El 9 de diciembre de este año, la Organización Human Rights Watch publicó un informe sobre la violencia sexual sufrida por niñas, niños y adolescentes en instituciones educativas de Ecuador desde 2014. Esta investigación evidencia, entre otras realidades, la revictimización a la que se les somete. El informe da cuenta de la violencia sexual que sufren niñas, niños y adolescentes desde la educación preescolar hasta el bachillerato, y cuáles son los obstáculos que han tenido para la consecución de justicia. Uno de los datos que causa alerta es que 4221 estudiantes sufrieron violencia sexual entre el 2014 y mayo del 2020. Entre las vulneraciones se cuenta la falta de personal capacitado para tratar estos casos, produciendo más violencias y en muchos casos dificultando el acceso a justicia. Por estas y otras razones, algunos perpetradores siguen impunes.
Estas violencias sexuales no solo se producen de docentes a estudiantes, también de estudiantes a estudiantes. Sobre esto, las dificultades de las víctimas parten también de docentes de las instituciones educativas que no guían adecuadamente o no dan respuestas que protejan a la víctima. Esto se ha dado por falta de conocimiento, apoyo al victimario o protección de la imagen institucional, razones por las cuales amenazan y disminuyen el delito cometido. Esto da cuenta de un problema estructural y cultural.
Es necesario generar medidas de acompañamiento de diversas instituciones a estos casos. Sin duda, la falta de conocimiento de lo qué es una violación, o que las víctimas no tengan claro que no es su culpa, son temas que se deben trabajar desde la educación. La falta de conocimiento dificulta el acceso a justicia, ya que las víctimas no denuncian porque no se piensan víctimas.
Entre los casos que analizó la organización, uno de ellos es la Academia Aeronáutica Mayor Pedro Traversari (AAMPETRA) del año 2010, donde a pesar de existir una sentencia desde el 2016, la institución educativa privada no acogió todas las medidas. De acuerdo con el informe, algunos de los sobrevivientes en los diversos casos refieren que, a pesar de haber ido a juicio, sienten que no recibieron justicia.
Por otra parte, el informe reconoce que el país ha implantado importantes medidas a través de la Fiscalía y el Poder Judicial, instituciones que han permitido desde el año 2017 un mejor acceso a la justicia y reconoce también habido avances por la lucha de la sociedad civil y los diversos familiares de las víctimas, como es el caso de Paola Guzmán Albarracín, el cual llegó a la Corte Interamericano de Derechos Humanos en este año. Esto fue posible por la lucha constante de su madre Petita Albarracín. En la sentencia de declaró al país como responsable de los abusos contra Paola, estudiante que fue violada por el vicerrector de la escuela y se suicidó.
Entre las reparaciones solicitadas se encuentra el aumento de recursos para prevenir la violencia sexual en instituciones educativas, así como políticas nacionales que trabajen desde la prevención otros temas relacionados como el embarazo adolescente y la violencia de género. De igual forma, se insiste en el aumento de departamentos de Consejería Estudiantil, y el cumplimiento de la obligación de denunciar estos casos.
Sin duda, si cumple el Estado, esto favorecerá a que los sobrevivientes de estos casos puedan acceder a justicia, y se pueda prevenir la sucesión de estas y otras violencias contra niñas, niños y adolescentes.
Aquí puedes leer el informe completo .
