Por: Campaña por la Independencia de la Justicia
Desde el 28 de abril de 2021, las y los colombianos se han volcado a las calles para adelantar un Paro Nacional exigiendo un sistema tributario y sanitario más justo, vacunas y políticas sociales y de salud pública acordes con la crisis sanitaria del COVID-19 que completa más de un año.
Después de victorias destacadas como el retiro de la reforma tributaria, del archivo de la reforma al sistema de salud y las renuncias del Ministro de Hacienda y la Ministra de Relaciones Exteriores, la ciudadanía, y en particular los jóvenes, siguen en las calles exigiendo cambios profundos en un modelo económico excluyente, el cumplimiento del Acuerdo Final de Paz y justicia para los miles de jóvenes que han sido víctimas de la violenta represión a la protesta social por parte de agentes de la Policía, el ESMAD y grupos de civiles armados que han actuado con su connivencia.
La respuesta ha sido más violencia desplegada por la Fuerza Pública en contra de la población, con el beneplácito del gobierno de Iván Duque que ha permitido, avalado y justificado violaciones de los derechos humanos contra manifestantes, no solo con sus recientes declaraciones sino con el desacato del fallo de la Corte Suprema de septiembre de 2020 que protegió la protesta social y con su empeño constante en hacer trizas la paz.
Después de tres semanas de Paro Nacional, las organizaciones defensoras de derechos humanos que hacen parte de la Campaña “Defender la Libertad, asunto de todas” ha registrado hasta el 18 de mayo, 2706 violaciones a los derechos humanos1. Por su parte, la Mesa de Trabajo sobre Desaparición Forzada llegó a denunciar 471 personas presuntamente víctimas de desaparición forzada, 231 de ellas en Antioquia, de las cuales 64 siguen sin ser encontradas, según lo han podido constatar la Corporación Jurídica Libertad y el Proceso Social de Garantías.
El autoritarismo y la represión a la protesta no son hechos aislados, sino que hacen parte del proyecto político del partido de gobierno Centro Democrático y su fundador el expresidente Álvaro Uribe Vélez, y que busca garantizar su impunidad a través del debilitamiento el sistema de pesos y contrapesos con l a cooptación de las demás ramas del poder público y la de órganos de control, y la negación de los derechos humanos. Esto se refleja también en las declaraciones de la Consejera Presidencial de Derechos Humanos, Nancy Patricia Gutiérrez, ante las denuncias por graves violaciones a los derechos humanos durante las protestas, quien señaló que estos “solo existen si ciudadanos observan sus deberes para ser parte de la sociedad” justo en el momento en que amplias mayorías salieron a protestar.
En el contexto del Paro Nacional, la independencia judicial y también la separación de poderes tienen un rol protagónico para mantener en pie el Estado Social y Democrático de Derecho, y ofrecer una respuesta a las víctimas de las violaciones de derechos humanos que claman justicia, verdad, reparación y no repetición. Es por esto que preocupan algunas recientes actuaciones que agravan la situación de la independencia judicial hoy en Colombia:
- El pronunciamiento del 6 de mayo de 2021 de las Altas Cortestras la reunión de las y los presidentes de las mismas con el presidente Iván Duque. La declaración conjunta fue un evidente esfuerzo por legitimar las acciones y programas sociales del Ejecutivo, lo cual no es tarea de los altos tribunales y envía un mensaje de falta de independencia frente a su función de control. Si bien debe existir una colaboración armónica entre las distintas ramas del poder público, esto no quiere decir que una esté al servicio de la otra y/o en favor de sus posturas o intereses. Por el contrario, la rama judicial está llamada a establecer límites al poder y actuar en defensa de la Constitución y la ley.En este sentido, es de destacar la postura de dos magistrados de la Corte Constitucional quienes se apartaron de la mayoría y también expresaron su rechazo al hecho de que no se hubiese condenado el uso excesivo de la fuerza, el desvío de poder y el abuso de autoridad que afectan el orden jurídico, los derechos humanos y el Estado de Derecho2. En el mismo sentido, destacamos también y respaldamos el comunicado de Asonal Judicial, en el que expresa que la postura de la cúpula de las Cortes no representa a toda la rama
- El evidente desacato al fallo de tutela que protege la protesta social en el marco de las presentes movilizaciones El comunicado conjunto entre el Ejecutivo y presidentes de las Cortes resultó aún más sorprendente por el desacato de la mencionada sentencia del 22 de septiembre de 2020 que profirió la Sala de Casación Civil de la Corte Suprema de Justicia en protección del derecho fundamental a la protesta, por lo cual emitió distintas órdenes a servidores públicos para que este derecho sea respetado y garantizado.
Por lo anterior, los accionantes de la tutela, solicitaron que la Corte Suprema de Justicia declare en desacato al presidente Duque, el Ministro de Defensa Diego Molano, el Director de la Policía Jorge Luis Vargas, la Procuradora General Margarita Cabello y el Fiscal General Francisco Barbosa, quienes han estigmatizado las protestas del Paro Nacional y con ello incumplido -entre otras- la orden de neutralidad.
Respaldamos esta solicitud y destacamos la exigencia de que se suspenda la actuación del ESMAD hasta que se cuente con capacidad de hacer uso moderado de la fuerza, de garantizar y respetar los derechos humanos de quienes intervienen o no en protestas, pues se ha empleado fuerza letal, armas de fuego y se pretende profundizar aún más con la represión armada bajo la figura de la “asistencia militar”.
En el mismo sentido, hacemos eco de la exigencia a la Procuradora General, el Defensor del Pueblo, el Fiscal General y el Inspector General de la Policía Nacional, de que entreguen informes completos, públicos y justificados sobre los avances en las investigaciones disciplinarias y penales contra miembros de la Policía Nacional, especialmente en la identificación de su actuación sistemática, arbitraria y violenta en las manifestaciones públicas desde los hechos del 2019, considerando la urgencia en lo relativo al Paro Nacional en curso.
- El papel de la Fiscalía El Fiscal General de la Nación, Francisco Barbosa, señaló el pasado 4 de mayo que “los desórdenes” y “los hechos vandálicos” que han ocurrido en Cali -una de las ciudades más golpeadas por la violencia-, tendrían conexión con las estructuras del narcotráfico, el ELN y las disidencias de las FARC-EP que operan en el Cauca. Dos días después, anunció que procedería a la extinción de dominio de los distintos vehículos que obstruyeran las vías públicas, desconociendo derechos fundamentales a la protesta.
La Fiscalía ha centrado sus esfuerzos en presentar resultados relacionados con el vandalismo y los delitos cometidos contra agentes de la fuerza pública -incluso incurriendo en actuaciones cuestionables como el montaje judicial contra tres jóvenes de Soacha por el homicidio del Capitán Jesús Alberto Solano Beltrán– mientras que son nulos los avances investigativos en materia de ataques contra la población manifestante, guardando silencio ante los homicidios, las torturas, las lesiones y la violencia sexual, como si se vieran justificados por “vandalismo” como argumento para negar responsabilidades y darle pie a la estigmatización de la protesta.
- El papel de la Procuraduría General de la Nación y la Defensoría del Pueblo.Hay hasta el momento una ausencia de investigaciones disciplinarias contra funcionarios que han atacado a los manifestantes3. Por el contrario, y públicamente, Cabello ha respaldado la militarización, desconociendo a las autoridades locales, y estigmatizando la protesta social. En lugar de cumplir sus funciones de forma independiente y autónoma como Procuradora General, actúa como una ministra del gabinete de Iván Duque, y en su respaldo ha llegado incluso a expedir directrices para que los alcaldes y autoridades locales asuman posturas represivas de sus comunidades, bajo el chantaje de iniciarles procesos disciplinarios4 .
Por su parte, el Defensor Carlos Camargo ha expresado su desconocimiento de la situación real de los derechos humanos en el marco de las protestas, y su actuación ha generado múltiples rupturas al interior de la misma institución que encabeza, por lo cual los mismos trabajadores y trabajadoras de la entidad han exigido su renuncia, en particular por la resolución en la cual respalda la militarización de la respuesta estatal al Paro Nacional.
- Las medidas cautelares contra el derecho a la protesta.Como preámbulo de la movilización social, el pasado 27 de abril, la magistrada Nelly Villamizar del Tribunal Administrativo de Cundinamarca, emitió una medida cautelar que ordenaba el aplazamiento de las movilizaciones del 28 de abril alegando que primaba la salud y la seguridad pública, en desconocimiento de la Constitución Política que, en su artículo 37, protege el derecho a manifestarse y reunirse pública y pacíficamente. Un derecho que no cesa en medio de la pandemia, cuando los manifestantes sólo están llamados a guardar las medidas de bioseguridad. Es así como la insólita medida cautelar resultó siendo, una vez más, una extensión hacia la rama judicial de los intereses del ejecutivo contrarios a las protestas.
Por todo lo anterior, hacemos un llamado a la administración de justicia a mantener y salvaguardar su independencia para establecer un límite al poder y saludamos las decisiones de jueces y magistrados que en Popayán y Quindío que van en la vía de la protección de los derechos fundamentales sistemáticamente vulnerados en el marco de la protesta.
Para avanzar en el esclarecimiento de los hechos ocurridos en las últimas semanas, de forma independendiente, imparcial y con cumplimiento estricto de los derechos humanos, respaldamos la solicitud elevada por cientos de organizaciones colombianas y de todo el continente para una inmediata visita in loco de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos -CIDH- y exigimos al presidente Iván Duque Márquez autorice de manera inmediata dicha visita, ya aceptada por la CIDH5.
Nos sumamos. igualmente, al llamado nacional e internacional a que cesen las acciones violentas, contrarias al Derecho Internacional de los Derechos Humanos, a la Constitución y la ley. Iván Duque como presidente, Diego Molano como Ministro de Defensa, el comandante de las Fuerzas Militares Eduardo Enrique Zapateiro, Jorge Luis Vargas como Director de la Policía Nacional, Margarita Cabello como Procuradora General, Fransico Barbosa como Fiscal General, Carlos Camargo como Defensor del Pueblo, todas y todos aquellos servidores públicos que han sido partícipes de los ataques a la población, que los han tolerado e incluso han promovido la impunidad en estos casos o han omitido su deber de velar por la garantía de los derechos humanos, deben responder ante la justicia por los delitos que han ocurrido en el marco del Paro Nacional.
