Georgina Orellano, secretaria general de la Asociación de Mujeres Meretrices de la Argentina (AMMAR), afirma que «la pandemia ha puesto de manifiesto la desigualdad» en la sociedad y ha agudizado los problemas de las trabajadoras sexuales. Afirma que el trabajo sexual, que no está reconocido en Argentina, se ha vuelto más precario.
Aunque en América Latina muchos países no tienen una legislación que penalice el trabajo sexual, la falta de un marco legal al respecto se presta a todo tipo de abusos. Según una investigación publicada por la Red de Mujeres Trabajadoras Sexuales de Latinoamérica y el Caribe, «la aplicación de las leyes es interpretativa y discrecional» lo que se traduce en recurrentes violaciones de los derechos de las trabajadoras, como detenciones arbitrarias; torturas y tratos crueles, inhumanos y degradantes; discriminación en el acceso a la atención sanitaria; y desigualdad de trato en los sistemas judiciales.
Las organizaciones multilaterales han pedido respuestas inclusivas para amortiguar el impacto del COVID-19. Dichas políticas no deben descuidar a los trabajadores que son criminalizados, como las trabajadoras sexuales. No hay nada inclusivo en las políticas que han adoptado los Estados. «Si tenemos algo que celebrar de la pandemia», me dice Orellano, «es que nos dejó claro -a nosotras mismas- que la única manera de salir de este tipo de contexto es fortalecer la sindicalización».
La Organización de Mujeres Trabajadoras
Para los movimientos laborales de la mayoría de industrias, suele haber un objetivo claro contra el que los trabajadores se organizan, como los propietarios de las empresas o los directores de las fábricas. Pero en el contexto de un sindicato de trabajadoras sexuales, ¿quién ocupa el lugar de un jefe: el cliente o el Estado?
«El jefe histórico de nosotras», me dice Orellano, «fue durante mucho tiempo la policía». Pero Orellano es consciente de que la policía, a su vez, desempeña un papel como agente del mercado. Es la policía la que trabaja de facto para regular el mercado del trabajo sexual. AMMAR se formó en los años 90 para responder al deseo de acabar con «la lógica naturalizada en nuestro colectivo de tener que pactar económicamente con la policía para poder trabajar», dice Orellano.
«Lo que el Estado no regula», explica, «lo regula el mercado». El mercado, para las trabajadoras sexuales, está enmarcado por el hecho de la criminalización de estas. Como las trabajadoras sexuales «carecen de reconocimiento y derechos, surgen mercados que prosperan gracias a nuestra precariedad», afirma Orellano.
Venciendo el miedo a organizarse
AMMAR nació a partir de las primeras marchas organizadas en Argentina para reclamar los derechos de las trabajadoras sexuales. Durante estas marchas, era habitual que las trabajadoras asistieran con pelucas o gafas de sol oscuras de gran tamaño. En las entrevistas con los medios de comunicación, las trabajadoras sexuales pedían a los productores de televisión que distorsionaran sus voces, que mostraran sólo sus manos pero no sus rostros, o que dieran la entrevista de espaldas a la cámara. Todo esto, me explica Orellano, era «para que la familia no supiera que la persona que hablaba, defendiendo los derechos de las trabajadoras sexuales, era su madre, su hija o su vecina».
Orellano afirma que la vergüenza, el encubrimiento y el silenciamiento son subproductos desafortunados de los prejuicios contra la industria. «Básicamente», dice, las trabajadoras sexuales no pueden organizarse de forma eficaz cuando se ven obstaculizadas por la sensación de «no poder decir de verdad [a la gente] de quién eres [cuando te manifiestas o hablas con los medios de comunicación], por miedo a ser condenada al ostracismo por tu comunidad».
El enfoque de AMMAR es luchar contra la automarginación de las trabajadoras sexuales. La exigencia de salir de las sombras abrió varias puertas. En primer lugar, las animó a superar el estigma asociado a su trabajo, en segundo lugar, les permitió avanzar hacia la sindicalización y en tercer lugar, obligó al Estado a garantizarles que tienen derechos y que éstos no se violan: «a aceptar que somos un grupo existente», dice Orellano, y a garantizar «que no sólo no se violen nuestros derechos como trabajadoras sexuales, sino, básicamente, que no se violen nuestros derechos como ciudadanas».
La Pandemia y el Trabajo Sexual.
Las restricciones impuestas por los gobiernos para frenar el avance del COVID-19 son una amenaza directa para la posibilidad de trabajar en la calle. Las cuarentenas, la distancia física y las restricciones horarias -entre otras medidas- han reducido las posibilidades de subsistencia para las trabajadoras sexuales. Muchas se han volcado hacia el mundo virtual, pero las que han seguido trabajando en la calle -ya sea por sus propias preferencias laborales o por las diferencias tecnológicas y/o generacionales- han sufrido la violencia institucional.
Ante esto, AMMAR tuvo que responder, para «ocupar el papel del Estado ausente», en palabras de Orellano. La organización se ha centrado en establecer códigos de autorrespeto para el trabajo sexual en espacios públicos. Y también en construir redes de apoyo psicológico y económico, que se necesitan con urgencia ante el creciente número de mujeres que no saben si podrán pagar el alquiler o alimentar a sus hijos cada mes.
Aunque cumplan con las medidas sanitarias básicas, se trata de un trabajo que implica un contacto estrecho. Hay mucho miedo al COVID-19 entre los clientes. Algunos esperan a recibir las vacunas antes de reanudar el contacto; muchos de ellos también han perdido su trabajo o sus ingresos como consecuencia de la pandemia, por lo que regatean constantemente las tarifas. «Este es un hecho», me dice Orellano, «que no diferencia entre las que trabajamos virtualmente o las que trabajan en la calle».
Reconocimiento Político.
El hecho de que las trabajadoras sexuales sean las que han apoyado a sus compañeras para sobrevivir a la pandemia ha reforzado la conciencia dentro de este sector laboral acerca de la importancia de la agencia política y la organización colectiva, concluye Orellano. AMMAR forma parte de la Central de Trabajadores de la Argentina (CTA). Uno de los logros más importantes que han tenido en los últimos años, desde la perspectiva de Orellano, ha sido el reconocimiento de las trabajadoras sexuales dentro de los ámbitos de organización política y laboral.
«Durante la pandemia, nuestra organización ha hecho todo lo que tenía que hacer como sindicato y mucho más», afirma Orellano. «Hemos dado absolutamente todo para que nuestras compañeras puedan subsistir y atravesar la pandemia en igualdad de condiciones que el resto de la población». Esto ha sido posible gracias a los esfuerzos de este sector laboral por articular con los gobiernos locales y centrales el reconocimiento de la agencia política de las trabajadoras sexuales.
«El avance de la ampliación de derechos -es decir, de la visibilización de nuestros reclamos- ha generado mucha violencia por parte de algunos sectores», agrega Orellano. «Pero también, recibimos mucha solidaridad de otros sindicatos, y de organizaciones sociales, feministas y partidarias que nos tendieron la mano para [estar] con las putas».
Este artículo fue producido por Globetrotter.
Taroa Zúñiga Silva es colaboradora de redacción y coordinadora de medios en español para Globetrotter. Es coeditora junto a Giordana García Sojo de Venezuela, Vórtice de la Guerra del Siglo XXI (2020) y miembro de la Secretaría de Mujeres Inmigrantes en Chile. También es miembro de la Mecha Cooperativa, un proyecto del Ejército Comunicacional de Liberación.
Traducido al español por Nathaly S. Peñaloza P.
