Un significativo grupo de docentes de universidades públicas y privadas de Colombia dirigen una carta al presidente de la República, Iván Duque Márquez, manifestando su preocupación por la manera en que el Gobierno viene asumiendo distintos temas que atañen directamente al Estado Social de Derecho y el respeto a las normas consagradas en la Constitución Política. El grupo de docentes llaman a estas desproporciones una deriva autoritaria y antidemocrática.
Colombia, Octubre de 2020
COMUNICADO A LA OPINIÓN PÚBLICA
Como docentes universitarios, rechazamos la deriva autoritaria y antidemocrática que está tomando el gobierno actual. Este rechazo está especialmente motivado por los hechos sin precedentes de abuso de poder desproporcionalidad en el uso de la fuerza por parte de los agentes y cuerpos de seguridad del Estado en el último año. En la medida en que nuestra actividad científica, docente e investigativa gira en torno a o se ve atravesada por fenómenos y prácticas políticas, guardar silencio ante una situación tan crítica como la que atravesamos hoy en Colombia, sería intelectualmente deshonesto e iría en contravía de nuestra vocación.
Para nosotros resulta evidente que dichos abusos no son eventos aislados, ni obedecen a un asunto de “manzanas podridas” al interior de la Policía Nacional o del Ejército. Los casos cubiertos por los medios, como el asesinato de Dilan Cruz a manos del Escuadrón Móvil Antidisturbios (ESMAD) el 25 de noviembre del año pasado y los 23 presos asesinados por el INPEC en la cárcel Modelo, sumados al de Javier Ordóñez el 9 de septiembre del 2020 a manos de la Policía en Bogotá y el de Juliana Giraldo, cometido por el Ejército el día 24 de septiembre, son sólo la punta del iceberg. Más de 13 manifestantes y transeúntes fueron asesinados los días 9 y 10 de septiembre durante la jornada de manifestaciones, donde además hubo un centenar de heridos por arma de fuego. Estos hechos ocurridos en grandes ciudades se suman a una larga lista de casos de abuso sexual, violación y tortura al interior de los CAI y en zonas rurales de nuestro país, denunciados hasta la saciedad por sus presuntas víctimas y en su inmensa mayoría aún impunes.
En el marco del Estado Social de Derecho, vigente en Colombia y consagrado en la Constitución Política de 1991, las autoridades y demás servidores públicos tienen el objetivo superior de asegurar la realización de los valores, principios y fines de la República. El respeto a la dignidad humana no debe ser una figura retórica, sino un imperativo jurídico exigible a todas las instituciones y en todos los niveles. Hechos como los acaecidos son gravísimos, ilegales, inconstitucionales, inaceptables y repudiables. Queda en entredicho el respeto de dichas instituciones a la Carta Superior y a la ley. Pocas discrepancias hay sobre la relación actual entre los poderes públicos de nuestro país, que se encuentra en un punto de tensión máxima y que debería poner en alerta a las fuerzas políticas democráticas, a los movimientos ciudadanos y al sector de las ciencias y las letras.
Ya otras instancias han advertido la gravedad de la situación: desde el pasado 26 de febrero, la ONU mostró su preocupación en un informe de la Alta Comisionada para los Derechos Humanos (ACNUDH) sobre la situación en Colombia, donde recomendó trasladar a la Policía del Ministerio de Defensa al del Interior e hizo un llamado urgente para transformar el ESMAD. Por otra parte, en el marco de las trágicas noches del 9 y 10 de septiembre, la Defensoría del Pueblo y la Procuraduría General señalaron el desconocimiento por parte de la Policía de la cadena de mando que lleva la Alcaldesa Mayor de Bogotá y de los reglamentos internos de la fuerza pública. Por último, la Sala de Casación Civil de la Corte Suprema de Justicia se pronunció el 22 de septiembre en una providencia para advertir
que desde el 2005 se están vulnerando en Colombia los derechos a la protesta pacífica, la participación ciudadana, la vida, la integridad personal y el debido proceso, así como el derecho a “no ser sometido a desaparición forzada”, advirtiendo las amenazas generalizadas a las libertades de expresión, reunión, circulación y movimiento.
En contraste con lo anterior, el presidente Iván Duque y el partido oficialista, el Centro Democrático, no solo han mostrado un respaldo incondicional a la fuerza pública -a pesar de los crímenes presuntamente cometidos y en contra de los reclamos civiles, y judiciales e internacionales-, sino que han recurrido a subterfugios legales para evadir sus deberes constitucionales, los mandatos del Poder Judicial y el compromiso de representatividad adquirido con una población civil heterogénea. Además, la abusiva exhibición de violencia por parte de agentes del Estado no puede compararse con los desmanes de algunos civiles; el rol de la policía es asegurar la convivencia ciudadana y no el de establecer lógicas bélicas, ni el de constituirse en una facción más de la convulsión social. El Estado dirigido de forma racional y constitucional nunca podrá hacer uso de los medios coercitivos para actuar como pandillas o escuadrones al margen de la ley. El principio de legalidad lo impide y la moral pública lo demanda.
Finalmente, si queremos construir un Estado fuerte con capacidad de garantizar el imperio de la ley y aspiramos a promover un régimen político realmente democrático, no procede reducir el malestar social a supuestas infiltraciones de la guerrilla, al vandalismo o, menos aún, a agendas partidistas. La coyuntura actual tiene dimensiones históricas, por lo que es urgente modificar la doctrina y la estructura organizativa de la Policía Nacional para que opere dentro del Derecho y responda a las necesidades civiles y democráticas de un país que está luchando por construir paz.
-Andrea Arango Gutiérrez
Docente del Departamento de Ciencias Políticas y Jurídicas Universidad Autónoma de Manizales
-Mateo Villamil Valencia
Docente del Departamento de Ciencias Políticas y Jurídicas Universidad Autónoma de Manizales
-Roberto Romero Cárdenas
Docente del Departamento de Ciencias Políticas y Jurídicas Universidad Autónoma de Manizales
Docente e Investigador del Programa de Derecho Universidad Católica Luis Amigó
-Julián Vásquez, Docente cátedra en Psicología y Derecho, Fundación Universitaria Lasallista
-María Cristina López Bolívar Docente
Universidad Tecnológica de Pereira
-Mauricio Uribe López
Docente del Departamento de Gobierno y Ciencias Políticas Universidad EAFIT
-Laura Quintana Porras
Docente del Departamento de Filosofía Universidad de los Andes
-Fabio H. Giraldo Jiménez Profesor, Instituto de Filosofía Facultad de Derecho y ciencias políticas Universidad de Antioquia
-Eduardo Lindarte Middleton Docente-investigador
Departamento de Ciencias Políticas y Jurídicas Universidad Autónoma de Manizales
-Carlos Alberto Ospina Herrera Docente investigador Universidad de Caldas
-Gabriel Méndez Hincapié
Docente del Departamento de Ciencias Políticas y Jurídicas Universidad Autónoma de Manizales
Vice presidente de ACCPOL
-Iván Garzón Vallejo Profesor asociado
Facultad de Derecho y Ciencias Políticas Universidad de La Sabana
-Javier Sánchez Segura Profesor
Pregrado de Ciencia Política Universidad de Antioquia
-Anaís Palacio Quejada
Docente del Departamento de Ciencias Políticas y Jurídicas Universidad Autónoma de Manizales
-Sebastián Rodríguez Cárdenas
Docente del Departamento de Ciencias Políticas y Jurídicas Universidad Autónoma de Manizales
Docente del Programa de Derecho Universidad de Manizales
-Katherine Mendieta Montoya
Docente del Departamento de Ciencias Políticas y Jurídicas Universidad Autónoma de Manizales
-Jazmín Muñoz Gálvez
Docente del Departamento de Ciencias Humanas Universidad Autónoma de Manizales
-María Ochoa Sierra
Profesora del Instituto de Estudios Políticos Universidad de Antioquia
-Jenniffer Londoño Jurado Docente del programa de Derecho Universidad Católica Luis Amigó
-Gloria Naranjo Giraldo Profesora Titular
Instituto de Estudios Políticos Universidad de Antioquia
-Pedro Juan Aristizábal Profesor titular
Universidad Tecnológica de Pereira
-Diego Fernando Parra Profesor
Universidad Tecnológica de Pereira
-Mary Luz Alzate Zuluaga
Docente del departamento de Ciencia Política Universidad Nacional de Colombia. Sede Medellín
-Mary Ruth García Conde
Docente Departamento de Biología,
Universidad Nacional de Colombia. Sede Bogotá.
-Red de Profesoras Universitarias
-Juan Felipe Orozco Ospina, Docente Departamento de Ciencias Jurídicas y Sociales Universidad de Caldas
-Paola Andrea Carmona
Docente del programa de Derecho Universidad Católica Luis Amigó
-Gastón Zapata
Docente del programa de Derecho Universidad Católica Luis Amigó
-Orinzón Perdomo Guerrero Docente-gestor cultural Universidad Surcolombiana
-Edén Félix Nieto Docente
Departamento de Ciencias Jurídicas y Sociales Universidad de Caldas
-Juliana Acosta López de Mesa Docente
Departamento de Humanidades Universidad Autónoma de Manizales
-Jorge Alejandro Flórez Restrepo Docente
Departamento de Filosofía Universidad de Caldas
-Liliana García Barco
Docente del Programa de Ciencias Básicas Universidad Colegio Mayor de Cundinamarca
-Néstor Férnando Méndez Hincapié Docente. Departamento de Física Universidad Pedagógica Nacional
-Juan Manuel Martínez
Docente. Departamento de Humanidades Universidad Tecnológica de Pereira
-Liliana Molina González Profesora. Instituto de filosofía Universidad de Antioquia
-Edison Marulanda Peña
Profesor. Departamento de Humanidades Universidad Tecnológica de Pereira
-Carmen Fonseca
Profesora. Departamento de Física Universidad Pedagógica Nacional
-Mónica Jaramillo Ocampo Profesora catedrática Departamento de Filosofía Universidad de Caldas
-Heriberto Santacruz Ibarra Profesor jubilado Departamento de Filosofía Universidad de Caldas
-Claudia Clavijo Cruz
Profesora de alemán. Departamento de Lenguas Extranjeras Universidad Nacional de Colombia. Sede Bogotá
-Nohora García Profesora asociada, FCE-Universidad Nacional de Colombia
-Liliana Ruiz Profesora asociada, Universidad Militar Nueva Granada
-Mery Constanza García Vargas Profesora asociada
Universidad Nacional de Colombia. Sede Bogotá.
-Helga Duarte Profesora
Universidad Nacional de Colombia
-Adriana González Gil Profesora Titular
Instituto de Estudios Políticos Universidad de Antioquia
-Carlos Arturo Saldarriaga Cortés Docente
Universidad Tecnológica de Pereira
-Julian Andres Cuellar Argote Profesor Asociado
Departamento de Ciencias Sociales y Jurídicas Programa de Ciencia Política
Universidad del Tolima
-Juan Guillermo Hernández Lombo Docente catedrático
Programa de Ciencia Política Universidad del Tolima
-Alejandro Chindoy Chindoy Docente del programa de Derecho Universidad Católica Luis Amigó
-Alejandro Guzmán, Docente del programa de Derecho Universidad de Caldas
-Víctor Hugo Ochoa Gómez Docente del programa de Derecho Universidad Católica Luis Amigó
-Laura Bustos
Docente del programa de Derecho Fundación Universitaria del Área Andina
-Andrés Felipe Quintero
Docente del programa de Derecho Universidad Católica Luis Amigó
-Melissa Ríos Sarmiento
Docente del programa de Derecho Universidad Libre de Colombia
-Julián Andrés Castaño Duque Docente del programa de Derecho Universidad Católica Luis Amigó
-David Andrés Díez
Docente del programa de Derecho Universidad Católica Luis Amigó
-Carlos Eduardo Saraza
Docente del programa de Derecho Fundación Universitaria del Área Andina
-Alejandra del Rocio Bello Urrego Departamento de Ciencias Sociales y Jurídicas Programa de Ciencia Política
Universidad del Tolima
