Entre las curiosidades de la política chilena destaca la aprobación por amplia mayoría en el Congreso Nacional de leyes que casi todos estiman inconvenientes. Es lo que ha ocurrido con las dos reformas constitucionales que les permiten a los trabajadores hacer uso de sus fondos de pensiones. Dos retiros que suman el equivalente al 20 por ciento de sus ahorros previsionales, cuando ya se habla de una tercera iniciativa al respecto siempre con la intención de aliviar la situación de los millones de hogares afectados por la crisis sanitaria.
Todo esto no sería tan absurdo si se considera que uno de los grandes problemas nacionales radica en el miserable monto de la jubilaciones que pagan las usureras administradoras de fondos previsionales (AFPs) y que con estas sustracciones podrían deteriorarse aun más. “La necesidad tiene cara de hereje” dice el refrán y explica en este caso la negativa del Gobierno de Piñera de otorgar más subsidios a los dos millones de trabajadores que continúan sin empleo e imposibilitados de cubrir siquiera sus necesidades más elementales. Un reciente informe del Banco Mundial estima que después de la Pandemia al menos 800 mil personas van a dejar de pertenecer a la clase media, reincorporándose a la ya enorme cantidad de pobres e indigentes. Muchos de los cuales, como anotan algunos expertos, padecen actualmente hambre, pierden sus bienes y se sumen en la desesperanza. Con todo lo cual, la población naturalmente se muestra iracunda y más violenta que antes.
No es que la clase política esté verdaderamente conmovida por el dolor y la impotencia que sufren tantos habitantes. Lo que pasa es que tiene miedo a que retorne el Estallido Social y que en los próximos comicios parlamentarios, municipales y para elegir gobernadores los resultados puedan resultarles transversalmente muy adversos. Ya el reciente plebiscito, que aprobó por casi un 80 por ciento la necesidad de una nueva Constitución, tuvo como resultado agregado que todavía más electores rechazaran la idea de que la futura Convención Constituyente tenga representantes del Poder Legislativo. Una manifestación muy explícita del repudio que hoy existe hacia nuestros gobernantes cuanto del deseo que la nueva Carta Fundamental sea redactada únicamente por representantes del pueblo y elegidos ad hoc por la ciudadanía.
No deja de llamar la atención que los mismos parlamentarios que pospusieran por treinta años la promesa de una nueva Constitución, dilataran por tanto tiempo la demandada reforma del sistema de pensiones, siguieran privatizando empresas públicas y estratégicas, como otorgándole a los capitales foráneos la explotación de los yacimientos, reservas acuícolas y forestales, hoy consientan en reformas que hasta pudieran parecer revolucionarias bajo un gobierno de derecha y de corte empresarial. Cuando los antecesores de Sebastián Piñera presumían de socialistas o social cristianos y se mantuvieran complacidos por el país exitista que se aparentaba.
“La derecha y la izquierda unidas nunca serán vencidas” decía sarcásticamente el poeta Nicanor Parra, y no es que se haya producido un sincretismo ideológico y moral, sino solo el terror que le produce a todos el levantamiento popular que, como se sabe, no reconoce líderes en partido político alguno y muestra en la Araucanía y, especialmente en las concentraciones capitalinas, una ira inédita en nuestra historia republicana, donde lo que siempre se impuso es la brutal represión policial y militar. Si hasta los altos mandos castrenses le han hecho ver a las autoridades que el Chile de hoy ya no es el de 1973 y dificultan mucho que todos sus efectivos puedan hacer frente a la rebelión que avanza. Mientras se acongojan por las “turbas” que ostentan cada vez más armas de guerra y recursos del narcotráfico, el nuevo referente que hace gala hoy en las poblaciones marginales.
Por cierto que en el Parlamento también hay muchos que lo que más les preocupa es perder sus cargos, estipendios e influencias, en una especie de confianza ciega en que siempre los efectivos de la FFAA y de las policías serían capaces de salvarlos, poner orden y proteger sus intereses. Muchos, por supuesto, le están poniendo fichas al proceso constituyente que se abrió con el último plebiscito, sin considerar que, además del deseo de un nuevo orden institucional, lo que la inmensa mayoría exige es pan, trabajo, pensiones justas, salud, educación y libertad. Recuperación, también, de nuestras riquezas básicas y efectiva soberanía sobre los generosos recursos de nuestro territorio y mar. Más todavía cuando ya quedan en evidencia las trampas que el Ejecutivo y los parlamentarios les dejaron puestas a la libre elección de constituyentes, como los quórums establecidos para aprobar la nueva Carta Magna. De todas las zancadillas que se les están poniendo, por ejemplo, a la postulación de candidatos no militantes y del mundo social, a fin de mantener el monopolio de los partidos.
De allí que muchos quieren aprovechar este tiempo a adviento electoral para propiciar leyes que favorezcan la equidad social, terminen con los privilegios empresariales y la impunidad en los procesos de corrupción política y empresarial. Entre las múltiples demandas que exigen terminar, además, con las abusivas exenciones tributarias, el abultado gasto militar, el fin de las millonarias utilidades de la salud privada, las AFPs y hasta las elevadas tarifas de las carreteras concesionadas y del agua potable, gas, electricidad y otros servicios en manos foráneas. Ya se habla de aprovechar esta curiosa convergencia política cupular para imponer un impuesto patrimonial que grabe a los más ricos no solo para obtener recursos destinados a las víctimas de la pandemia, sino para empezar a acortar las siderales brechas existentes entre ricos y pobres.
También es curioso comprobar cómo los propios ex ministros de Hacienda y Economía de los gobiernos de la Concertación y la Nueva Mayoría descubren las groseras evasiones y elusiones tributarias que le han hecho perder al Fisco enormes recursos para enfrentar las catástrofes naturales y fomentar, entre otras inversiones la construcción de carreteras, hospitales y establecimientos educacionales. Ahora descubren ellos mismos los multimillonarios recursos en que se funda el peculio de un puñado de chilenos que forman parte de la extrema riqueza nacional. Una actitud desvergonzada si consideramos todo el tiempo de connivencia con empresarios tan abominables como Julio Ponce Lerou y aquellos protagonistas de las colusiones para elevar los productos farmacéuticos, alimenticios y hasta del papel higiénico. Los mismos que les evitaron a los inversionistas extranjeros, además, pagar debidos royalties por la explotación de nuestros recursos no renovables.
Lo razonable es entender que las convocatorias electorales no debieran suspender o aminorar la presión social, la presencia del pueblo en las calles de todo el país. En ningún caso dejarse ilusionar por la disposición pasajera de la política, ni por la prácticamente imposible convergencia de los sectores llamados vanguardistas, de cuyo canibalismo electoral para nada se han zafado.
La unidad debe ser, por sobre todo, social y moral.
