Por Ana Lucía Calderón
“Colombia tierra querida… tu suelo es una oración y es un canto de la vida…” Esta canción que se escuchaba con apasionado acento esperanzado en las manifestaciones del 2019, a ritmo de cumbia, se convierte hoy en un himno sarcástico, contrastante con la tristeza, ira y desesperanza que se vive en las calles de las principales capitales colombianas desde el 28 de Abril, día en que comenzó el gran Paro Nacional, que inició con protestas pacíficas y justificadas por una serie de medidas económicas totalmente nefastas para la mayoría del pueblo colombiano y que continuó ya más de una semana después, con la represión y brutalidad policial indiscriminada en las calles de ciudades y pueblos de Colombia.
Puede ser que hoy los ciudadanos de los centros urbanos sienten por primera vez la extrema violencia por parte del Estado y de los criminales paramilitares a su servicio, pero esto no es nada nuevo en el país, pues después de más de cincuenta años en Colombia, esa es la única realidad que ha vivido el campo colombiano. De ahí la historia de la guerrilla más antigua de Latinoamérica (FARC) y de muchos otros diversos movimientos guerrilleros a lo largo del siglo XX. Las guerrillas fueron la consecuencia de la gran impotencia social del campesinado, abandonado por el Estado y por la gran injusticia y desprecio que por ellos mostraba la sociedad urbana. Durante décadas la gente del campo tuvo que ir poblando los centros urbanos huyendo de esa violencia de terratenientes, corporaciones trasnacionales y enfrentamientos entre guerrilla, paramilitares y ejército. Hoy las ciudades de Colombia tienen gran densidad de población, con altísimas tasas demográficas, sin educación, sin salud, sin trabajo, y sin opciones legales para salir de la extrema violencia social y pobreza. Digo opciones legales, porque lo único que en Colombia es viable es la actividad ilegal. Un país que tiene más de 170 zonas francas, en lugares alejadísimos donde sólo hay minería ilegal y narcotráfico, donde la policía aduanera tiene prohibido entrar, donde se intercambia el dinero ilegal comprando bienes de fuera (contrabando) para llenar el comercio de las ciudades con trabajadores informales. Este es el único comercio rentable del país, en manos de los narcotraficantes, que a su vez son políticos, congresistas, terratenientes y banqueros. Y quiero resaltar este hecho, porque en este momento no podríamos hablar de una lucha de clases sociales allí. No hay una aristocracia colombiana vs. el pueblo colombiano como podíamos ver claramente las luchas del siglo pasado. A partir de la herencia de Pablo Escobar y la diáspora que hubo de todos sus discípulos narcos, que fueron a su vez los creadores del paramilitarismo para poder desplazar poblaciones enteras y quedarse con las tierras, ríos, recursos mineros, ecológicos, turísticos, y así seguirse asegurando la producción de la coca, la heroína y hoy que ya ven posible su legalización en el mundo y por tanto su posible decadencia como buen negocio, buscan ahora la obtención entonces de otros recursos minerales, como oro, coltán, o hasta la propia agua que con el calentamiento global se convierte en un tesoro en las condiciones del trópico, con bosques que si no tienen la humedad necesaria se tornan desiertos.
Uno de estos buenos aprendices de don Pablo Escobar, era Álvaro Uribe Vélez, que es quien realmente gobierna el país hace casi 20 años, desde su hacienda en la Costa Atlántica colombina, él envía vía twiter sus mensajes de cómo debe manejarse la situación, quién debe morir, quién debe salir de la cárcel, a quién se debe juzgar, etc. Iván Duque, un absoluto desconocido políticamente, que sólo contaba con una cara de inepto bonachón, con ínfulas de presentador de televisión, fue el instrumento con el cual Uribe pudo continuar dominando al poder Ejecutivo en el país, por supuesto, no sin haber sido ayudado por la compra de votos que desde diversos sectores se denunciaron; ya tenía asegurado el poder Legislativo con la gran corrupción en las regiones que otorgan puestos burocráticos, en la educación, la salud, contratos con el estado, etc, y posteriormente el dominio del poder Jurisdiccional, al igual que la Fiscalía General de la Nación, la Controlaría, Procuraduría y Defensoría del Pueblo, es decir, todos los órganos de control del Estado.
Con la concentración de todo el poder en manos de este “todopoderoso”, de quien además la comunidad internacional tiene pruebas por narcotráfico e infinidad de crímenes de lesa humanidad, desde los años 90 y antes, EEUU y la Unión Europea que son guardianes atentos y salvaguardas de las democracias en el planeta, no tienen interés alguno en intervenir o juzgarle, porque a ellos les conviene más que se sigan aplicando sus políticas económicas y monetarias, y que el país continúe endeudándose con el Banco Mundial y F.M.I., ahogándose y hundiéndose cada vez más en esa impagable deuda externa. Y aquí es donde confluye todo: En el 2018 sube a la presidencia Iván Duque, teniendo un país sin FARC, es decir, sin más 30 mil hombres armados, un país lleno de esperanza gracias al fin de la guerra, que creyó que la inversión de gran parte del producto interno bruto sería destinado a la educación, a la salud, a la cultura, el deporte, a la infraestructura del país para la creación de empleos formales, y lo primero que hace este presidente es todo lo contrario: bloquear los acuerdos de paz, entorpecer y desviar dineros y toda la ayuda internacional para este fin. Es decir, miles y miles de víctimas de la guerra, al igual que los reinsertados a la sociedad y sus familias, quedaron desprotegidos y sin opciones laborales, de lo que se puede deducir además, que entraron a formar parte de los cordones de miseria de las ciudades, unos, y otros retornaron a las armas ante el incumplimiento del pacto. Y este retorno a las armas fue en actividades delincuenciales mas ya no políticas, pues la organización político-ideológica ya no existe; y otros son asesinados ante los ojos de una sociedad inerte que nunca les pudo perdonar haber sido guerrilleros. Aprueba una reforma tributaria haciendo que los grandes grupos y monopolios económicos no paguen impuestos, llevando a que se saquen esos recursos de suprimir inversión en ciencia, tecnología, educación pública, se aprueban en el congreso leyes para que se haga el fracking, mayor explotación minera, se propone el regreso a las dispersiones del venenoso glifosato para “combatir” los cultivos de coca, entonces los líderes sociales en las regiones donde van a darse esos proyectos mineros empiezan a movilizarse y a ejercer los derechos contenidos en la Constitución Nacional, se dan consultas populares y las Cortes sacan sus Sentencias en defensa del derecho común y no particular, y así mismo retorna el terror paramilitar, los asesinatos y masacres de líderes sociales y defensores del agua y la ecología creyendo que así van a disuadirlos de oponerse a estos megaproyectos.
En este ambiente el pueblo siente que el proceso de paz está en grave peligro y no es sólo el sentir del regreso de la guerra, de los muertos, sino la pérdida de un país cuya ecología requiere de un tremendo equilibrio en sus bosques, fauna y flora, y su peor enemigo es el monocultivo y la explotación del oro, la minería, la contaminación de los ríos. Durante el gobierno de Duque se duplicó el cultivo ilegal de coca y los grandes latifundios para ello, al igual que la quema de la selva amazónica, del Chocó, frontera con Panamá que históricamente se ha visto como una de las regiones más húmedas del planeta, por lo tanto su daño es gravísimo.
Sí, Colombia seguramente es un país que debería importarle muchísimo al mundo entero, sobre todo si hablamos de que de ese equilibrio ecológico depende el calentamiento global también. Una selva ardiendo y un lugar con tal riqueza hidrográfica, lleno de páramos y nevados que se van secando no augura gran futuro al resto del continente.
Fueron éstas las razones por las que el pueblo salió masivamente a manifestarse en noviembre del 2019. En defensa del proceso de paz, contra los asesinatos de líderes sociales en las regiones que son gobernadas por el narcotráfico y la corrupción sin límites, y en contra las leyes mineras.
Pero la realidad del 2021 es otra mucho peor y sobre todo después de la Pandemia, periodo en que el gobierno Nacional y los gobiernos locales aprovecharon para gobernar por decreto, desviar recursos a su antojo y sin control alguno de nada ni nadie, sin rendir cuentas a los órganos de control ni hacer público en qué se invertían estos recursos y bajo la excusa de ayudar a empresarios quebrados lo que hicieron fue desfondar las arcas estatales, no gestionaron la adquisición ni compra de vacunas contra el Covid y lo que es peor, no permitieron que entes privados las negociaran bajo la excusa del respeto de la propiedad intelectual, cabe recordar que Colombia es de los pocos países en desacuerdo con abrir las patentes de estas vacunas. Resultado final fue que llegaron al país vacunas para una ínfima población, una crisis hospitalaria, mayor corrupción, hambre y una desesperación social al ver este gobierno que como última perla, propone una nueva reforma tributaria y tiene en fila otra serie de reformas, a la salud mucho peor que la tributaria, otra de educación, etc. Todo esto sumándole que el ejército bombardea poblaciones campesinas donde mueren niños, que luego el ministro de defensa dice que no son niños víctimas sino “auténticas máquinas de guerra”, pues serán futuros subversivos, hay un aumento de las masacres por todo el país como en los tiempos más horrorosos del terror paramilitar y las ciudades se vuelven invivibles no sólo por la delincuencia aumentada y la violencia criminal sino con ayuda de una migración venezolana, que políticamente el gobierno colombiano ha patrocinado, por la conveniencia que implica darles ciudadanía y que incrementen las contradicciones sociales, desviando así la atención del ciudadano de a pie que ve en la xenofobia la explicación de sus nuevas realidades sociales y económicas, y no señala a los verdaderos responsables.
Todo este conjunto de circunstancias hicieron reaccionar a las centrales de trabajadores, organizaciones sociales y convocar el Paro Nacional el 28 de abril, con sentencia en contra para no autorizarlo, de una jueza de un Tribunal de Justicia, afín al gobierno, hecho inconstitucional por demás, que provocó una peor indignación masiva y los que no pensaban marchar salieron espontáneamente, de tal manera que se fue volviendo un estallido social sin dirección, sin organización ni objetivos claros, pues el fulgor popular solo grita “abajo el mal gobierno, abajo Duque”, cosa que solamente ayuda a los propios copartidarios del presidente, que están hartos de su ineptitud y que en secreto quieren es derrocarlo, porque él se volvió inconveniente para poder seguir gobernando el siguiente periodo, de esta manera buscan retardar las próximas elecciones presidenciales, invitar a negociar a los partidos de “oposición” que están más cercanos a sus políticas y así repartir prebendas para que en las regiones vuelvan a elegir a los congresistas y representantes corruptos de siempre, que harán viable gobernar y aprobar la venta del país, con todas sus riquezas, y con un poquito menos de pobres inconformes (unos muertos y otros amedrantados), a quienes día a día, desde el 28 de abril hasta hoy, masacran sin límite en las calles, ante la impotencia de los usuarios de redes sociales, que ven en directo los videos que la población graba, que Facebook bloquea inmediatamente, sin medios independientes que puedan ser masivos para informar, sin datos estadísticos ni cercanos a la realidad ni del número de manifestantes, ni de detenidos, ni violaciones de mujeres, torturas o desapariciones. Las ciudades están en manos de los paramilitares, hoy el ejército y la policía ya no están al frente disparando, se han retirado para que la población quede completamente desprotegida en manos de los paramilitares y delincuentes que controlan el desplazamiento de la población dentro de las ciudades. Hay desabastecimiento de productos importados porque los camioneros también bloqueaban las vías de acceso desde los principales puertos hacia el centro del país, aunque el gobierno dice que es falta de alimentos para justificar el alza de éstos, aunque la Región Andina tenga su propio abastecimiento de comida, siendo la región más agrícola del país. El gobierno nacional no ha querido dialogar con los líderes del paro, pero sí ha llamado en el transcurso de estos días a gremios de camioneros, transportadores, taxistas, voceros de partidos políticos para hacer tratos a espaldas de la población y así asegurar su continuidad e influencia dentro de la protesta. El resultado es que se va vislumbrando más una guerra civil, un enfrentamiento diario entre los mismos manifestantes, nadie sabe de dónde vienen los ataques, todo es caos y confusión, pero sobre todo desesperanza. La protesta pacífica, la exigencia de unas peticiones por parte de los manifestantes está prácticamente olvidada o simplemente la gente ya no exige más que el derrocamiento del presidente porque es un gobernante sin credibilidad, fariseo, mentiroso, y estafador, lo saben bien, el ejemplo mismo es el proceso de paz con las Farc y el incumplimiento de la implementaciones de esos acuerdos. La gente está cansada, enferma, furiosa y sin proyecto ni voceros que hagan escuchar sus voces, lo mismo que antes, lo mismo de siempre, lo mismo de hoy. Es la historia de Colombia, no realismo mágico.
“En la noche, después del toque de queda, derribaban puertas a culatazos, sacaban a los sospechosos de sus camas y se los llevaban a un viaje sin regreso. Era todavía la búsqueda y el exterminio de los malhechores, asesinos, incendiarios y revoltosos del Decreto Número Cuatro, pero los militares lo negaban a los propios parientes de sus víctimas, que desbordaban la oficina de los comandantes en busca de noticias. «Seguro que fue un sueño», insistían los oficiales. «En Macondo no ha pasado nada, ni está pasando ni pasará nunca. Este es un pueblo feliz». Así consumaron el exterminio de los jefes sindicales.” Fragmento “Cien Años de Soledad”, Gabriel García Márquez.