Cuando los fondos buitre estaban asfixiando de manera irreversible al pueblo congoleño, el Presidente de los Estados Unidos jugó la carta que le permite interceder por encima de las decisiones del Poder Judicial de su país. George W. Bush tuvo un gesto humanitario y deslegitimó el reclamo para el cobro total, más intereses, de los bonos de deuda externa emitidos por el país africano, que había vivido años antes una de las páginas más sangrientas y lamentables de la historia de la humanidad.

Es el antecedente por el cual el gobierno argentino presiona a Barack Obama para que imponga el sentido común político por encima de la interpretación arbitraria de un Juez Federal de la Corte de Nueva York que falló a favor de los tenedores de deuda argentina y que no entraron en la reestructuración del 2005 y del 2010, es decir los holdouts. Es bueno recordar que casi el 93% de los acreedores argentinos aceptaron una quita del valor de sus bonos para poder cobrarlos, ya que en 2001 la Argentina había consumado la quiebra.

Un porcentaje mínimo de esos 7% que no entraron en los acuerdos con el gobierno argentino, llevan años litigando para cobrar el 100% del valor nominal de los bonos, cuando han sido comprados al 20 o 25% de su valor, de ahí la condición de buitres que se les adjudica, ya que se trata de fondos de inversión que compran deudas de empresas o países arruinados por mucho menos de su valor real y obligan, vía judicial, a ser pagados por su valor total, más intereses y costos. Así fue que la Argentina soportó más de 200 juicios de en su contra en varios países del globo, con distinta suerte.

El fondo Elliot

En el caso del fondo de inversión NML Elliot, cuya cabeza visible es el lobbysta republicano norteamericano Paul Singer es bueno recordar que adquirieron bonos emitidos durante la mayor estafa que se la hizo al pueblo argentino, el “Megacanje”. Que consistió en un préstamo entre bancos para pagar intereses vencidos y donde el gobierno argentino servil incorporaba como deuda pública, deuda de privados. Así que este fondo no sólo no le prestó dinero a la Argentina, sino que además pretende cobrar el 100% de una deuda odiosa. Según los cálculos del juez norteamericano los beneficios por bono podrían ascender a un 3473 por ciento de ganancia.

El gobierno argentino de Néstor Kirchner en 2005, buscando salir del default que convertía a la Argentina en un país no confiable aceptó hacerse cargo del total de la deuda, que tenía sus raíces en la dictadura cívico-militar que duró de 1976 a 1983, pero si los acreedores aceptaban una quita importante de su valor, que llegó en algunos casos hasta el 75%. En estas condiciones la Argentina emprendió el pago de su deuda externa.

Paul Singer es uno de los principales responsables de la bancarrota de la ciudad de Detroit el año pasado, y en su estrategia de negociación extorsiva con el gobierno de Obama, utilizó incluso la compra de acciones de empresas autopartistas arruinadas para, a través de un bloqueo patronal, paralizar la industria automotriz norteamericana, ya en estado de emergencia. De esa maniobra Singer obtuvo 12,9 mil millones de dólares del Banco del Tesoro estadounidense, motivo por el cual se duda que Obama se atreva a contradecirlo.

La Presidenta Cristina Fernández de Kirchner busca la manera de poder resolver el pago de la deuda sin afectar la reestructuración con quita que se hizo en mandatos anteriores. Si antes de fin de año la Argentina le pagara a alguno de sus acreedores en mejores condiciones que al 92,4% de los acreedores que entraron en el canje de deuda, automáticamente, el 100% de los acreedores tendrían derecho a cobrar la totalidad del valor de sus bonos. Esta desproporcionalidad llevaría a la Argentina a deber más de 2 veces su PBI, con lo cual estaría condenada a volver a declarar la bancarrota.

¿Es esto lo que buscan los fondos buitre? pareciera que sí, ya que además de los bonos, cuentan con seguros contra default, que, a priori, parecerían más fáciles de cobrar que los bonos argentinos.

El ISDA

La ISDA (acrónimo de International Swaps and Derivatives Association) se creó en los 80 y desde los 90 se ha convertido en una suerte de tribunal que define el estado de salud económica de  las deudas soberanas o empresariales, otorgándose la potestad de decidir sobre los mercados financieros internacionales. Esta entidad está conformada por los 15 bancos o fondos de inversión más importantes del mundo, entre los que se encuentra el NML Elliot, así que en la sesión extraordinaria que se dictó para definir si Argentina se convertía en un país que no honoraba sus deudas, eran juez y parte.

Los 15 votaron unánimemente que la Argentina estaba en default técnico al no haberse cumplido el pago efectivo a sus bonistas en tiempo y forma. Lo extraño es que a la semana siguiente no se ejecutaron los seguros antidefault porque la misma ISDA votó por unanimidad diciendo que la Argentina sí había efectuado el pago y era un Juez de Nueva York (Thomas Griesa) el que no permitía que el pago se hiciera efectivo. No estamos aquí para tratar de entender la esquizofrenia de los operadores de deuda, pero es bueno tener en cuenta estos detalles para poder entender el nudo de la cuestión.

El Juez Griesa plantó un mediador entre la Argentina y los buitres, entre otras cosas porque no conseguía entender lo que se estaba discutiendo y negociando. La Argentina, sin embargo, denunció que el mediador no era tal, sino que estaba conchabado con los holdouts.

Armas de desestabilización masiva

A todo esto en Argentina una empresa norteamericana (la gráfica Donnelley) decreta la quiebra de forma exprés, en un fin de semana un juez acepta las pruebas presentadas por la empresa que, mágicamente, pasa de ganar millones a deberlos en un agujero técnico incomprensible. El cierre deja 400 trabajadores en la calle y alimenta la campaña del “Grupo de tareas anti Argentina” (American Task Force Argentina) contratado por Paul Singer que busca socavar la credibilidad del país frente al mundo. En todos los foros y reuniones bilaterales de las que participó en el último año la Argentina consiguió el apoyo explícito de todos los países e incluso de otros fondos de inversión de voracidad menos carroñera en su lucha contra los buitres y en su denuncia del desorden financiero global que ha desencadenado el anarcocapitalismo especulativo.

Fue tan grosero el golpe de efecto buscando con esta quiebra que la Presidenta Cristina Fernández pidió que se le aplique la Ley Antiterrorista a la empresa transnacional, mientras la Unidad de Investigación del Fraude económico, lanzaba una investigación internacional para ver si el origen de la quiebra tenía algo de legitimidad.

El plan de este grupo de tareas es generar la sensación de caos y derrumbe de la Argentina, campaña que se suma a los grupos opositores argentinos también interesados en que este gobierno no llegue hasta el final de su mandato. En ese sentido se puede enumerar el levantamiento policial de diciembre pasado que buscó generar una ola de saqueos y homicidios, la corrida cambiaria de dólares que condujo al gobierno a la devaluación en enero y la persecución mediática de diferentes funcionarios que debieron ser apartados de sus funciones como Mercedes Marcó del Pont, Presidenta del Banco Central de la República Argentina, el Ministro de Economía Hernán Lorenzino, el Jefe de Gabinete de Ministros Juan Manuel Abal Medina o el Secretario de Comercio Guillermo Moreno, entre otros.

La estrategia del gobierno cambió y tuvo que salir al choque reactivando una serie de planes sociales, reduciendo el impuesto a las ganancias, redireccionando los subsidios al transporte y al consumo, entre otras medidas.

Cristina Fernández se debate, entonces, entre intereses extranjeros y locales que buscan destruir el poder político estatal acusándolo de “despilfarrador” por el otorgamiento de ayudas a niños, desempleados, adolescentes, pequeñas y medianas empresas, embarazadas y a jubilados y de no poder controlar la inflación. Siendo desprestigiadas todas las acciones gubernamentales destinadas a combatir los aumentos de precios.

El Vicepresidente

Unos párrafos más arriba hice referencia a los funcionarios que debieron apartarse de sus cargos. Casi milagrosamente hay uno que persiste en él y contra el que se ha propalado, quizás, la mayor campaña de destrucción jamás concebida. En esta estratagema es posible descubrir la complicidad entre grandes grupos empresariales multimedios y jueces adictos y la relación permanente con políticos y servicios de inteligencia.

Sin ahondar en los detalles de esta trama, vale mencionar que la denuncia por la que fue procesado el Vicepresidente Amado Boudou por el supuesto intento de quedarse con la empresa que emite el papel moneda en la Argentina, proviene de una denuncia efectuada por un sargento del ejército que dijo haber escuchado una conversación en una cafetería y que al estar de espaldas no puede reconocer de quién se trataba. Jorge Orlando Pacífico, el militar, formó parte del intento de golpe de estado perpetrado por Aldo Rico en 1987 y más tarde engrosó las filas del partido político que el “jefe carapintada” creara, el Modin. Pacífico también fue acusado de haber participado en el atentado terrorista más violento que vivió la Argentina, la voladura de la AMIA, hecho en el que se lo relacionó como uno de los suministradores de explosivos a los terroristas. Todos los posibles testigos desaparecieron de forma trágica.

A partir de esta denuncia, poco menos que fantasiosa, surgió una investigación en la que los acusados pasaban a ser testigos, después víctimas, para luego volver a estar imputados en una causa que nutrirá varios libros de aventuras judiciales en el futuro.

El caso Boudou es paradigmático y permite entender las estratagemas pergeñadas por estos poderosos lobbys, que no sólo esperan el traspié para abalanzarse sobre la presa, sino que son predadores dispuestos a perseguir y agotar a sus víctimas más suculentas. No por nada los buitres elucubran planes para apoderarse de los recursos naturales de los países que vampirizan.