La exministra popular Ana Palacio como consultora, o la vasca Siemens Gamesa, con representación en el IBEX 35, son algunos de los nombres que contribuyen a que se expolie uno de los recursos más preciados en el Sahara Occidental ocupado: el fosfato, un mineral con propiedades esenciales para la vida
Por Sebastián Ruiz-Cabrera/El Salto diario
El calor reventaba los ánimos de la expedición. Y es posible que entre las frases que intercambiarían el geólogo español Manuel Alía Medina y el ingeniero de minas José de la Viña Villa —considerados los descubridores de las reservas de fosfato del Sahara Occidental— fueran estas: “Ayúdame a mirar”. Sabían que más allá de la fama y las pesetas que se embolsarían por el hallazgo, se encontraban delante de algo con aroma a sagrado. Que no era un espejismo del desierto.
Corría el año 1947 y ese lugar llamado Bou Craa, a unos 100 km al sudeste de El Aaiún, se convertiría en una de las monedas geopolíticas que utilizaron Marruecos y Estados Unidos en la anexión del territorio décadas más tarde (hasta ese momento, estos dos países eran líderes mundiales en fosfatos). Pero en plena dictadura española, “este hallazgo proporcionaría la primera fuente potencial de ingresos por minerales para España, la potencia colonial”, según explica Toby Shelley en su libro Endgame in the Western Sahara. Y todos querían el pastel. O la pastelería.
Unos meses más tarde de la invasión del territorio saharaui por parte de Marruecos en 1975, la empresa Office Chérifien des Phosphates SA (OCP), más conocida como OCP SA, tomaría el relevo en la gestión de la mina de Bou Craa. Se trata a día de hoy de la compañía estatal de fosfato marroquí, responsable de una de las mayores fuentes de riqueza de Marruecos. Como ha denunciado la ONG Western Sahara Resources Watch (WSRW) en innumerables informes, “la roca fosfórica ilegalmente explotada es una de las mayores fuentes de ingresos del gobierno marroquí, que detenta contraviniendo el derecho internacional. (…) La excepcional calidad del mineral de fosfato del Sahara Occidental lo convierte en una mercancía muy codiciada para los fabricantes de fertilizantes”.
El fosfato es un mineral con propiedades esenciales para la vida y la industria de la alimentación que es uno de los motores del sistema capitalista. Un sector que conoce muy bien este recurso porque es utilizado para producir, entre otros derivados, los fertilizantes de los cultivos. El objeto de deseo. De hecho, en la última investigación de WSRW, publicada en abril, se detalla que el volumen total exportado se estima en 1,1 millones de toneladas con un valor proyectado de unos 170,8 millones de dólares, para las arcas de OCP SA —léase del rey de Marruecos—.
Pero si tras estas líneas hay dudas, el misterio se resuelve en corto: Sí. Marruecos sigue explotando la mina en el Sahara Occidental ocupado, con unos ingresos voluminosos por una mina que no es suya y a través de una cinta transportadora de minerales hasta la playa considerada como la más grande del mundo en su modalidad. Y todo está en orden. Siguiente pregunta. ¿Es finito este recurso? Por supuesto. Probablemente se terminarán en treinta o cuarenta años al ritmo actual de consumo. Es el conocido Peak phosphorus, como explicaban en la revista Economía Política, Pasqual Moreno y Hassan Ouabouch. Una alerta desoladora para el pueblo saharaui.
Sudáfrica y Panamá, ejemplos internacionales del “sí se puede”
La niebla es espesa. Inamovible. Tan pegajosa que no se percibe lo que eufemísticamente se llama puertas giratorias; es decir, una expansión de la corrupción política con zapatos elegantes. Legislar pensando en el minuto de oro que vendrá tras dejar la cartera ministerial y engrosar las siempre golosas listas de directivos y directivas de las multinacionales del IBEX 35. Si la semana pasada salía a la palestra en esta serie de investigación la exministra del PSOE Elena Espinosa, quien contribuyó a la exportación de navíos militares a Rabat desde la naviera gallega Rodman, hoy el turno es para Ana Palacio, la exministra de Asuntos Exteriores del Partido Popular durante el período 2004-2006.
En julio de 2017, el diario monárquico ABC lanzaba la señal: “Marruecos ficha a Ana Palacio para defender que el Sáhara es parte de Marruecos”. Pero en realidad, la noticia descuidaba que un año antes afilaba su pluma como miembro del consejo asesor internacional de OCP. O lo que es lo mismo: escribir para el rey Mohamed VI. Una de sus principales misiones desde entonces ha sido la de pregonar en conferencias, encuentros empresariales y medios de comunicación el mantra de que la solución al conflicto saharaui pasa por “un marco autonómico mutuamente aceptable” y que las provincias ocupadas son, en realidad, las “provincias del sur”, acorde al reverencioso acatamiento de la versión oficial del reino alauita. ¡Qué bien suena eso de mutuo! Pero la exministra y abogada contraviene las resoluciones del Derecho Internacional como lo hacen las otras firmas de abogados que trabajan para OCP: Covington & Burling, Dechert, DLA Piper, KPMG o la propia Palacio y Asociados. Hace tiempo que maltratan la verdad dosificando arsénico en sus informes.
La propia Palacio criticaba que el Frente Polisario utilizara acciones legales para reclamar como propios la vía judicial en este artículo. “Esta táctica, nunca seguida antes, de utilizar jurisdicciones domésticas para dañar a Marruecos, únicamente logrará menoscabar el proceso”. Le faltó añadir: ¡Qué escándalo! Hasta aquí hemos llegado. ¡Qué se han pensado estos saharauis con la vieja excusa de usar la ley!
Pero la información bien utilizada, ese bien democrático básico, puede escocer. Palacio se refería a que dos gobiernos como el de Panamá y Sudáfrica se negaron a seguir participando en la ruta del expolio del fosfato operado por OCP y gestionado por su director general Mostafa Terrab quien, hace unas semanas, recibía una de las máximas condecoraciones que otorga Francia, la de Oficial de la Legión de Honor de Francia.
Por partes. El 1 de mayo de 2017, el carguero NM Cherry Blossom fue detenido en Port Elizabeth por orden judicial, a solicitud de la República Árabe Saharaui Democrática (RASD). El gobierno de la RASD alegaba que el cargamento de 55.000 toneladas fue extraído ilegalmente y exportado desde el Sáhara Occidental con dirección a la cooperativa agrícola Banllance Agri-Nutrients, en Nueva Zelanda. El 15 de junio, un panel de tres jueces del Tribunal Superior de Port Elizabeth confirmó la aceptabilidad de la orden y decidió que el caso continuaría hasta el juicio. Finalmente, en febrero de 2018, el fallo del Tribunal dictaminó que la RASD era la propietaria de todo el cargamento de fosfato que suponía una octava parte de las necesidades del país neozelandés.
Algo parecido ocurrió en Panamá. El 17 de mayo de 2017, un tribunal marítimo de Panamá ordenó la detención del buque Ultra Innovation, que transportaba 55.000 toneladas del preciado mineral desde el Sáhara Occidental hasta Canadá. 30 horas más tarde, se colocó una fianza para la liberación del barco por parte de la naviera. El 5 de junio, el tribunal marítimo de Panamá decidió, sin organizar una audiencia formal, que el asunto no podía ser tratado por ese tribunal. Desde entonces, ni un solo barco con carga saharaui ha pasado por el Canal de Panamá.
Siemens: el agitador del viento
La diplomacia marroquí comenzaba su misión en noviembre de 2015 en el marco de la COP 21, en París. Una partida de métrica libre con la misión de engatusar, a golpe de talonario, a las multinacionales que podrían remangarse en el país vecino. En la ciudad de la luz anunciaban su intención de reconversión, su meta de adaptarse a los desafíos de una “fuerte dependencia energética (94,6%) y un consumo energético creciente (se estima un aumento del 5,4% anual para el período 2014-2023)”, según informaba el ICEX.
Un año más tarde el país africano se convertía en el adalid de la energía renovable al ser el anfitrión de la COP 22, en Marrakech. De esta forma Marruecos se vendía a la comunidad internacional como un actor verde promoviendo un discurso de la esperanza renovable, aunque en realidad se trataba de la práctica del greenwashing (lavado verde). Los problemas ambientales dentro del país, desde la explotación de recursos hasta la expropiación de tierras y la contaminación del agua y el aire, contradecían completamente esta narrativa. En ese encuentro internacional en Marrakech, no hubo una atmósfera cargada de sudor y hostilidad porque la palabra Sahara Occidental estaba sepultada de los análisis de los principales medios. Pero, claro la empresa OCP fue uno de los socios oficiales del evento en 2016.
Sin embargo, a nivel político y económico el cambio de rumbo se iniciaba unos años antes, concretamente en 2009. Como explica Júlia Sierra, investigadora del Observatorio Derechos Humanos y Empresas en el Mediterráneo (ODHE): “El gobierno se marcó como objetivo que el 42% de la energía producida fuera renovable (14% hidráulica, 14% eólica y 14% solar) para el año 2020. Así fue como en noviembre de 2009 se anunció el Plan Solar Marroquí que contaba con una inversión de 9.000 millones de dólares. Mientras que en 2010 se firmó en Tánger el convenio marco del Programa Integral de Energía Eólica impulsado por el principal operador del país en materia regulador de energía, la oficina Nacional de Electricidad y Agua Potable (ONEE por sus siglas en francés) con una inversión estimada de 2.700 millones de euros”, señala.
Y aquí es donde entra la división española de la multinacional alemana Siemens. En 2017 la fusión de Gamesa Corporación Tecnológica y Siemens Wind Power daba como resultado la creación de la multinacional Siemens Gamesa Renewable Energy (Siemens Gamesa) con sede en el País Vasco y con pleno derecho en el escaparate capitalista del parqué bursátil madrileño. Hasta hace poco compartía accionariado con la otra gigante de las renovables, Iberdrola. En el caso concreto de Marruecos, Siemens Gamesa detenta el 84% de la cuota del mercado eólico del país, una de las prioridades del gobierno marroquí.
Pero la operación que violaría el derecho internacional es que esta multinacional del IBEX 35 ha entregado, instalado y puesto en marcha 22 aerogeneradores en el parque eólico de Foum el Oued, en el Sáhara Occidental ocupado. La ecuación se despeja con el titular cacareado por la propia empresa OCP en su informe anual en la página 7: “En 2019, el 86% de nuestras necesidades eléctricas fueron cubiertas con energía limpia”. Es decir, prácticamente toda la energía necesaria para la explotación y el transporte del fosfato en el Sáhara Occidental a través de la cinta transportador es generada por molinos de viento suministrados por Siemens. El mercado potencial de un colonialismo, ahora de color verde, que no cesa.
La brecha y la luz
En ocasiones, la trinchera del conflicto saharaui se presenta borrosa. Pero hay mucha concreción y luz para un triunfal salto adelante. En octubre de 2020, la empresa sueca de equipos de minería Epiroc anunció que ya no suministrará equipos de perforación a la mina de fosfato de Bou Craa. El pasado enero la empresa de fondos privados más grande de Noruega Storebrand, expulsaba a Siemens Gamesa y a la italiana Enel de su cartera por invertir en el Sáhara Occidental. Pero además, en febrero la alemana Continental anunciaba la finalización de sus operaciones con OCP en el Sáhara Occidental, según informaba la Western Sahara Resources Watch.
Entre las empresas españolas que al igual que Siemens contribuyen, no solo al expolio de los recursos, sino al mantenimiento de la ocupación, se encuentran REPSOL y CEPSA que suministrarían el maná esencial: el petróleo. Así lo documenta el documental OCUPACIÓN S.A. (2020), codirigido por Laura Daudén y el que suscribe estas líneas.
Aquí lo pueden ver completo:
