Por Marcelo Rioseco Pais*.-

“Por supuesto que el lucro tiene que estar prohibido, pero con eso no basta. En el caso de la educación, no se puede estructurar el sistema de acuerdo a la lógica: empresario que decide, trabajador que produce y cliente que compra. Las comunidades educativas deben tener participación en las decisiones estratégicas de las instituciones y en el manejo de los recursos”.

La discusión en torno a la reforma educacional cada vez parece enredarse más. Las universidades estatales piden un trato preferencial porque son instituciones del Estado. Las universidades privadas tradicionales colocan el énfasis en su papel público y piden un trato igualitario al interior del CRUCH. Las universidades privadas que no pertenecen al CRUCH, piden ser tratadas del mismo modo que las universidades tradicionales, estatales y no estatales. Los institutos profesionales y los centros de formación técnica, por su parte, piden equidad con el sistema universitario. Obviamente cuando se piden tratos preferenciales, igualitarios y equitativos se está hablando, de manera prioritaria, de más recursos económicos.

Lo que no dicen las universidades estatales, es que pertenecen a un Estado jibarizado, que no garantiza derechos y que, en muchos sentidos se maneja con criterios más liberales que las mismas empresas privadas; que hay una casta de funcionarios que han aprendido a sacar provecho de un sistema que les entrega mucho poder y recursos económicos, mientras la gran mayoría de los empleados públicos son contratados en condiciones precarias y de inestabilidad. Por su parte, lo que no dicen las universidades privadas tradicionales, es que funcionan como empresas, sin tener que dar cuenta pública de su gestión, ni de los recursos que manejan. Lo mismo que las universidades privadas no tradicionales, pero que además, en muchos casos, operan con fines de lucro encubierto. Por último, los Centros de Formación Técnica y los Institutos Profesionales, cuando piden un trato igualitario, ni siquiera mencionan que tienen libertad, a diferencia de las universidades, para establecerse como entidades con fines de lucro.

En el ámbito escolar, los sostenedores de colegios particulares subvencionados defienden, por supuesto, la subvención del Estado a la educación privada. Todo en nombre de la libertad de enseñanza y del derecho de elegir de los padres y apoderados. Algunas de estas instituciones defienden el lucro, argumentando que se trata de una figura legal que, en términos prácticos, favorece el interés y la iniciativa de los dueños de colegios para administrar sus establecimientos de manera eficiente. Se dice que la mayoría de estos sostenedores son profesores y que la figura del lucro es más formal que real, además de que nada tiene que ver con la “calidad”, que es el tema de fondo en esta discusión. Para ellos, la calidad es, obviamente, un concepto clarísimo que todos compartimos y que tiene que ver con los buenos resultados en el SIMCE, la PSU, la prueba PISA o cualquier otra prueba estandarizada que, además de ser una buena oportunidad de negocio para los emprendedores en educación, permita recoger datos y hacer gráficos con las respuestas de los niños para compararlos (se recomienda ver el artículo del Mostrador “El jugoso negocio vinculado al SIMCE”).

Algunos tecnócratas, en general, los mismos que han sido responsables del diseño del sistema educacional en las últimas dos décadas, apelan al modelo holandés, donde alrededor del 70% de las escuelas son privadas, funcionan con autonomía y se financian con dineros del Estado. Lo que no dicen, por supuesto, es que no existe el copago, ni menos el lucro y que los sostenedores están sujetos a regulaciones de autoridades locales y nacionales, que en nuestro país serían impensables. Tampoco dicen que en la sociedad holandesa el índice de Gini, que se utiliza para medir la desigualdad, es de menos de la mitad de lo que existe en Chile (0,25 en Holanda, mientras que en Chile es de 0,52) y que la manera en que se organiza el Estado garantiza los derechos fundamentales para todos los ciudadanos. Metafóricamente, estos especialistas no tienen ningún problema en comparar peras con manzanas para que se continúe vendiendo el kilo de membrillos a precio de oro.

Cuando el debate se lleva a cabo desde la defensas corporativas, los principios que se plantean, se ajustan a los intereses de los grupos que sostienen aquellas defensas corporativas. Por esta razón es que el marco donde se encuadra la actual discusión en torno a la reforma educativa se dispersa y desordena cada día más. Es de perogrullo, pero vivimos en una sociedad individualista, donde el valor central es el beneficio particular a corto plazo. Por supuesto que esto no es casualidad. La dictadura militar no sólo fue responsable de las violaciones a los derechos humanos, sino que también impuso a través de la violencia, una concepción de bienestar y de progreso: un proyecto neo-liberal donde el mercado regula, mediante la oferta y la demanda, y donde el Estado se repliega y se reduce, para no interferir en la libertad de elección de los individuos. Desde esta perspectiva, la propiedad privada es la base del intercambio, la justicia y el progreso en la sociedad. La expresión y la herencia más directa de esta mirada ha sido la Constitución de 1980.

Cabe, entonces, la pregunta: ¿de qué manera, en la actualidad, el Estado chileno puede garantizar aquellos derechos fundamentales que durante cuatro décadas han sido invisibilizados y atendidos como bienes de consumo? No puede. El Estado chileno, a través de su Constitución, consagra el derecho de propiedad privada por encima de cualquier otro derecho fundamental y hace funcional la institucionalidad pública a la expansión de los grupos económicos. Si estos principios llegan a ser amenazados en el proceso legislativo, todavía existe la instancia del Tribunal Constitucional que puede censurar la legislación y actuar como un arma preventiva para la preservación del statu quo. 

En el ámbito de la educación no es casualidad que la propuesta original del Ministro Eyzaguirre considerara la posibilidad de comprar colegios a los sostenedores. Es decir, una forma velada de expropiación. ¿Por qué? Porque durante veinte años la Concertación inyectó recursos al actual sistema, favoreciendo, en primer lugar, a los dueños de los establecimientos, a quienes el Estado construyó edificios, implementó laboratorios y entregó recursos económicos bajo diferentes pretextos y modalidades, aumentando, al mismo tiempo, la segregación y debilitando, cada vez más, a la educación pública. Sin embargo, la solución no está en que un Estado completamente mutilado compre colegios y/o universidades para hacerse cargo de ellos. Tampoco es posible fortalecer, primero, una educación pública estatal o municipal deprimida, desprestigiada, en el caso del sistema escolar, y llena de restricciones. Si, en primer lugar, no se cambia el marco en que se establecen las “reglas del juego”, es decir, la Constitución, seguiremos fumando opio, como le gusta decir al señor Escalona. Una nueva constitución no tiene por qué impedir la participación de los privados en la administración de los bienes públicos, pero necesariamente debe limitar la propiedad en la manera como estos bienes se gestionan. Por supuesto que el lucro tiene que estar prohibido, pero con eso no basta. En el caso de la educación, no se puede estructurar el sistema de acuerdo a la lógica: empresario que decide, trabajador que produce y cliente que compra. Las comunidades educativas deben tener participación en las decisiones estratégicas de las instituciones y en el manejo de los recursos. Al mismo tiempo, la sociedad, a través del Estado, necesita incorporar una mirada global que se oriente a proteger el bien común. Es impresentable, por ejemplo, que hoy en día las instituciones de educación superior determinen su oferta de carreras en función de criterios de los mercado y del beneficio particular. Se requiere, por supuesto, una planificación general, que atienda la necesidad de aquellos que están más desprotegidos y no solamente que se oriente a premiar al mérito.

El gobierno de la Nueva Mayoría tiene hoy en sus manos una oportunidad histórica: la de cambiar, mediante un camino democrático, la orientación y las bases de un modelo de sociedad impuesto por la fuerza, la manipulación y el fraude, en dictadura. Sin embargo, si se preocupa de atender y satisfacer a la derecha, que fue la creadora de este modelo, y a los operadores políticos que tiene dentro de sus propias filas y que son los más peligrosos de todos, porque confunden a la gente hablando de principios, cuando aquello que defienden es su interés particular, el resultado de este proceso será un desastre. El peor escenario de todos para la concentración del poder: un Estado neo-liberal que al romper uno de sus principios básicos, es decir, la no intervención del Estado, terminara interviniendo en favor de los grupos de poder más consolidados y más fortalecidos dentro de la sociedad.

* Dr. en Educación; Presidente del Sindicato de Académicos de la Universidad Católica del Maule                                      Participa en los diálogos ciudadanos en torno a la Reforma Educativa, en la mesa institucionalidad, gobernanza y democratización