El Congreso de la Nación Argentina se encuentra debatiendo el proyecto de ley de Servicios de Comunicación Audiovisual que reemplazaría al actual decreto/ley 22.285 sancionado en 1980, durante la última dictadura militar. El mismo fue presentado el jueves 27 de agosto por la presidenta Cristina Fernández de Kirchner, aunque fue elaborado durante cinco años por la Coalición para una Radiofusión Democrática (www.coalicion.org.ar), un colectivo independiente conformado por Universidades, periodistas, científicos, medios de comunicación, premios nobel, asociaciones profesionales y otras instituciones de la sociedad civil.
Inspirándose en los aportes y recomendaciones de organismos internacionales como la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y la Organización de Estados Americanos (OEA), el proyecto se propone garantizar el derecho humano a la libertad de expresión. Para ello, establece la igualdad de oportunidades para el acceso y participación de todos los sectores de la sociedad a la titularidad y gestión de los servicios de radiodifusión. En este sentido, la nueva ley reserva, con carácter inderogable, el 33% del espectro para las personas jurídicas sin fines de lucro tales como universidades, asociaciones, fundaciones, cooperativas y mutuales. El resto se reparte entre medios públicos no-gubernamentales y medios privados comerciales.
Hasta el momento, la radiodifusión sólo puede ejercerse como actividad con fines de lucro, por lo que los criterios de adjudicación de licencias sólo están basados en la posesión de riqueza y preferencia de aspectos patrimoniales. Como se sabe, las sucesivas modificaciones operadas durante los últimos veinte años facilitaron la concentración de la propiedad hasta conformar grandes monopolios multi-mediáticos.
El proyecto de ley también se propone garantizar la independencia de los medios de comunicación. La ley impide que sean titulares de licencias de servicios de radiodifusión integrantes de sus órganos directivos, quienes ocupen cargos electivos oficiales nacionales, provinciales o municipales, funcionarios públicos de los distintos poderes. También imposibilita cualquier forma de presión, ventajas o castigos a los comunicadores o empresas o instituciones prestadoras en función de sus opiniones, línea informativa o editorial, en el marco del respeto al estado de derecho democrático y los derechos humanos. Incluso prohíbe la asignación arbitraria o discriminatoria de publicidad oficial, créditos oficiales o prebendas.
A tal efecto, el proyecto prevé la conformación de un nuevo organismo autárquico y colegiado, en reemplazo del actual COMFER. Por primera vez, se garantiza el acceso de la oposición parlamentaria al control del sistema de medios. Es que el nuevo organismo estará integrado por representantes de la legislatura nacional, de la segunda y tercera minoría (es decir, la oposición parlamentaria), representantes de las Universidades, de las Asociaciones sin fines de lucro y de los trabajadores del sector.
