Por César Joao Espinoza para Pulsar

En Lima se realiza la Quinta Conferencia Anual Anticorrupción Internacional-CAAI 2014, denominada “Nueva generación de estrategias anticorrupción”. Este evento es organizado por la Contraloría General de la República, con la participación de destacados expositores peruanos y extranjeros.

La presidenta del Consejo de Ministros, Ana Jara, fue la encargada de inaugurar la Cumbre.

Jara advirtió que la corrupción representa casi el 2 % del Producto Bruto Interno (PBI), lo que equivale a pérdidas por alrededor de 10 mil millones de nuevos soles anuales.

“Con dicha suma se pudieron construir 72 hospitales en todo el país o 360 colegios modernos o crear más de 200,000 puestos de trabajo”, dijo la autoridad.

Según cifras de la Procuraduría Anticorrupción, 22 de los 25 presidentes regionales del país son investigados actualmente por el Ministerio Público. Los delitos por los cuales son investigados son  peculado, colusión, negociación incompatible y malversación de fondos, entre otros.

Jara manifestó que del total de investigados, cuatro de ellos se encuentran con prisión preventiva por presuntos delitos contra la administración pública.

“Esto evidencia que por primera vez en el Perú se investiga y se sanciona al corrupto, aun cuando esté cerca del poder político”, enfatizó la presidenta del Consejo de Ministros.

Asimismo, la autoridad resaltó los cuatro elementos que el Gobierno considera indispensables en una política anticorrupción. Estos son: la estrategia, la voluntad política, el presupuesto y la articulación.

Respecto a la estrategia, destacó que uno de los principales aportes del Gobierno en la lucha contra la corrupción fue la aprobación del Plan Nacional de Lucha contra la Corrupción 2012-2016.

En cuanto a la voluntad política, distinguió la reactivación de la Procuraduría Anticorrupción para aumentar el cobro de las reparaciones civiles.

Respecto al tercer elemento, el presupuesto, Jara Velásquez recordó que para el 2014 se destinaron 43 millones de soles a la implementación de las fiscalías y juzgados.

El cuarto elemento es la articulación entre todas las entidades públicas que tienen por función combatir a la corrupción, pero también en el sector empresarial y la sociedad civil.