por Redacción Criterio.hn
Tras el fallo que declara culpable como coautor de asesinato al presidente ejecutivo de la empresa Desarrollos Energéticos S.A. (DESA) Roberto Castillo, el Ministerio Público anunció en un comunicado que la causa de Berta Cáceres sigue abierta y que trabaja para identificar a otros autores intelectuales.
“Se reitera que la presente causa aún sigue abierta y se trabaja en identificar otros autores intelectuales involucrados en el asesinato”, dice el comunicado del ente acusador.
“Esperamos que se abran más procesos contra las autorías intelectuales, contra la familia Atala Zablah que eran los dueños y accionistas de esta empresa”, dijo Tras el fallo contra Castillo, la hija de Cáceres, Laura Zúniga.
El Ministerio Público calificó como histórico el fallo de culpabilidad dictado este lunes por un Tribunal de Sentencia contra el ejecutivo de DESA.
Indicó que “de la prueba evacuada en el debate, durante dos meses, la Sala I del Tribunal de Sentencia con Jurisdicción Nacional consideró que la extracción y vaciado de información en dispositivos celulares” de Castillo y otros involucrados fueron lo suficientemente reveladores para establecer que el ejecutivo de DESA “ordenó la muerte de Cáceres como parte de un plan para eliminar cualquier obstáculo que interfiriera con las operaciones” de esa empresa sobre el río Gualcarque, territorio ancestral del pueblo indígena.
El comunicado señala también que al lograr concatenar el cruce de mensajes y llamadas entre Castillo y Geovanny Bustillo, condenado por el crimen, y a su vez las comunicaciones de este con otros condenados, la Fiscalía Especial de Delitos contra la Vida “demostró la responsabilidad del ejecutivo en este asesinato perpetrado el 3 de marzo de 2016 en la casa de la ambientalista en la Residencial El Líbano, en La Esperanza, Intibucá, en el occidente de Honduras.
El mensaje resaltó que la prueba científica y de índole documental y testifical fue recabada por un equipo multidisciplinario integrado por la Fiscalía Especial de Delitos contra la Vida (FEDCV), la Fiscalía Especial de Etnias y Patrimonio Cultural, la Agencia Técnica de Investigación Criminal (ATIC) y la Dirección General de Medicina Forense.
Por este caso, el 29 de noviembre de 2018 fueron condenados a penas de entre 30 y 50 años el gerente de DESA Sergio Rodríguez , el exmilitar Douglas Bustillo, el mayor del Ejército Mariano Díaz, Oscar Torres, Elvin Rápalo, Edilson Duarte y Henry Hernández.
El juicio duró cinco semanas y se presentaron más de cien pruebas, entre testimoniales y científicas, que demostraron la participación de los siete imputados antes, durante y después del asesinato.
Así mismo, la ATIC procesó al investigador Juan Carlos Cruz y al expolicía Miguel Rosales por presentar pruebas falsas para tratar de desviar el caso durante las primeras pesquisas sobre el crimen de la ambientalista.
