Por Cristian Salinas Herrera*

Resultado un atentado al sentido común, y sobre todo para quienes hemos estado en la trinchera electoral parlamentaria, evidenciar el desparpajo con que los integrantes del club de políticos privilegiados, como lo son los
candidatos de la derecha y –según rigidez de rostro- de la concertación, se desentienden del origen de los recursos
con los cuales levantaron sus millonarias campañas que les permiten hoy mirar el paisaje desde los sillones del
poder. Tal como si todos y todas los chilenas y chilenas creyeran aún en Papá Noel, tienen la capacidad de pararse
frente a las cámaras y decir que los aportes reservados son efectivamente eso, reservados, y que desconocen quién
pudo ser el alma caritativa digna de beatificación que, por el pulcro sentido de la convicción, abrió su billetera y desembolsó cien millones de pesos para que difundan sus ideas al viento y logren un escaño parlamentario.

Carerrajismo puro.

Más allá de la ironía, es relevante detener la discusión política por un momento para revelar una verdad indesmentible: el capital es el principal determinante de la correlación de fuerzas parlamentarias en nuestro país.

Más claro aún: es el presupuesto de campaña el factor que determina, casi linealmente en cada distrito, quiénes
son los personajes que alcanzan el éxito. A nivel país, en esta última elección parlamentaria sobran los dedos de
una mano para contar los casos que rompen esta perversa tendencia. Sólo para ejemplificar, en el distrito donde yo “competí”, las candidaturas, ordenadas de mayor a menor, presentaron declaraciones de gastos ante el SERVEL por los siguientes montos:

1 – Ramón Barros UDI $ 54.935.036
2 – Sergio Espejo DC $ 52.178.500
3 – Aníbal Pérez PPD $ 21.793.620
4 – Romina Fernández RN $ 16.373.254
5 – Washington Araneda Progresista $ 2.303.868
6 – Cristian Salinas Humanista $ 1.918.400
7 – Héctor Littin Progresista $ 737.800
8 – Eduardo Tobar Humanista $ 600.000

Es importante destacar que es justamente esta información la que está en cuestionamiento, pues si bien, ya es
posible hacerse una idea de las inmensas diferencias que existen a la hora de planificar una campaña, aún quedan muchos recursos que no son declarados ante el SERVEL, tal como se explicitó a través del escándalo Penta, y también a través del propio sentido común de la ciudadanía que observa campañas que sobrepasan largamente los presupuestos antes mencionados.

Un ejercicio simple es observar el resultado de este gasto electoral, es decir, la cantidad de votos obtenidos por cada candidatura.

1 Ramón Barros UDI 20.659 votos
2 Sergio Espejo DC 16.869 votos
3 Aníbal Pérez PPD 15.195 votos
4 Romina Fernández RN 5.674 votos
5 Cristian Salinas Humanista 2.306 votos
6 Washington Araneda Progresista 1.841 votos
7 Héctor Littin Progresista 932 votos
8 Eduardo Tobar Humanista 888 votos

Es posible observar que la correlación es casi perfecta, es decir, a mayor gasto, mayor votación. Con la sola
excepción de mi candidatura que sube un lugar –obtuve 465 más votos que el candidato Araneda, pese a gastar un 20% menos-, el resto de candidatos cumple con la norma, demostrando la escasa competitividad de los sectores con menor posibilidad de obtener financiamiento extra fiscal para desarrollar una campaña. Se traduce esto en la sobreexposición de ciertas campañas, en desmedro de la invisibilización de otras. El lector podrá evidenciar entonces la subordinación de la política ante el dinero, pues se deja en manos del capital la composición y correlación de fuerzas parlamentarias de todo un país. Los políticos tradicionales, sus partidos y el empresariado chileno conocen el negociado, lo practican y utilizan a su favor desde siempre. Pueden armar hasta bancadas que representan ciertas industrias, gremios o empresas en particular. Es la base de la crisis de representación del parlamento, además.

¿Propuestas para superar esta patética situación? Reconociendo la imposibilidad de transparentar completamente
el gasto, puesto que no existe posibilidad de evitar que privados financien campañas, se debiera avanzar en la reducción de gastos electorales. En primer lugar, el Estado no debiera financiar gastos particulares de cada
candidato/a: actualmente se financian estatalmente, y en proporción a los votos recibidos, panfletos, palomas,
difusión radial, televisiva y de prensa, etc. Es así como por ejemplo, un candidato recibe financiamiento estatal que alcanza para dos horas diarias de radio y a otro candidato, sólo para un par de spots. ¿No es mejor que el
Estado financie “cadenas radiales” e insertos de prensa con un reparto igualitario de tiempos y espacios para cada
candidato/a?

Segundo, eliminar la publicidad estática, que sólo afea los entornos y genera las principales diferencias sustentadas en los desiguales presupuestos. Tercero, eliminar los regalos como lentes y otros elementos, con castigos asociados a la pérdida de la calidad de candidato/a para quien incumpla estos requisitos.

Todas estas medidas permitirán emparejar en algo la cancha y avanzar a un estado de cosas donde sean las
propuestas las que hagan la diferencia en la decisión de voto, y no el tamaño de la billetera.

*humanista y ex candidato a diputado en el Secano Costero de la Región de O’higgins