Habiendo votado ayer y teniendo a la luz los resultados del Plebiscito, donde triunfó la opción Apruebo con un masivo 78,3% para impulsar una nueva Constitución y hacerlo mediante una Convención Constitucional, que recibió también un aplastante 79%, resulta bastante irrisorio el argumento que se ha esgrimido tan reiteradamente de que «el país se ha polarizado con tanta violencia». Evidentemente Chile avanza con resolución y una gran mayoría busca desde las calles lograr modificaciones significativas, mientras la minoría reprime y recurre cada día a la violencia amenazante para disuadir las protestas. Casi un 80% ha marcado contundentemente su anhelo de cambios y ya no corresponde sino aceptar esa realidad.

Por otra parte, esta votación ha transparentado también dónde se encuentra el conservadurismo represor. Son solamente cinco las Comunas en donde la opción Rechazo ha resultado ganadora: la Antártica, Colchane (ambos lugares con dotaciones militares importantes y de población mínima), Las Condes, Vitacura y Lo Barnechea que son sin duda las tres Comunas más ricas del país, donde viven los empresarios, banqueros, muchos de los beneficiados por el sistema y también gran parte de la élite política.

Ahora tendremos que ver cómo elegir a gente decente para que puedan redactar la nueva Constitución, personas que resistan la manipulación y la corrupción a la que se verán muy probablemente expuestas. Esa elección tendrá lugar el 11 de abril 2021, si la pandemia lo permite… Los electos serán mitad hombres y mitad mujeres, ya que la paridad de género quedó asegurada. Sin embargo hasta el día de hoy el Senado no despacha la ley que permite asegurar algunos escaños para los representantes de pueblos originarios, pese a que en las calles de todo el país el símbolo mayormente enarbolado durante todo un año ha sido la bandera mapuche, característica de las protestas sociales.

Evidentemente los partidos políticos presentarán listas de candidatos en todos los distritos, de hecho ya están convocándose para reunirse a negociar candidaturas y repartirse los distritos. Varias autoridades quieren postular a convencionales y anuncian que cesarán en sus cargos para inscribir sus candidaturas. Lo mismo se advierte en otra serie de funcionarios como los judiciales, del Ministerio Público, Fuerzas Armadas y de orden. Serán elegidos 155 ciudadanos. Las personas que desempeñan un cargo directivo de naturaleza gremial o vecinal tendrán que suspender dichas funciones desde el momento en que sus candidaturas sean inscritas. Pero, o se presentarán al alero de los partidos políticos, o bien tendrían que juntar sus firmas para poder ir como independientes.

De hecho, dos o más candidatos independientes podrían formar una lista electoral en algún distrito específico, pero tendrían que reunir para inscribirla la firma de un grupo de ciudadanos también independientes, igual o superior al 0,4% de los que hubieran votado en ese distrito electoral en la anterior elección de diputados. No es nada de fácil, menos todavía con la pandemia restringiendo la circulación normal de las personas.

Supongamos que el obstáculo de la inscripción de personas idóneas se supere y que ellas sean efectivamente elegidas. No es la única trampa que habrá que poder sortear, sino que ya están establecidas varias otras resistencias explícitas en este camino lleno de ripio para arribar a una nueva Constitución que refleje el actual sentir popular.

Se ha establecido que la Convención deberá aprobar las normas y el reglamento de votación por un cuórum de dos tercios de sus miembros. La Convención no podrá alterar los cuórum ni procedimientos para su funcionamiento y para la adopción de acuerdos. Es decir, la minoría de un tercio puede bloquear cualquier y todos los acuerdos de mayorías, poniendo palos en las ruedas y dificultando el avance de muchas de las propuestas. Habrá entonces que trabajar para modificar ese reglamento u obtener más de dos tercios de los escaños para representar correctamente a la gente.

Además la Nueva Constitución no podrá modificar los tratados internacionales ratificados por Chile y que se encuentren vigentes. Otro obstáculo para este proceso que pudiera sin duda ponerlos en discusión ya que han sido ampliamente cuestionados por los movimiento sociales.

¿Se podrá reclamar de una infracción a las reglas de procedimiento aplicables a la Convención? Sí. Esas reclamaciones serán resueltas por cinco ministros de la Corte Suprema, elegidos por sorteo.

La convención deberá redactar y aprobar una propuesta de texto de Nueva Constitución en el plazo máximo de nueve meses, desde su instalación: se podrá prorrogar por tres meses, pero una sola vez. El Presidente deberá convocar a un segundo Plebiscito con sufragio obligatorio para dirimir si se acepta o no el texto final. Habrá multas para las personas que no concurran en esa oportunidad a votar.

El voto dirá: “¿Aprueba usted el texto de Nueva Constitución propuesto por la Convención Constitucional?”. Se podrá marcar una de las dos preferencias: Apruebo o Rechazo.

¿Qué pasa si se aprueba la nueva Constitución? El Presidente tendrá que convocar al Congreso Pleno para que, en un acto público y solemne, se promulgue y se prometa respetar y acatar la Nueva Constitución. Dicho texto será publicado en el Diario Oficial dentro de los diez días siguientes a su promulgación y entrará en vigencia en dicha fecha.

¿Qué pasa si en ese Plebiscito se rechaza el texto? Continuará vigente la Constitución de Pinochet redactada en 1980.

Es decir, tenemos muchos impedimentos todavía que sortear para llegar a las condiciones mínimas que nos permitan darnos una carta fundacional verdaderamente democrática.

Acá publicamos el vídeo con el testimonio de Gustavo Gatica, víctima ocular de Carabineros: