Por: Zenaida Espinosa Cabrera

El actual Gobierno que representa al partido Centro Democrático y que, desde los inicios de los diálogos de paz en La Habana, ha sido su más férreo opositor, pues siempre mostró reparos e impulsó el “No” al plebiscito, miembros del partido manifestaron incluso públicamente el deseo de hacer trizas la paz. Desde su posesión, el Presidente Iván Duque Márquez, ha demostrado ese mismo talante de desinterés frente al cumplimiento con la implementación de los seis (6) puntos acordados: objetó la Ley Estatutaria de la JEP; su bancada en el Congreso se opuso a la aprobación de las 16 curules para las víctimas y los recursos para el funcionamiento de la JEP, y la implementación de los acuerdos en el territorio han sido recortados, entre otros asuntos. 

Por otro lado, más grave aún, ha sido la falta de garantías para ex combatientes, líderes y lideresas sociales, que exigen en sus territorios una verdadera política de sustitución de cultivos ilícitos, la presencia del Estado, no solo con la militarización, que tampoco ha sido garantía suficiente, sino con inversión social para las comunidades que siempre han estado marginadas por el Gobierno Central y que, en muchos casos, se conocen después de ocurridas tragedias naturales, masacres o asesinatos.

A punto de cerrar este 2020, “La Paz con legalidad” que el Gobierno ha promovido prácticamente como un slogan, solo se ha quedado en eso, en un slogan; pues no ha cumplido sus objetivos, como lo pretende mostrar el gobierno; pues está desconectada de la realidad del país y ha desconocido las políticas planteadas en el Acuerdo de Paz. Pese a los constantes llamados para garantizar la seguridad y la vida  en los territorios, a diario ocurren asesinatos contra líderes y masacres sin que haya una verdadera respuesta a las comunidades.

Ver: Dos años de la política de paz con legalidad, sin “paz”

El 4 de diciembre fue asesinado en la vereda Munchique Buenos Aires (Cauca), Guildon Solís Ambuila, líder social, defensor de derechos humanos. Meses atrás, Ambuila ya había recibido amenazas en su contra.

El  5 de diciembre se conoció el asesinato del Coordinador Local de jóvenes del resguardo  Munchique Carlos Escué, hechos que ocurrieron en el Norte del Cauca. Ese día también fue asesinado, en el mismo departamento, Eduardo Pino Julicué, hijo de la lideresa indígena Nasa, Luz Eyda Julicué.  

El 6 de diciembre el partido FARC, a través de su twiter, informó sobre el asesinato de Fernando Trochez Ulcue, quien participó de la dejación de armas, resultado del Proceso de Paz en el Espacio Territorial de Capaitación y Reincorporación (ETCR) Carlos Perdomo. Con este hecho, ya son 245 ex combatientes asesinados desde la firma de los Acuerdos.

La masacre de, al menos, cuatro personas en la vereda San Pedro, Santander de Quilichao (Cauca), los hechos ocurrieron a 10 minutos de la cabecera municipal, donde hombres armados llegaron y dispararon indiscriminadamente a los que se encontraban en el lugar.

Y para completar el temor y la inseguridad en el departamento del Cauca, las disidencias de las FARC declararon objetivo militar a las comunidades de Santander de Quilichao, Suárez, Miranda, Corinto, Caloto, Jambaló a través de panfletos amenazantes, donde los acusan de ser cómplices del Gobierno.

Ver: Colombia: grupos armados asesinan a cuatro indígenas y declaran «objetivo militar» a los líderes

El Coordinador Regional de Cormacarena y defensor de Caño Cristales, Francisco Javier Parra, fue asesinado al parecer, por disidencias de las FARC. Con este asesinato los responsables mandan un mensaje de control territorial de la Amazonía para continuar la deforestación y sacar provecho de ella. Las amenazas a Guardaparques se han dado desde principios del año, cuando muchos de ellos salieron de 10 áreas protegidas, después de ser amenazados por las disidencias.

El 10 de diciembre se presentó una nueva masacre en el sector conocido como “la Y”, de la vereda Gualandayes, zona rural de San José del Guaviare; tres fueron las víctimas que se transportaban en una camioneta, entre ellas el ex combatiente y firmante de la Paz Fernando Heredia Ruíz.  

El Departamento del Chocó, otra región azotada nuevamente por la violencia, se presentaron ocho (8) muertes en solo dos días. Se trató de jóvenes que no superaban los 24 años de edad.  El drama del desplazamiento de las comunidades indígenas en Bahía Solano, tras el asesinato del Líder Miguel Tapí, fue registrado por el reconocido fotógrafo Jesús Abad Colorado. 

 

José Marrugo, líder social, defensor de los recursos públicos y del medio ambiente, denunció amenazas y su vida corre peligro, toda vez que sicarios del denominado Clan del Golfo, pusieron precio a su cabeza por 5 millones de pesos, así lo dio a conocer el líder a través de su Twitter. Marrugo aspiró en las últimas elecciones legislativas al Concejo de la ciudad de Sincelejo, departamento de Sucre, por una alianza de partidos de centro e izquierda entre el Polo Democrático, la Unión Patriótica, Colombia Humana y el Partido Verde.

El 11 de diciembre, en zona rural de El Bagre, en el Bajo Cauca de Antioquia, fueron asesinadas 4 personas, convirtiéndose en la masacre número 82 en lo corrido del año. Mientras tanto, en Yolombó, Nordeste antioqueño, fue asesinada la Lideresa Social Elizabeth Betancur García, quien se desempeñaba como Coordinadora de Capacitación Comunal del Capítulo Yolombó de la Red Nacional de Mujeres Comunales.

En la ciudad de Cali, capital del Valle del Cauca, la reconocida lideresa comunitaria del barrio Villa San Marcos, Silvia Helen Rodríguez, fue atacada en un comedor comunitario por un hombre quien, tras forcejear con ella, accionó su arma y le ocasionó una herida en el cuello.  

Ver: ¿Mijo tú me vas a matar? Le preguntó lideresa a sicario que le disparó

Para el analista Ariel Ávila, “si bien el gobierno nacional ha culpado del deterioro de la seguridad al narcotráfico, lo cierto es que, el fenómeno, en territorio es más complejo. Colombia estaría cruzando lo que podría denominarse una tormenta perfecta en términos criminales”.

Ver: Las masacres que desangran a Colombia

¿Para qué sirven los consejos de seguridad? ¿Es la estela de muertes y el retorno al pasado la llamada “paz con legalidad”? Son las preguntas a las que en Colombia se les exige respuestas.