La comunidad Wayuu, en medio de la celebración del día de los Pueblos Indígenas, llama la atención ante las múltiples carencias que viven a diario y el olvido estatal al que son sometidos.
Por: Alfredo González
Püchijiiraa´ma jouya jünain asaaja wüin, que en español traduce “despierta, vamos a buscar agua” le dice Samuel a su hermano Pablo, dos niños indígenas Wayuu de 10 y 9 años de edad respectivamente.
Ambos niños, todos los días deben levantarse entre 4 y 5 de la mañana para emprender un largo recorrido de 8 kilómetros, con el fin de abastecerse en el único pozo artesanal de agua salobre con el que cuenta su territorio, y que ha resistido a la fuerte sequía que afecta en estos días a la Guajira.
Pablo, aún con sueño, es obligado por Samuel a hacer lo mismo que hacen todos los días desde que tienen uso de razón. Sin embargo es una actividad a la que no logran acostumbrarse. Dispuestos con los envases y acompañados de su abuela y su burro Matuna inician lo que se ha convertido en un rito obligatorio para cientos de niños y familias Wayuu, quienes subsisten en medio de la pobreza multimodal, pues según el DANE, esta población indígena tiene más de 149.827 personas que habitan en la zona fronteriza entre Colombia y Venezuela.
Esta situación cotidiana en el municipio de Uribía, Guajira, considerado la capital indígena de Colombia, ilustra las enormes brechas que se viven en estos territorios y que con la pandemia de la Covid-19 hoy son más evidentes y dramáticas.
Además, la falta de acceso a los alimentos, la salud, la educación y los servicios básicos son otras dificultades que los pueblos indígenas deben enfrentar, al tiempo que disminuye su calidad de vida y los deja en situación de pobreza y marginación. Por esta razón urge la necesidad de implementar acciones conjuntas entre el gobierno nacional, departamental, municipal, organismos de cooperación internacional, líderes indígenas y autoridades tradicionales, y población en general que permitan garantizar los derechos humanos fundamentales.
Así, en medio de las dificultades que atraviesan las poblaciones nativas, Samuel, Pablo y su abuela, junto a otras decenas de familias Wayuu en todo el extenso territorio de la Guajira, no escapan de la alta probabilidad de contagio del virus de Covid-19, de la muerte, la desnutrición y la desesperanza.
De regreso a su humilde vivienda, Samuel y Pablo deben esperar que su abuela prepare chicha con el último reducto de granos de maíz que un familiar logra enviar mensualmente desde Bogotá, producto del pésimo sueldo que obtiene trabajando como empleada, en una casa de la capital colombiana
Sin acceso a la educación de calidad, los niños en la Guajira como Samuel y Pablo esperan que caiga la noche para encontrarse nuevamente, al amanecer, en el camino tras la búsqueda del vital líquido que les garantiza vivir sin esperanzas.
Ilustración: Carlos Alcázares (Artista)
Los Pueblos Indígenas podrían desaparecer
El Fondo para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas de América Latina y el Caribe (FILAC), en su último informe resaltó quela población indígena supera los 45 millones de personas. De estas comunidades, un alto porcentaje presentan una “alta fragilidad”, pues están en peligro de “desaparición física o cultural”, y todas se encuentran en situación de extrema dificultad. Según este organismo de la ONU:
La propagación de la Covid-19 ha exacerbado y seguirá exacerbando una situación ya crítica para muchos Pueblos Indígenas: una situación en la que ya abundan las desigualdades y la discriminación. El aumento de las recesiones a nivel nacional y la depresión mundial agravarán aún más la situación, causando un temor de que muchos indígenas mueran, no sólo por los virus en sí, sino también por los conflictos y la violencia vinculados a la escasez de recursos, y en particular de agua potable y de alimentos.
Pese a los grandes avances que en materia jurídica y de derechos humanos que se han alcanzado en los últimos tiempos, distintos acuerdos que se han establecido desde el 23 de diciembre de 1994, año en que se celebró el Decenio Internacional de las Poblaciones Indígenas del Mundo, donde se designó el 9 de agosto como el Día Internacional de los Pueblos Indígenas, con el objetivo de alertar a los gobiernos y a la comunidad internacional para que desarrolle acciones conjuntas y sostenibles. Así se garantizará la dignidad, el bienestar y las libertades fundamentales de los grupos indígenas, hoy considerados unos de los más vulnerables del mundo.
Los Wayuu no celebran el 9 de agosto
Las comunidades Wayuu de Uribía no festejan el 9 de agosto, ya que no reviste importancia y valor alguno, debido a los retos y desafíos que significa para esta comunidad indígena poder acceder al agua potable diariamente, o a los servicios de salud e instalaciones sanitarias adecuadas con productos de higiene.
También, los Wayuu deben enfrentar obstáculos para poner en práctica sus tradiciones, usos y costumbres, ya que a pesar de ser reconocidas en la legislación, no en todas las ocasiones son respetadas por el Estado, quien no propende por su conservación y desatiende las demandas de los Pueblos Indígenas.
Otra de las problemáticas que deben afrontar los pueblos indígenas es el despojo territorios, que siguió su curso durante la pandemia, especialmente a través de la militarización, la incursión de corporaciones y poderosas transnacionales por vías administrativas, las cuales son generadoras de violencia e inseguridad entre los miembros de las comunidades.
A esto se suma la presencia de bandas criminales organizadas y de grupos armados que violan los derechos colectivos a las tierras y recursos tradicionales propios. Estos últimos representan una herencia sagrada dada por la madre tierra a las comunidades indígenas.
No obstante, la extracción y la minería realizada por las transnacionales son las formas más dramáticas para seguir el camino hacia el despojo de los territorios indígenas; sin mencionar todas las consecuencias colaterales que esto ocasiona en el sistema de vida propio de los pueblos nativos.
Por esta razón, la comunidad Wayuu hace un llamado a sus hermanos “a avanzar, y a crear propuestas alternativas que permitan desde todos los sectores asumir roles en respuesta a los documentos, tratados, leyes, sentencias y convenios que jurídicamente otorgan garantías para enfrente las circunstancias que viven. Y convertir el 9 de agosto, en el día donde los pueblos indígenas levanten su voz en un ensordecedor grito para que los actores que ostentan el poder político se vean obligados a garantizar los Derechos de los habitantes primigenios de Colombia”.