El pronunciamiento ocurre después del polémico desacato de una resolución judicial por parte del órgano legislativo.
La Sala Plena de la Corte Suprema de Justicia de Perú le ha recordado a los funcionarios del Congreso de ese país que, por mandato constitucional, las decisiones judiciales «son de obligatorio cumplimiento» y en ese sentido, «los altos funcionarios del Estado» tienen «una doble responsabilidad».
La postura de la justicia peruana se dio a conocer en un comunicado emitido por la institución. Esta reacción ocurre tras a la polémica que inició el Congreso de ese país el pasado miércoles, cuando decidieron emprender el proceso de designación de los jueces para el Tribunal Constitucional (TC), a pesar de que un fallo judicial ordenaba suspender esa tarea.
La justicia peruana ha considerado, previamente, que la ampliación del periodo ordinario de sesiones del Congreso es un proceso irregular, razón por la que las postulaciones de nuevos jueces estaría viciada, «por falta de transparencia y motivación al momento de calificar a los postulantes».
Asimismo, destacó que la Sala Plena, como «máximo órgano de deliberación del Poder Judicial», tiene la facultad para resolver cualquier «discrepancia» con las decisiones judiciales a través de «los cauces democráticos y constitucionales».
De igual forma, la Sala Plena también acotó que su deber es «afianzar el Estado constitucional de derecho, la seguridad jurídica y la separación de poderes como pilares de la democracia representativa», razón por la que exhortó «a las instituciones y a la ciudadanía», a respetar «los mandatos emanados de la administración de justicia».
La decisión del Congreso también ha sido cuestionada por el equipo del virtual presidente electo, Pedro Castillo, y por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).
