Por Redacción CRITERIO.HN
El impacto del Covid-19 más los huracanes Eta y Iota ha calado con más fuerza en las mujeres y amenaza con profundizar aún más la llamada feminización de la pobreza, según el Análisis Rápido de Género en Honduras presentado por las organizaciones CARE y ONU Mujeres Honduras.
Pobreza, violencia e inseguridad se han profundizado, sobre todo para las empleadas de maquila, trabajadoras domésticas y del sexo. Para el caso, durante la pandemia, la carga de trabajo doméstico y de cuidado de las mujeres ha aumentado en al menos cuatro horas al día; mientras que el 94.8 por ciento de las trabajadoras domésticas recibe menos del salario mínimo.
El estudio se realizó en octubre y noviembre pasado con más de 380 personas en 31 municipios de los departamentos de Cortés, Santa Bárbara, Intibucá y La Paz, dijo la directora de CARE en Honduras, Maite Matheu.
Su propósito es servir para que las organizaciones de respuesta humanitaria, el gobierno y la cooperación internacional puedan plantear estrategias y planes diferenciados que impacten en la vida de las mujeres y las niñas.
Antes de la pandemia y de los huracanes que azotaron a Honduras en noviembre pasado, Honduras ya tenía un 41.7 de pobreza extrema y un 64.7 de pobreza general, una de las tasas más altas de América Latina y el Caribe.
A pesar de que el país ha tenido tasas de crecimiento económico positivo en los últimos 20 años, no ha habido un impacto en la reducción de la pobreza, lo que “plantea un dilema muy grande”, dijo Matheu, porque desafía el modelo económico y social que se viene promoviendo y que de lo que da cuenta es de la ampliación de pobreza y desigualdad.
En su presentación, la directora de CARE señaló que el 33.5 por ciento de los hogares hondureños tienen una jefatura femenina, dato muy importante porque según las estadísticas nacionales estos se encuentran sobrerrepresentados en los quintiles de menores ingresos, lo que plantea un contexto bastante complicado en el cual se dan estos fenómenos naturales y la pandemia.
Según los datos oficiales y de organizaciones como Naciones Unidas y Care, más de tres millones de personas fueron afectadas por los huracanes Eta y Iota, de las que 2.9 están en una situación de alta vulnerabilidad y necesitan acciones humanitarias urgentes. De esta población, “estamos hablando que más del 50 por ciento son mujeres y 20.7 por ciento son niños, niñas, adolescentes y jóvenes”, muchos de los cuales están dependiendo solamente de las mujeres.
Debido al Covid-19 y los huracanes, el 32 por ciento de las mujeres perdieron su fuente de ingreso remunerado, lo que podría representar un retroceso significativo en sus vidas y en el desarrollo del país.
En ese contexto, se observa también la permanencia de las mujeres en la economía informal, la desestabilización económica y empresarial que pone en riesgo los medios de vida, tanto de la población asalariada como la que trabaja por cuenta propia, y significa un retroceso para los procesos de empoderamiento económico de las mujeres.
El análisis reveló también que las emergencias han generado discriminación y vulnerabilidad en el personal del área de la salud, aunque no trabajen atendiendo a pacientes con Covid-19. Además, el 49.97% de los casos confirmados del virus corresponde a mujeres.
Consigna también que se han debilitado o suspendido servicios esenciales de salud, entre ellos los relacionados con la planificación familiar, control de la mujer embarazada y tratamiento a personas viviendo con VIH.
Otro retroceso tiene que ver con la suspensión de las clases de forma total o parcial, que profundizará la problemática en cobertura y calidad educativa, así como la deserción escolar.
En el área rural, se ha limitado aún más el acceso y cobertura de agua potable, letrinas y alcantarillado.
El estudio también indica que durante 2020 se registraron 70 femicidios y hubo un aumento del 22% de lesiones. Además, 327 violaciones, 331 intentos de violación, 439 casos de acoso sexual, 76,520 llamadas de auxilio o reporte de violencia al 911, un promedio diario de 283 y un 8% más que en 2019.
Una de las recomendaciones es apoyar a las organizaciones de mujeres, trans, lésbicas y casas de refugio que a pesar de no tener programas de respuesta han jugado un papel importante.
Además, acciones integrales que prioricen el acceso a servicios para las mujeres y políticas públicas para mejorar la protección social de grupos en condición de vulnerabilidad.