Víctor Sánchez no quiere oro ni un futuro lleno de holgura económica como le prometen. Solo exige que le permitan vivir como siempre hizo en su finca en la ribera del río Las Lajas, precisamente por donde pasaría la proyectada ruta del Gran Canal Interoceánico de Nicaragua.
Sánchez, de 59 años y pequeño agricultor del suroccidental departamento de Rivas, dijo a IPS que ignora los detalles de la megaobra que el gobierno presenta como la solución definitiva para que el país deje de ser el segundo con mayor pobreza de América Latina, detrás de Haití, según el Banco Mundial.
A él solo le preocupa que lo vayan a sacar de las tierras donde ha vivido desde siempre con su extensa familia y que no le paguen su propiedad, como se lo dijo el 15 de julio a los representantes de la empresa HKND Group, adjudicataria de la concesión para el canal, durante un encuentro la Universidad Internacional de Agricultura y Ganadería de Rivas.
Ante público local, los técnicos chinos, apoyados por traductores y funcionarios nicaragüenses, brindaron en la ciudad de Rivas, capital del departamento, los detalles del gigantesco proyecto: un canal que conectará el océano Pacífico con el Atlántico a través de una franja acuática de 278 kilómetros de largo. De ellos, 105 kilómetros pasarían sobre el lago Cocibolca.
Los números y datos del proyecto presentados a los nicaragüenses son descomunales: con un valor actualizado de 50.000 millones de dólares, el ancho de la vía será de hasta 520 metros, con una profundidad mínima de 27,6 metros y máxima de 30 metros.
Las estimaciones hablan de 5.100 barcos anuales que cruzarán la ruta en 30 horas de tránsito.
HKND, por medio de Pang Kwok Wai, subdirector del Departamento de Gestión de Construcción, explicó en la ciudad a 110 kilómetros al sur de Managua, que la obra se comenzará en diciembre en el municipio de Brito, en Rivas, en la costa del Pacífico.
Este departamento será partido en dos y una parte de su población desplazada y reubicada.
En Rivas se establecerá, además, una zona de libre comercio de 29,2 kilómetros cuadrados, cuatro complejos turísticos, una urbe de 140.000 habitantes, un aeropuerto internacional con capacidad de almacenar miles de toneladas de carga, un puerto de aguas profundas, puentes gigantes y otros subproyectos, en el argot de HKND.
En junio de 2013, el gobierno del izquierdista Daniel Ortega otorgó a HKND Group la concesión de un Canal Interoceánico por 50 años prorrogables al doble, porque, argumentó, el proyecto transformaría para siempre la economía de este país centroamericano, donde el 42,5 por ciento de su población de 6,1 millones vive en condiciones de pobreza y 70 por ciento de los trabajos son en el área informal.
El presidente del Consejo Nacional de Universidades e integrante de la Comisión Especial del Gran Canal, Telémaco Talavera, detalló a IPS que para ejecutar la obra se abrirán grandes empresas industriales que demandarán mano de obra nacional: 50.000 empleos directos durante su construcción y 200.000 puestos fijos a partir de 2019, cuando se estima que se complete el canal.
HKND anuncia también nuevas plantas de cemento, acero, dinamita, asfalto, combustible y energía.
El gobierno de Nicaragua estima que las obras harán que el producto interno bruto del país, que sumó 11.200 millones de dólares en 2013, aceleré su ritmo de crecimiento del actual cuatro o cinco por ciento, a 10,8 por ciento en 2015 y 15 por ciento en 2016.
HKND Group, a cargo del misterioso empresario chino Wang Jing, con sus noticias, ha hecho pensar al mundo que el proyecto es un hecho. Pero las dudas sobre el grupo y, más aún, sobre el fondo creado para financiar el canal están lejos de disiparse.
La compañía asegura que ha encargado a la gigante de ingeniería China Railway Construction Corporation los estudios de factibilidad técnica, a la estadounidense McKinsey & Company el análisis de la información y a la británica Environmental Resource Management las evaluaciones de impacto social y ambiental.
Técnicos de HKND repiten en reuniones públicas y privadas en Nicaragua y China que el grupo invitó a empresarios de China, Rusia, Gran Bretaña, Estados Unidos, Alemania, Bélgica y Australia a apoyar el proyecto.
El canal agita las esperanzas económicas de miles de nicaragüenses, según dos encuestas nacionales sobre el proyecto. Una de ellas, MyR Consultores, reveló este mes que 31,3 por ciento de los nicaragüenses piensa que esa obra traerá entre “algo y mucho beneficio”.
Otra encuesta del Barómetro de las Américas, como parte del proyecto de opinión pública de América Latina de la estadounidense Universidad de Vanderbilt, presentado en Managua también este mes, recoge que el 72,8 por ciento de las encuestados destaca como potencial beneficio la generación de empleos con las obras del canal.
Pero al mismo tiempo, 43,4 por ciento de los entrevistados teme por los daños ambientales que producirá la obra, según el análisis preliminar del informe presentado en Managua por el investigador Kenneth Coleman, de la Universidad de Michigan, y Arturo Maldonado, de la Universidad de Vanderbilt.
Este mismo temor lo recogen decenas de ambientalistas y organizaciones no gubernamentales, como la Fundación Nicaragüense para el Desarrollo Sostenible, que bajo la dirección del biólogo Jaime Incer, asesor ambiental de la Presidencia nicaragüense, se opone a la obra con el argumento de que afectará irremediablemente al lago Cocibolca.
Este cuerpo de agua es el más grande de América Central, con 8.624 kilómetros cuadrados de agua dulce. Según las estimaciones de la organización, las obras del canal afectarían 400.000 hectáreas de selva y humedales.
Incer estimó a IPS que Nicaragua otorgó a HKND la autoridad sobre el lago y sus periferias, donde convergen más de 16 cuencas hidrográficas y15 áreas protegidas que concentran 25 por ciento de los bosques húmedos del país.
HKND Group no concluye aún sus estudios de impacto ambiental, pero ya definió la ruta que atravesará el canal y la construcción de un lago artificial de 400 kilómetros cuadrados, más 41 depósitos gigantes a la largo de la ruta para almacenar la tierra removida.
Otro aspecto que critican los opositores al proyecto es la falta de transparencia en torno a sus financiadores. ¿Quiénes son y cómo operan?, repiten.
El grupo y sus ejecutivos en Nicaragua, así como los responsables nicaragüenses del proyecto, evitan revelar la identidad de sus socios comerciales.
“El fondo está asegurado, pero es confidencial, estos asuntos son secretos empresariales, especialmente por las empresas que están operando en bolsa de valores”, dijo Pang, de HKND.
Talavera, de la Comisión Especial del proyecto, remarcó a IPS que lo importante en este momento es explicar a la población los alcances de la megaobra y garantizar los beneficios para el país. “Lo del financiamiento va ser informado en su momento si así lo determinan los socios”, aseguró.
La negativa de la compañía a revelar los datos de los socios y el origen de los fondos, ha abierto dudas y dado paso a conjeturas como la del diputado opositor Eliseo Núñez, quien insinúa que detrás estaría el gobierno de China, sospecha que Wang Jing ha negado en todo momento en sus intervenciones.
