Colombia, Honduras, México, Brasil y Guatemala los países con el mayor número de asesinatos de defensores  y defensoras en 2020. Red Hondureña por Escazú exige inmediata ratificación.

Con motivo del Día de la Tierra, que se celebra este 22 de abril, Alianza por la Solidaridad, miembro de ActionAid, denuncia la falta de compromiso de los países de América Latina  y el Caribe con el Acuerdo de Escazú, auspiciado por la ONU, con el objetivo de garantizar un entorno seguro a personas y grupos defensores de derechos humanos y ambientales.

Adoptado en 2018, el acuerdo tan solo ha sido ratificado por 12 de los 46 países y territorios de la región. Entre los países que no han firmado el acuerdo, se encuentran algunos de los más agresivos con el medioambiente como Brasil, Guatemala, Colombia, Honduras.

Aunque este 22 de abril entrará en vigor el Acuerdo regional sobre el acceso a la información, la participación pública y el acceso a la justicia en asuntos Ambientales en América Latina y el Caribe (aquí el texto completo), hasta el momento sólo ha sido firmado por Bolivia, Ecuador, Nicaragua, Panamá, Uruguay, Antigua y Barbuda, Guyana, Saint Kitts y Nevis, San Vicente y las Granadinas, Bahamas, México y Argentina.

Según un informe de Front Line Defenders, en 2020 se asesinaron a 331 personas defensoras de los derechos humanos. El 69% de estas víctimas trabajaba en la tierra, en defensa del medio ambiente o por los derechos de los pueblos indígenas. De estas, 44 eran mujeres.

La organización destaca que, en el listado de países firmantes del Acuerdo, faltan casi todos los países más peligrosos para las y los defensores, como por ejemplo Colombia donde el año pasado fueron asesinados 177 defensores, es decir el 53% del total.

Grave también la situación en Honduras con 20 asesinatos, México (19), Brasil (16), Guatemala (15) y Perú (8).

En el caso de Honduras, en diciembre del año pasado el Acuerdo de Escazú fue enviado para consulta a 14 Secretarías de Estado para que se pronunciaran sobre el mismo.

«Actualmente, solamente 7 instituciones se han pronunciado al respecto, sin que haya mayores avances en la discusión. Mientras tanto, la situación de conflictividad ambiental y violencia territorial hacia los defensores y defensoras del medio ambiente continúa a nivel nacional», señala en un comunicado la Red Hondureña por Escazú.

La Red recordó a las autoridades hondureñas su obligación «en la promoción y protección de la vida de los defensores y defensoras territoriales»  y las instó a agilizar «todo proceso y política encaminada a preservar la vida y el reconocimiento de la labor de defensoría».

También pidió a la ciudadanía hondureña sumarse «a la exigencia activa y permanente por la firma y ratificación del Acuerdo de Escazú en Honduras».

Por su lado, la Alianza por la Solidaridad denunció las presiones que están teniendo lugar en los países con más conflictos ambientales para que no se ratifique este acuerdo, aludiendo a una supuesta pérdida de soberanía nacional o perjuicios para el desarrollo económico.

Ante esta situación y para visibilizar el trabajo de las mujeres defensoras y denunciar su persecución, la organización ha lanzado la campaña Guardianas del Agua y la Tierra.

Desde que se comenzó a negociar el Acuerdo han sido asesinadas más de 2.500 personas en todo el mundo, la mayoría en una región, cada vez más codiciada por empresas extranjeras y, a la vez, muy afectada por los impactos del cambio climático y la pérdida de biodiversidad.

«La mercantilización de los recursos naturales cuesta vidas de muchas personas, las asesinadas y las que son encarceladas durante años, como el guatemalteco Bernardo Caal Xol, a las que hay que recordar en días como éste. Son quienes están en primera línea defendiendo derechos que se vulneran con la connivencia de sus gobiernos, algo que vemos que va en aumento y hace muy necesario este tipo de regulaciones», ha señalado Almudena Moreno, responsable de Desarrollo Sostenible de la organización.

Asimismo, una reciente investigación en la revista Nature ha concluido que, sólo a causa del cambio climático, la producción agrícola en América Latina y Caribe ha disminuido casi un 26%. Esto implica que, a menor producción, hay más dificultades para las comunidades campesinas, que deben, además, afrontar el expolio de sus territorios a manos de compañías extranjeras.

Por ello, Alianza por la Solidaridad reclama a todos los países de la región -especialmente a Colombia, Guatemala, Honduras y Brasil – que ratifiquen el Acuerdo de Escazú. También pide a la Unión Europea y al gobierno de España que se involucren en la puesta en marcha de instrumentos como éste, exigiendo su cumplimiento en los acuerdos comerciales firmados con países no comunitarios.

(con texto original de Rebelión)