Por Marcela Belchior

En los últimos días, casualmente días después del contacto inicial de una comunidad indígena en la región amazónica de Brasil con representantes de la Fundación Nacional del Indio (FUNAI), amenazados por el avance de la extracción ilegal de madera en la región, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) de la Organización de Estados Americanos (OEA) publicó un informe sobre la situación de los pueblos indígenas que no fueron colonizados y no tienen relación permanente con las sociedades hegemónicas actuales. El documento «Pueblos indígenas en aislamiento voluntario y en contacto inicial en las Américas», hace recomendaciones para evitar que esta población desaparezca o se vuelve cada vez más vulnerable.

 

De acuerdo con la CIDH, en la actualidad existe una demanda alta y creciente de recursos naturales que se encuentran en los territorios de los pueblos indígenas, como madera, hidrocarburos, combustibles fósiles, minerales y recursos hídricos. Esta búsqueda económica lleva a la incursión de personas no indígenas a sus tierras, poniendo en peligro su existencia.

 

En el continente americano, es conocida la presencia de pueblos indígenas en situación de aislamiento voluntario o en contacto inicial en Bolivia, Brasil, Colombia, Ecuador, Paraguay, Perú y Venezuela. Hay también indicios de su presencia en Guyana y Surinam, en la región fronteriza con Brasil. Según la Comisión, los Estados de América del Sur han reconocido, con diferentes formas y niveles de protección, más de 9 millones de hectáreas en favor de estas comunidades.

 

«A pesar de estas protecciones jurídicas, en la práctica las prohibiciones de acceso a estas áreas no siempre son respetadas, ni se realizan acciones para hacerlas cumplir”, destaca la CIDH. Las consecuencias, señala la Comisión, son violaciones al derecho a la vida e integridad de estos pueblos.

 

«Las agresiones físicas directas, las incursiones a sus territorios para extraer recursos naturales, las epidemias, la escasez de alimentos, y la pérdida de su cultura, todas presuponen un contacto”, explica la comisión.” Si fuera eliminado el contacto no deseado, también será eliminada la mayoría de las amenazas y garantizado el respecto a los derechos de esos pueblos”, agrega.

 

Asimismo, la CIDH observa que existen contactos deliberados, como el caso de la admisión de las misiones religiosas, que buscan evangelizarlos (por ejemplo, New Tribes Mission y el Instituto Lingüístico de Verano, ambos de los Estados Unidos), y proyectos científicos de varios tipos. Los pueblos indígenas también están amenazados por proyectos de turismo, como el «turismo de aventura», que considera los contactos con las comunidades indígenas como una «atracción turística». Del mismo modo, figura hoy el tráfico de drogas como una creciente amenaza.

 

Además de estos problemas, la agencia indica que actividades en las zonas cercanas a las aldeas pueden contaminar los ríos y otras fuentes de agua, mientras que las actividades de exploración pueden ahuyentar a la fauna de la zona, de la cual los indígenas dependen para su alimentación y sustento. Algunos ejemplos [de estas intervenciones] son las compañías petroleras autorizadas por las agencias estatales, que a menudo se superponen con las áreas protegidas, así como los casos de minería ilegal o de la agricultura y la ganadería dentro de los territorios indígenas. Otras fuentes de daño son: la construcción de caminos, proyectos hidroeléctricos y otros proyectos de infraestructura.

Recomendaciones para la protección

Frente a este problema y sus riesgos, la CIDH recomienda que sea reconocida la existencia de estos pueblos y su derecho a la libre determinación, incluido el derecho a decidir permanecer aislados o en contacto inicial. También exige la protección de las tierras, territorios y recursos naturales, condición esencial para su existencia, y la necesidad de que el Estado asegure el respeto y garantía del principio de no contacto por cualquier persona o grupo.

Traducción: ricazuga51@yahoo.com