Por Miguel Salas y Daniel Raventós
No podía sorprender el informe de la Sala Segunda del Tribunal Supremo contraria a los indultos. No se podía esperar otra cosa de los mismos que con espíritu personalmente vengativo y políticamente ultrareaccionario los juzgaron y condenaron. La particularidad, y no es la primera vez, es que la resolución entra directamente en consideraciones políticas y da el pitido de salida para que las derechas más o menos extremas (todas las de ámbito territorial del reino: PP, Ciudadanos y Vox) continúen su demagogia y deriva antidemocrática, por decirlo con diplomacia, sobre todo lo que tenga que ver con el conflicto catalán y, más en general, con los ya más que agredidos derechos en el reino de España. Añadamos que a ese coro se han sumado los González y Guerra y los barones socialistas habituales, los de Extremadura y las dos Castillas. Estos dinosaurios del PSOE no han sorprendido a nadie, salvo a algún incauto que pueda seguir viendo “diferencias substanciales” entre esta banda fósil del PSOE y la derecha. Los une la razón de estado, de la unidad del estado, como han demostrado reiteradamente. Esta vez ha sido de momento la última. Pronto habrá nuevos ejemplos.
La técnica y la política del informe judicial
Numerosos juristas han explicado con todo detalle la barbaridad judicial de la resolución del Supremo. Pero esto es una parte del grave problema. El otro: su carácter extremamente derechista. La resolución, que técnicamente ha sido ridiculizada por especialistas jurídicos, no se limita a su cometido, dar una opinión favorable o contraria a los indultos, sino que se mete hasta el cuello en un ataque al gobierno y a quien defienda los indultos. Como si fuera la Santa Inquisición, por decirlo en términos católicos cuya iglesia tanto sabe en este reino de represión desde hace siglos, coloca fuera de la ley y como antidemócrata (sic) a quien tome decisiones contrarias a dicha resolución.
Según el Supremo los condenados no han mostrado «el más débil indicio de arrepentimiento». Es repugnante desde un punto de vista jurídico y, más importante, amenazante políticamente exigir arrepentimiento de acciones políticas democráticas y pacíficas. Lo que ellos pretenden es la sumisión. Afean, especialmente al presidente de Ómnium Cultural Jordi Cuixart, que “lo volverían a hacer”. En un sistema que se pretenda democrático, todo y toda dirigente político y social está obligado (en todo caso jamás obligado a no hacerlo) a seguir luchando, a seguir intentando conseguir los objetivos sociales y democráticos que pretende. ¿Es por eso que están en prisión y se les quiere que sigan encerrados? A la venganza se le suma la amenaza política de extrema derecha que la envuelve.
La resolución se dedica a autodefenderse –¿quizás pensando en que todas sus decisiones acabarán viéndose en los tribunales europeos?– y hace un recorrido que va hasta el código penal alemán para seguir confundiendo rebelión con sedición; dedica continuas referencias relativas a que la única interpretación democrática (resic) es la suya; a que el castigo, este es el término que les complace, es lo que se merecen por haber intentando cambiar las leyes “apoyada en la engañosa movilización de una ciudadanía a la que irresponsablemente se empuja a construir un nuevo Estado que solo existe en la imaginación de sus promotores”. Pasa cuentas con quienes solicitaron el indulto (no la amnistía, precisemos), como el sindicato UGT, contra las prisiones catalanas que conceden permisos de tercer grado (que luego los tribunales suspenden) y hasta con los dos magistrados del Tribunal Constitucional que emitieron un voto particular por considerar «desproporcionadas» las altas penas de cárcel.
La guinda final consiste en atacar al gobierno por el supuesto autoindulto. Según el tribunal, el indulto a dirigentes de partidos, en referencia a ERC, sería un autoindulto ya que «hoy por hoy garantizan la estabilidad del Gobierno llamado al ejercicio de la medida de gracia». O sea, el Supremo se opone a los indultos y además le echan en cara al gobierno los apoyos parlamentarios. Solo falta que dijeran, lo que seguramente piensan, que el gobierno es ilegítimo, como machaconamente repiten el PP y Vox. Partidos que junto a Ciudadanos volverán a manifestarse con miles de banderas monárquicas españolas el 13 de junio contra el posible indulto. Ciudadanos también, claro. Interesante será un día saber qué opina aquella izquierda gran española que miró con mucha simpatía a Ciudadanos porque se oponía al “nacionalismo burgués” (reresic) de las movilizaciones catalanas por el derecho a la autodeterminación. Quizás veían en Ciudadanos una muestra de internacionalismo proletario ejemplar. Mientras no fuera “nacionalismo burgués catalán”, todo valía.
La alianza entre jueces y derechas extremas (todas las españolas) es tan evidente que pocas horas después de conocerse la resolución el PP ya repetía los mismos argumentos. Según Casado, el gobierno pretende un “autoindulto secesionista para seguir en el poder”, lo considera “inaceptable” y se autoproclama el único defensor de la Constitución y la justicia. Esos que se llenan la boca de la necesaria separación de poderes no pueden imaginar que una cosa es la opinión judicial y otra cosa es la decisión política que un gobierno puede y debe tomar. Como las derechas han subcontratado a los jueces para tomar decisiones políticas sobre derechos y libertades y especialmente sobre Cataluña, les va bien todo lo que salga desde los tribunales, con la excepción de lo que tenga que ver con su probada corrupción. El periódico El Diario ha publicado un estudio en el que muestra el enorme peso de jueces conservadores, volvamos a ser diplomáticos, en la Sala Segunda del Tribunal Supremo. La supuesta división de poderes se ha unificado en una: todas las derechas españolas detrás de las togas. Una razón más que evidente para seguir manteniendo bloqueada la renovación del Poder Judicial que ya lleva varios años fuera de plazo y que si tuvieran una mínima decencia democrática, por decir algo retórico, deberían dimitir. El enfrentamiento institucional es grave y tiene pocos precedentes. Los jueces y las derechas proponen un desafío al que hay que responder.
Amnistía
El debate se ha concentrado en los indultos, pero si se llegan a aplicar solo serán una pequeña decisión en el camino de resolución del conflicto. Los indultos solo afectarán a nueve personas que están en la cárcel, que no podrán ejercer sus derechos políticos porque con la resolución del Supremo quedarán inhabilitados y seguirá pendiente el tema de los exiliados y alrededor de 3.000 personas encausadas. Además, ninguno de los afectados considera que hayan cometido ningún delito, sencillamente se sienten acusados por ejercer sus derechos democráticos. Por eso la amnistía es la respuesta política y democrática. En unas declaraciones desde la prisión Jordi Cuixart decía: “Ni renuncias ni arrepentimientos, ni tampoco reformas parciales del Código Penal, ni los indultos son la solución a la situación que estamos sufriendo. Nuestra causa es una causa global y necesita una respuesta global, por eso seguimos defendiendo la amnistía como el inicio para la solución de un conflicto político”. Y la alianza de la judicatura gran española y la extrema derecha no puede soportar algo así. Es su esencia: la lucha contra las libertades democráticas.
La amnistía es una decisión política, no judicial, y no hay ninguna referencia explícita en la legislación española que la prohíba. Así se hizo con la amnistía de 1977, independientemente de nuestra opinión sobre aquella amnistía que incluyó a probados fascistas y torturadores franquistas, es una mayoría parlamentaria que puede decidir aplicarla. En realidad, existiría esa mayoría parlamentaria si el PSOE la apoyara, sin embargo, prefirió votar en contra, junto al PP y Vox, cuando se presentó ante la Mesa del Congreso el pasado mes de marzo. Algún día pueden arrepentirse. El “a por ellos” empieza a dirigirse también al gobierno “ilegítimo”. Que vayan con tiento.
Como queda dicho, las derechas han convocado movilizaciones en la calle y anunciado mociones en ayuntamientos y parlamentos autónomos. Este desafío necesita respuesta. El gobierno debe indultar a los presos, pero hay que ir más allá para defenderse de las derechas y para buscar una salida democrática al conflicto. No es un problema catalán, sino un problema democrático que afecta al conjunto del Estado. Si avanza el discurso, las amenazas y la alianza de los sectores más reaccionarios del Estado -ejército, iglesia, jueces, monarquía, cuerpos represivos- con las derechas, serán los derechos y libertades quienes se verán (más aún que ahora) afectados y entonces perderemos todos. Hay que reunir las fuerzas democráticas y de las izquierdas, en la calle y en las instituciones, quienes solo apoyan los indultos y quienes proponen una amnistía, porque todos y todas debemos defender una respuesta democrática a una crisis política.
