Por Silvia Ribeiro

Entre huracanes privatizadores que buscan entregar hasta el último recurso de México a las trasnacionales, se mantiene la resistencia popular contra los transgénicos.

Y la suspensión legal contra la siembra de maíz transgénico que un juzgado otorgó ante la demanda colectiva promovida por 53 personas y 20 organizaciones civiles, ambientalistas y campesinas, representadas legalmente por Colectivas AC.

Desde que se dictó esta suspensión en octubre 2013, las trasnacionales demandadas, Monsanto, Syngenta, Dow y PHI México (DuPont) y el propio Estado mexicano, a través de las secretarías de Agricultura y Medio Ambiente, han presentando más de 70 recursos legales contra la suspensión y la demanda.

Uno de los más llamativos fue el de Monsanto contra el juez Jaime Marroquín Zaleta, quien en diciembre de 2013 ordenó reinstalar la medida precautoria de suspensión contra la siembra de maíz transgénico, luego de que las empresas habían logrado revertirla por un breve lapso de tiempo. Monsanto, con uno de los peores historiales de envenenar con tóxicos a miles de seres humanos y al ambiente, pidió retirar al juez Marroquín acusándolo… ¡de parcialidad y falta de ética!

Este falaz argumento fue invalidado legalmente en el mes de agosto, ratificando al magistrado Marroquín y su capacidad para seguir interviniendo en el proceso. Otra victoria reciente es que se le negó a Syngenta el amparo contra la suspensión que había presentado la empresa, alegando que debía haber sido consultada antes de dictar la medida precautoria. El tribunal consideró que dicho amparo no era pertinente, debido a la gravedad de los daños que podía ocasionar la siembra.

Pese a las buenas noticias, aún quedan por resolver varios recursos contra esta acción colectiva y además, falta la consideración de fondo de la demanda, que plantea que por los daños que ocasionará el maíz transgénico, se violan los derechos al disfrute de la biodiversidad y a una alimentación y ambiente sanos, entre otros.

Otro aspecto notorio del proceso es que el Estado mexicano, a través de sus instituciones, está litigando como parte a favor de los intereses de las empresas. Lamentablemente, situaciones similares se repiten en muchas instancias del Estado que supuestamente deberían defender el interés público, pero usan los recursos y poder del Estado para favorecer a trasnacionales.

Un ejemplo flagrante de ello salió recientemente en el periódico electrónico Los Angeles Press, sobre la Comisión Intersecretarial de Bioseguridad y Organismos Genéticamente Modificados (Cibiogem), que gestiona las solicitudes de transgénicos. En la Cibiogem participan, entre otras, las dos secretarías mencionadas que están ahora litigando a favor de las trasnacionales. Su secretaría ejecutiva la ocupa Sol Ortiz, denunciada en 2009 por haber tomado los estudios de contaminación transgénica del maíz nativo en los que participó estando en la UNAM y entregarlos a una empresa comercial que argumentó falsamente que no existía contaminación.

Ahora, la secretaría de la Cibiogem organizó a una serie de científicos y empresarios allegados al organismo, para refutar, capítulo por capítulo, el libro El maíz en peligro frente a los transgénicoseditado en 2013 por la Unión de Científicos Comprometidos por la Sociedad (UCCS) y la UNAM. En este libro participaron más de 50 científicos de instituciones todo el país, aportando un amplio panorama crítico de los riesgos de los transgénicos para México, su biodiversidad, sus economías, su patrimonio genético y su soberanía. Se sumó a otros documentos científicos que la UCCS ha hecho llegar al gobierno demandando se detenga la autorización de transgénicos, llamado respaldado por más de 3 mil científicos nacionales y extranjeros.

En lugar de una discusión pública transparente y directa, con participación igualitaria de científicos críticos, abierta a la sociedad y a los grupos más afectados, la Cibiogem organizó un taller cerrado y excluyente, invitando solamente a actores pro-transgénicos, el 26 y 27 de junio, en un hotel capitalino, para preparar la denostación del libro. (Daniela Villanueva, 9/7/14, Los Angeles Press)

El artículo reproduce un correo electrónico de Agrobio México (asociación de las trasnacionales de transgénicos), donde éstos agregan a la lista de Cibiogem para la refutación, a técnicos y representantes de Monsanto, DuPont y otras empresas, a los que designa como aportes independientes.

Invitan también a una serie de científicos de instituciones académicas y privadas que Agrobio cuenta como amigos de su causa, tales como Ariel Álvarez (anterior secretario ejecutivo de Cibiogem), y otros conocidos defensores de transgénicos del IPN, Cinvestav, Instituto de Biotecnología de la UNAM y otros, para que participen en la tarea y asistan al exclusivo taller cerrado de la Cibiogem, a espaldas de la sociedad, pero pagado con recursos públicos. Agrobio agrega que el trabajo de ese taller será usado como insumo formalizado para el Foro sobre la Reforma del Campo, en el tema de Biotecnología (18 de julio, Irapuato).

La falta de ética en el uso de recursos públicos es evidente. La vacuidad y falsedad de los argumentos que esgrimen queda aún más clara con este tipo de manipulaciones. ¿O por qué le temen a los debates abiertos?

Mientras tanto, la resistencia de los pueblos y de la gran mayoría de la gente en México contra los transgénicos, para proteger el maíz, la milpa y las formas sanas de vida y alimentación, sigue caminando por muchos caminos y se mantiene en su diversidad, desde las milpas a las ciudades.

* Investigadora del Grupo ETC
La Jornada

Silvia RibeiroLa Haine