solo con estar en el origen de una innovación, en un dominio de actividad en pleno crecimiento, ofrece suficientes ventajas (como el progreso rápido bajo la curva de aprendizaje y otros factores) como para que no sea necesario añadirles un monopolio jurídico, pero aun así hay obvios y gigantescos intereses para que no se discuta sobre otros posibles y nuevos mecanismos alternativos para estimular la creatividad.
Beneficiarse de su condición monopólica ha favorecido a numerosas corporaciones en muchos sectores económicos, promoviendo el oportunismo y violando el más mínimo sentido ético de valor social. Y como todo en el sistema capitalista, cuanto más importantes son las ganancias que generen, más voraz y corrupta es su actuación competitiva y más fuerte es el daño que generan a los productores y usuarios, aprovechándose de una legalidad totalmente cuestionable, afectando la privacidad y libertad de otres.
En el mundo hay numerosos movimientos contra la propiedad intelectual, tales como los Movimientos de Software Libre y de Partidos Pirata (que celebran el 26 de abril como el día mundial para compartir archivos) y hasta el mismo Movimiento Humanista que considera que no pueden permitirse intereses creados que subyugan a las personas, sociedades y pueblos enteros, nada más que por su afán despiadado por acumular capital.
Las gigantescas corporaciones se apoderan, por medio de patentes, de especies vegetales ancestrales, genomas humanos, tecnologías tradicionales y hasta de las manifestaciones culturales en las que ha confluido el trabajo (muchas veces gratuito y desinteresado) de numerosos individuos a lo largo de generaciones. Un caso emblemático fue el de la International Plant Medicine Corporation, con sede en Estados Unidos, quien obtuvo una patente estadounidense de variedad vegetal de una planta sagrada de la Amazonía: la «ayahuasca»; recoger una planta de un huerto familiar de Ecuador fue suficiente para tal latrocinio.
Emporios corporativos como Monsanto, Disney o Sony, por nombrar sólo algunos de los más destacados en diversos campos, han registrado conocimientos tradicionales de los pueblos o se han aprovechado para adueñarse de conocimientos que históricamente pertenecían a los miembros de sociedades y culturas. El caso de las patentes farmacéuticas es tan grave que lo trataremos en otro posicionamiento.
Muchas veces se utiliza para explicar el tema de las patentes con el caso de Francis Drake, quien tenía dos títulos aparentemente contradictorios: 1) tenía un título honorífico por parte de la corona británica, en reconocimiento de sus heroicas hazañas en el mar y es considerado un destacado héroe por esto, mientras 2) no era más que un pirata que se dedicaba a saquear barcos que transportaban las riquezas extraídas de América. O sea que el título de Sir y el de pirata estaban motivados en los mismos hechos, estaba autorizado por la corona británica para cometer actos de piratería (y así asaltar y saquear los buques españoles, por lo que eran empresarios, conocidos como corsarios o “privateers” y tenían lo que se denominaba una “patente de corso”) y los transportistas españoles se asumían como víctimas de la acción ilegal corsaria.
Así como la patente de corso era el privilegio concedido para apropiarse por la fuerza de lo ajeno, la patente de invención en la actualidad es la autorización para apropiarse de parte de la propiedad ajena, a través del privilegio que da la titularidad sobre una idea. Lo que convierte a un delincuente en un héroe es la calificación legal que se le da.
Por último, es necesario destacar que la mayoría del gasto mundial en ciencia básica es financiado por los Estados y por lo tanto con los aportes de toda la sociedad. Las ciencias básicas son las ciencias fundamentales que no tienen fines prácticos de coyuntura, pero son las que más amplían el conocimiento humano.
Estas ciencias esenciales han sostenido la dinámica de la ciencia en todas las épocas y en todos los tiempos. Como no dan beneficios de corto plazo, el sector privado elude invertir en estos desarrollos y sus operadores quedan a la espera de ver el modo de hacerse de esos conocimientos una vez que los trabajos en ciencias básicas obtienen aplicaciones prácticas para la producción, las comunicaciones, los avances en lo biológico, lo social, etc.
Cuanto más influenciado está un Estado por el accionar de las corporaciones del para-estado privado, más parasitismo genera ese sector sobre el sector público, apropiándose de los resultados prácticos de investigaciones que financia el conjunto de la sociedad.
El Partido Humanista Internacional considera que los niveles exagerados de protección actual de algunas formas de propiedad industrial, no se pueden sustentar en la teórica función de incentivar la innovación. Los avances en el campo del conocimiento que hoy forman parte del estado actual de las ciencias, son producto del desarrollo acumulado por el género humano, a lo largo del proceso histórico de nuestra especie, con aportes de diversas culturas, no solo de la cultura occidental. El incentivo central actual del lucro que demandan unos pocos debe evolucionar hacia el incentivo por aportar al beneficio de construir sociedades donde la felicidad y la libertad sean construcciones de los conjuntos humanos.
Equipo de Coordinación Internacional
Federación de Partidos Humanistas
16 de Agosto 2021
