Por: Paula Mendoza

El pasado mes de marzo, se viralizó por medio de redes sociales y diferentes medios de comunicación, una noticia política que generó diversas opiniones, en su mayoría negativas, en torno a un proyecto de reforma constitucional que buscaba extender el actual período presidencial y legislativo hasta el año 2024. Es necesario hacer seguimiento a este tipo de iniciativas, porque como ya pasó con la reforma tributaria, suelen medir primero el pulso de la opinión pública frente a los temas y, más adelante, salir con la propuesta reformada y con los temas centrales solapados, para no generar resistencias.

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La propuesta, tenía como objetivo unificar las elecciones presidenciales y de Congreso, con la de alcaldes y gobernadores. Además, buscaba aumentar de 4 a 5 años los periodos de mandato del Presidente de la República, los congresistas, los gobernadores, alcaldes, diputados, concejales y ediles locales. La iniciativa fue propuesta por 22 congresistas pertenecientes al Centro Democrático (partido de gobierno), Partido de la U, Partido Liberal, Partido Conservador y Cambio Radical.

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La misiva fue calificada por muchos un intento de golpe de estado, al atentar contra la Constitución Política de Colombia, por intentar prolongar una elección que, hasta la fecha, se realiza de democráticamente cada cuatro años, con períodos definidos para garantizar el equilibro entre el ejecutivo y el legislativo.

Ante la noticia, la periodista María Jimena Duzán, por medio de su canal de YouTube “María Jimena en Vivo”, realizó un debate en el que participaron Katherine Miranda, Representante a la Cámara por el Partido Alianza Verde; Gustavo Bolívar, Senador de la República de la lista Decentes; Edward Rodríguez, Representante a la Cámara y miembro del Centro democrático;  Catalina Botero, abogada y especialista en derecho constitucional, derecho internacional de los DDHH y justicia transicional y José Gregorio Hernández, expresidente de la Corte Constitucional.

Todos, a pesar de sus diferencias ideológicas, coincidieron en tildar de negativa la intención que se tenía con la iniciativa y que, gracias al retiro de firmas de varios de los congresistas que inicialmente apoyaron la idea, no completó el número de firmantes mínimo que se requería para este tipo de actos legislativos y, por ende, el mismo día fue desestimado. 

Ver ¿Quiénes movieron el articulito que buscaba un golpe de Estado a la democracia? 

Dentro del debate se dejaron sobre la mesa varias hipótesis que, tal como lo mencionaron, demuestran que el “monstruo sigue vivo”, dando a entender que esta iniciativa fue una maniobra para “medir” el impacto social que podría generar una reforma de este calibre, pero que el objetivo final puede ir más allá.

Como se ha visto en escenarios anteriores, como el que se presentó un año atrás, cuando se hablaba de una reforma tributaria en la que incluso la canasta familiar iba a ser gravada con impuestos y que, después de la reacción social, se presentó una propuesta en la que no se incluía este tema, pero sí otros de gran impacto económico. Este tipo de salidas, demuestra que este proyecto podría fungir como una estrategia para mostrar una iniciativa muy negativa y después gestionar una un poco menos brusca, que sí los llevaría a conseguir algunos de sus objetivos. 

Entre otros, por ejemplo, que podrían apuntar a la unificación de las votaciones, tema que sería muy negativo en materia de poderes, pues según el abogado Rodrigo Uprimni “hace que las fuerzas ganadoras a nivel nacional carezcan de contrapesos locales, pues se trataría probablemente de las mismas fuerzas. Y podríamos correr el riesgo de que cometan abusos”, debido a que la gran mayoría de ciudadanos tiende a votar por las mismas fuerzas políticas, tanto a nivel local como a nivel nacional, lo que ahogaría la democracia local, incrementaría la polarización y nos pondría en un posible escenario de monopolización del poder local y nacional.

Ver: Unificar elecciones es deteriorar la democracia

Se espera que estas hipótesis no resulten factibles y que un atentado contra la democracia como el que se intentó, no surta un proceso de transformación para alcanzar los objetivos de poder de algunos partidos políticos, sobre todo de la coalición de gobierno, pues afectarían de manera grave el equilibrio institucional y el proceso democrático con las elecciones de 2022.