Largas filas. Filas de personas que esperan para conseguir comida en los bancos de alimentos se extienden a lo largo de cuadras y cuadras en los vecindarios urbanos de Estados Unidos. En los suburbios y zonas rurales del país, se multiplican las filas de automóviles de varios kilómetros de longitud, al tiempo que las personas que pasan hambre y sufren de inseguridad alimentaria esperan durante horas para poder recibir una caja con comida, muchas de ellas por primera vez en su vida. También crecen las filas en los centros de diagnóstico de COVID-19, a medida que los contagios se propagan a un ritmo exponencial, con más de un millón de casos confirmados por semana en Estados Unidos. Ya van nueve meses desde el inicio de la pandemia y todavía hay una escasez generalizada de pruebas de diagnóstico para detectar el coronavirus. A pesar del alto riesgo de exposición al virus durante los viajes en avión y en las grandes reuniones familiares, largas filas de personas se acumulan ante los controles de seguridad de los aeropuertos y se congregan en las puertas de las terminales aeroportuarias. La Administración de Seguridad en el Transporte informa que, el fin de semana pasado, más de tres millones de pasajeros viajaron a través de los aeropuertos de Estados Unidos, lo que constituye el número más alto desde mediados de marzo. Todo este movimiento, en medio de una explosión de contagios, hospitalizaciones y muertes por COVID-19, que sobrepasan la capacidad de las morgues en algunas ciudades del país, ha obligado a los funcionarios de salud pública a suplicarle a la población que se quede en casa durante las festividades del Día de Acción de Gracias.
La pandemia nos confina a todos a la par, aunque nos obligue a estar separados, y deja al descubierto el racismo sistémico, la desigualdad creciente y los defectos fundamentales de nuestro sistema de gobierno. Todos necesitamos comer para vivir, pero aquí, en Estados Unidos, la nación más rica de la historia de la humanidad, muchas personas están pasando hambre.
El profesor Raj Patel, un investigador especializado en estudios sobre el sistema alimentario mundial de la Universidad de Texas, dijo en una entrevista con Democracy Now!: “Siempre nos referimos a la pandemia de COVID-19 como la gran reveladora de las desigualdades en Estados Unidos, pero cuando escuchas que alrededor del 40 % de los hogares estadounidenses se enfrentan a algún tipo de inseguridad alimentaria, te das cuenta de que se ha roto un nuevo récord, y uno bastante sombrío”.
En un informe publicado en octubre, Feeding America, una organización sin fines de lucro que gestiona la principal red de bancos de alimentos de Estados Unidos, estima que 50 millones de personas sufrirán inseguridad alimentaria como resultado de la pandemia el país. El informe también señala: “Desde que comenzó la crisis, los bancos de alimentos se han enfrentado a una ‘tormenta perfecta’, que implica un aumento en la demanda de alimentos, una disminución de las donaciones debido a los desafíos que enfrenta la cadena de suministro de alimentos, una menor cantidad de voluntarios para dar una mano y otras alteraciones”. Los menores son los más vulnerables, en especial los millones de niños y niñas que dependen de las comidas servidas en las escuelas, que ahora están cerradas o han limitado las actividades presenciales y sus servicios durante la pandemia. El mes pasado, un tribunal federal revocó una política del gobierno de Donald Trump que habría dejado a 700.000 personas sin acceso a sus cupones de alimentos, proporcionados bajo el Programa de Asistencia Nutricional Suplementaria, en medio de la pandemia.
Si bien en las últimas semanas hemos recibido noticias prometedoras sobre las vacunas contra el nuevo coronavirus, la posibilidad de que se pueda vacunar a la población dentro de seis o nueve meses no pone comida sobre la mesa.
¿Cuál es la respuesta del presidente Donald Trump? El presidente publica incesantemente mensajes sobre teorías conspirativas en Twitter, juega al golf y, en un claro desafío a las pautas de salud pública, fomenta la inmunidad colectiva y se la impone a toda la población, permitiendo que el coronavirus se propague por el país sin impedimentos. El líder de la mayoría republicana en el Senado, Mitch McConnell, le dio la semana libre a todos los senadores por las festividades de Acción de Gracias. En respuesta, la congresista demócrata Alexandria Ocasio-Cortez dijo: “En la semana del Día de Acción de Gracias, nuestro país está pasando hambre y el Senado no está trabajando. No me importa de qué partido sean. Es un abandono de nuestras responsabilidades”.
Mientras millones de personas no tienen acceso a la comida que tanto necesitan, los trabajadores y trabajadoras que producen los alimentos también se exponen a enormes riesgos durante la pandemia. Muchos de estos trabajadores esenciales, desde agricultores y distribuidores, hasta quienes abastecen los estantes de los supermercados y entregan las compras, han contraído COVID-19. Ellos no pueden darse el lujo de trabajar desde casa.
Los trabajadores de las plantas empaquetadoras de carnes han sufrido algunos de los peores brotes de coronavirus de todo el país. En la primavera boreal de este 2020, cuando el coronavirus arrasaba las plantas empaquetadoras de carne en todo Estados Unidos, el presidente Trump ordenó que las plantas siguieran trabajando. Los trabajadores, muchos de los cuales provienen de comunidades de inmigrantes y de hogares multigeneracionales, se vieron obligados a trabajar en espacios cerrados, a menudo con un equipo de protección personal contra la COVID-19 mínimo, sin distanciamiento social y prácticamente sin acceso a pruebas de diagnóstico.
Un estudio reciente de la Universidad de Columbia concluyó que, hasta el 21 de julio, las plantas empaquetadoras de carne habían sido la fuente de hasta 300.000 casos de COVID-19 y hasta 5.200 muertes a nivel nacional, más que nada debido a la propagación comunitaria del virus a través de trabajadores que se habían contagiado en las plantas.
Sedika Buljic, Reberiano García, José Ayala hijo e Isidro Fernández trabajaban en la planta de procesamiento de carne de cerdo de la multinacional Tyson Foods en la ciudad de Waterloo, en el estado de Iowa, y todos fallecieron entre abril y mayo por complicaciones derivadas de la COVID-19. En una demanda que las familias de los trabajadores presentaron contra Tyson Foods se hace la impactante acusación de que “el gerente de planta Tom Hart había organizado un juego de apuestas con dinero en efectivo y una modalidad donde el ganador se llevaba todo, para que los supervisores y gerentes apuesten cuántos empleados de la planta darían positivo por COVID-19”. Al final, fallecieron al menos seis trabajadores y más de 1.000 se contagiaron de coronavirus. La empresa multinacional suspendió a Hart y a por lo menos otro gerente más, al tiempo que lanzó una investigación al respecto. Mel Orchard, abogado de las familias, le dijo al periódico Waterloo-Cedar Falls Courier: “Esto no va a cambiar lo que sucedió. Estas personas ya se fueron, pero ¿podemos prevenir otras muertes como estas en el futuro?”.
La respuesta a esta pregunta es poner en marcha una iniciativa federal coordinada en todos los niveles, que incluya pruebas gratuitas de diagnóstico, rastreo de contactos y distribución equitativa de las vacunas contra la COVID-19. En cuanto a este fin de semana largo por el Día de Acción de Gracias, de ser posible, quedémonos en casa. Pensemos en el riesgo al que se exponen quienes nos proveen los alimentos y extendamos nuestra solidaridad y nuestro apoyo a los más necesitados.
