Por Isaín Mandujano
Unas 300 mujeres representantes de ejidos, comunidades y organizaciones indígenas y campesinas de Chiapas y de otros estados del país, adherente a la Sexta Declaración de la Selva Lacandona del Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN), reivindicaron el fin de semana pasado su derecho al uso y usufructo de la tierra, violentado a través de las políticas públicas y reglamentos que sólo reconocen, dijeron, a los hombres como propietarios o titulares.
Convocadas todas por el Centro de Derechos de la Mujer de Chiapas A.C. al foro “Análisis y Construcción de Alternativas: Tenencia, Uso y Usufructo de la Tierra para las Mujeres”, del 24 al 26 de julio en San Cristóbal de las Casas, las más de 300 mujeres se dieron a la tarea de analizar los problemas y la violencia que, como pueblos rurales y urbanos, viven ante la crisis económica y las inversiones neoliberales que “el mal gobierno” ha llevado a sus tierras y territorios.
“Vemos necesaria y urgente la defensa de nuestras tierras y territorios, porque son los lugares donde vivimos y convivimos con los ancestros, las plantas, las flores, los animales, las montañas, ríos y lagos etc. El territorio es nuestra madre tierra, es el lugar dónde nacen y crecen nuestros hijos e hijas, donde crecieron y murieron nuestros ancestros los abuelos y las abuelas”, señalaron en el pronunciamiento final emitido este martes.
Indicaron que para ellas, la tierra les da alimento, casa, agua, sol e identidad comunitaria. De ella y en ella viven y trabajan, por eso la cuidan y la defienden.
“Sabemos que si nos despojan de la tierra y el territorio van a morir las montañas, los animales, las plantas, los ríos, el aire. Mientras que nosotras y nuestras familias quedamos esclavizados a los intereses del sistema capitalista neoliberal patriarcal y el proyecto de muerte que ejecuta a través de los malos gobiernos, que ven a nuestras tierras y territorios sólo como mercancías”, señalaron las mujeres.
Las y los asistentes a este Foro, denunciaron que en los territorios donde viven se están promoviendo proyectos petroleros, mineros, ecoturísticos, eólicos, hidroeléctricos, de infraestructura carretera y aeroportuaria, de saqueo de nuestras plantas y conocimientos tradicionales; así como la exploración en los territorios indígenas –sin consulta ni autorización, para identificar y aprovechar nuestros bienes naturales.
Proyectos que implican, señalaron, el despojo de sus territorios y bienes comunes, así como el desplazamiento forzado, ilegal e injusto del espacio en que conviven, trabajan y recrean su cultura e identidad y que son bienes de todas los y las mexicanas, “y no de los gobiernos que modifican las leyes a su favor y en beneficio de las empresas y grandes comerciantes”.
“Para lograr que el gran capital transnacional o nacional se apodere y lucre con nuestros bienes y territorios, instituciones del gobierno federal y estatal, como: la Procuraduría Agraria, Semarnat, Sagarpa, Conafor y la Secretaría de Turismo están utilizando además de nuestra exclusión histórica de nuestro derecho de mujeres a la tierra y la participación política, diversas estrategias para lograr la imposición de estos proyectos”, denunciaron las mujeres.
Una de ellas es haciendo presiones a los ejidatarios y comuneros para aceptar la titulación individual de sus tierras, facilitando así el “convencimiento” individual para la venta o renta de las mismas, ejemplo de esto se ha dado en Chiapas, en el Ejido Aguacatenango donde además las tierras excedentes del perímetro ejidal que históricamente se habían reconocido como parte de la comunidad son ahora reclamadas como propiedad de la nación.
Indicaron que los gobierno criminalizan las luchas de resistencia y tergiversando su discurso y significado a través de los medios de comunicación, como sucede en Atenco, Estado de México.
Otras estrategias del gobierno para despojar de la tierra es haciendo falsas y dudosas promesas como que habrá obras en beneficio de la comunidad, fuentes de empleo e ingreso, nuevos recursos de programas oficiales como Oportunidades; o bien condicionando los apoyos actuales del gobierno federal y estatal como el Pro-Agro (antes Procampo) para que la gente acepte las propuestas, como expresaron los testimonios de Atenco, Chicomuselo, Chilón, Pijijiapan y Ejido Los Llanos.
Explicaron que otros métodos de despojo se dan obligando a las comunidades a rentar sus tierras y aceptar la reconversión productiva, el uso de transgénicos y la siembra de monocultivos para producir agrocombustibles. Así mismo, se ha impuesto nuevas técnicas que requieren grandes cantidades de agua, así como agroquímicos y fertilizantes cada vez más contaminantes, como sucede en los invernaderos para la producción industrial de tomate en Amatenango del Valle.
Se presiona a las comunidades para abandonar su territorio con el argumento de proteger los recursos naturales aunque las comunidades hayan ocupado dichos territorios con anuencia del gobierno y los hayan cuidado históricamente, como en Montes Azules y como sucedió previamente a los 44 desalojos que ha habido sólo en esa zona.
Se copta a líderes y autoridades municipales, campesinas, ejidales y comunitarias, con el fin de que autoricen la introducción de proyectos, sin la consulta previa e informada de los pueblos, como ejemplificaron las compañeras de: Chicomuselo, Ejido Aguacatenango, Chilón, Huitiupan, Pijijiapan, Arriaga y Tonalá
Otra artimaña del gobierno, expusieron, es la militarización de los territorios y reprimiendo a los movimientos de resistencia a través de tortura, violencia sexual, amenazas, terror, instalación de retenes militares, detenciones, encarcelamiento y asesinatos de dirigentes para que los proyectos mineros, hidroeléctricos, eólicos y de infraestructura de comunicaciones, etc. se concreten. Ejemplos de esto son: el asesinato de Mariano Abarca de Chicomuselo, donde también se han librado órdenes de aprehensión contra mujeres que han impulsado la resistencia; o en Atenco y otros lugares.
Los gobierno siguen trazando proyectos carreteros que atraviesan muchas comunidades y territorios indígenas y campesinos, entre ellos territorio de bases de apoyo zapatista.
Que se aprovechando de las tensiones entre o al interior de las comunidades, creando y administrando conflictos que favorecen a una de las partes, promoviendo la disputa de tierras, en lugar de promover el diálogo y el acuerdo entre ellas, con el fin de debilitar la unidad, la resistencia campesina y cooptar población como han hecho en Atenco, en La Candelaria, municipio de Venustiano Carranza (Chiapas) y en muchas comunidades más.
Se fracciona la colectividad a través de programas oficiales dirigidos a individuos o grupos muy pequeños debilitando la unidad y la soberanía de la comunidad, incluyendo la capacidad colectiva de alimentarse, como denunciaron las compañeras de los municipios de Comitán, Las Margaritas, La Trinitaria y muchos otros.
Y que además, el gobierno se apropia de los conocimientos sobre las medicinas tradicionales y propiedades alimenticias de raíces y plantas, utilizando nuestros saberes ancestrales para patentarlos como productos mercantiles.
Indicaron que mediante estas acciones, intervenciones y estrategias se están violentando el derecho de las mujeres al uso y usufructo de la tierra, violentado a través de las políticas públicas y reglamentos que sólo reconocen a los hombres como propietarios o titulares.
Otra violación constante hacia las mujeres es el derecho a la consulta y consentimiento previo, libre e informado y cuando las hacen no convocan a las mujeres.
Indicaron que estas estrategias trasgreden el derecho de las mujeres a la salud, a la alimentación, al agua, al territorio, a la cultura e identidad indígena, a la igualdad, a la no discriminación,. Derechos que el Estado debe proteger y garantizar
Demandaron al gobierno en sus tres niveles, que deje de servir a los intereses del capital y a las imposiciones norteamericanas, de los otros países ricos y de los organismos internacionales de desarrollo y seguridad. Que gobierne para los pueblos como marca la constitución.
Pidieron al presidente Enrique Peña Nieto que deje de vender el país y que sus territorios no son una mercancía, es el lugar donde ellas viven, su casa y la de sus familia y ancestros. Es dónde trabajan para vivir y alimentarse.
Exigieron que se les reconozca a los pueblos indígenas y campesinos y en específico a las mujeres como seres humanos con derecho a vivir dignamente, con respeto a sus culturas.
Que se derogue las leyes que legalizan el despojo de los pueblos indígenas y campesinos porque son contrarias a las leyes internacionales que el mismo gobierno ha firmado, y al espíritu del artículo primero constitucional.
Pidieron detener el desarrollismo contrainsurgente y la violencia paramilitar hacia las comunidades zapatistas, así como los engaños, abusos, argucias legales y demás estrategias de imposición de los proyectos neoliberales.
Y que se detengan las inversiones y la ocupación de sus territorios por parte de las empresas nacionales y transnacionales, que están ocasionando delitos de lesa humanidad, como la empresa Monsanto, que además de provocar enfermedades y muertes están creando una dependencia de las semillas transgénicas y la consecuente contaminación y desaparición de las semillas criollas.
Pero sobre todo, que las autoridades políticas y agrarias a nivel federal, estatal y comunitario respeten su derecho a la tenencia, uso y usufructo de la tierra y su derecho a participar en las decisiones sobre la tierra y el territorio, sin pretextar su incumplimiento basándose en los usos y costumbres.
Y que en este contexto, decidieron el pasado fin de semana, organizar un movimiento amplio de mujeres, uniendo todas sus fuerzas a las organizaciones y pueblos en resistencia para exigir su derecho como mujeres a la tierra y defender nuestros territorios.
Hicieron un llamado a todas las mujeres indígenas, campesinas y urbanas de Chiapas y del país a defender su derecho a la tierra y territorio, participando en la toma de decisiones.
“Hacemos también un llamado a toda la población a sumarse a nuestras exigencias, a organizarse y unir fuerzas para detener la ofensiva del capitalismo neoliberal patriarcal que, con apoyo del gobierno, amenaza con despojar a los pueblos campesinos de nuestros bienes naturales y culturales en beneficio de las empresas nacionales y trasnacionales, atentando contra todas las formas de vida”, indicaron.
En el foro participaron activistas e investigadoras como Mercedes Olivera, Alma Padilla, Gisela Espinoza, María Elena Martínez, Miguel Ángel García, Isabel Maldonado, Alma Amalia González Cabañas, Gloria Flores Ruiz, Cony Suarez y otras.
