Presentación

Si todo sucede tal cual está previsto, el 25 del próximo mes concurriremos a decidir, plebiscitariamente, si redactaremos o no una nueva constitución. Tal es, al parecer, el más importante suceso sobre el cual ha de pronunciarse la decisión mayoritaria de la población nacional, si nos atenemos a las encuestas realizadas hasta este momento. Y, también, si conversamos con el vecino, el amigo, o si incursionamos en el vasto mundo de las redes sociales. La propaganda invade todos esos espacios. La oposición parece unida en torno a ese objetivo y, también, gran parte del oficialismo, de manera que la decisión parece resuelta.

Pero eso, ¿es realmente así? ¿Es, en verdad, lo que la comunidad quiere? ¿Es el cambio de constitución el hecho más relevante sobre el cual ha de pronunciarse la población nacional? Tengo mis dudas, al respecto. Pero, para dilucidarlas, bueno es retroceder en el tiempo. La historia nos sirve. Es una buena consejera. Nos enseña el por qué de las cosas, el por qué de los acontecimientos y cómo éstos deciden nuestro futuro.

Breve historia del plebiscito

La historia de la realización de un plebiscito no arranca, como erróneamente cree gran parte de la población, de la gran protesta nacional de 18 de octubre de 2019 sino del encuentro que, el 15 de noviembre de ese mismo año, se realizó entre los diversos estamentos de la escena política nacional (gobierno, partidos, congresales, dirigentes políticos). En ese encuentro, firmaron tales actores políticos un acuerdo en el que se comprometieron convocar a un plebiscito en mayo del presente año para que la comunidad se pronunciara decidiendo si quería o no un cambio de constitución. El gobierno aceptó esa condición, impuesta por la oposición institucional, ante la amenaza cierta de una oposición social que parecía dispuesta a tomar en sus manos la construcción de la sociedad que anhelaba.

Héctor Vega nos recuerda, al respecto, que:

“Poco después del estallido social, el 25 de noviembre, 262 abogados firmaron una declaración afirmando que ninguna Constitución ha sido el producto de la voluntad del pueblo y que esta vez existía la posibilidad de crear una mediante un proceso democrático, el que se apresuraron en calificar como un logro inédito en la historia de la república. Se cuidaron de decir que su procedimiento era tan tramposo como el de la Constitución de 1980, así como el acuerdo que la Concertación logró con la dictadura en 1989 que, ante la pasividad del pueblo en la época, lograron franquear mediante un plebiscito”(i).

Fue sorprendente aquello: primero, porque el Gobierno cedía ante un viejo anhelo de la oposición institucional que jamás el movimiento social había planteado en las semanas anteriores; y, segundo, porque no fue aquella una concesión gratuita, a pesar que el gobierno se vio forzado a hacerla —presionado por una oposición que, sin rubor alguno, se atribuyó la representación de la comunidad nacional, precisamente, en un tiempo en que su honra y aprobación ciudadana estaba por los suelos— sino bastante onerosa, pues tal advenediza parte se comprometió a estudiar todas las leyes necesarias para recuperar el perdido ‘orden institucional’ en las protestas. La oposición institucional sacaba, de esa manera —si empleamos un refrán muy chileno—, ‘las castañas con la mano del gato’.

Por eso, podemos aseverar que el 15 de noviembre fue la culminación de una serie de maniobras realizadas por la elite política opositora para recuperar ese perdido prestigio que amenazaba terminar con ella. Hay que recordar que, en las protestas, no sólo actuaron elementos reacios a las organizaciones políticas sino, también, militantes de partidos desprestigiados que levantaban la consigna del plebiscito y del cambio de la constitución, aspiraciones que jamás figuraron en las demandas estudiantiles que dieron origen a las protestas. Ni en un comienzo ni en otro momento de las mismas. La constitución no era el tema del momento; había razones para ello. Por eso, no nos parece acertado aseverar que:

“El proceso constituyente es resultado de la presión social”(ii),

como lo señala otro analista, pues da a entender que tal fue la idea de las organizaciones sociales convocantes a la rebelión del 18 de octubre de 2019. Sostenemos, por el contrario, sí que

“[…] este proceso social es el resultado de la enorme inestabilidad generada luego del estallido social de 18 de octubre de 2019”(iii) (y, por lo mismo, un recurso fundamental para) “[…] garantizar por medio del plebiscito una salida institucional al estallido social […]”(iv)

En palabras más directas, un recurso para salvar la institucionalidad vigente.

En los meses siguientes, resultaría paradojal constatar que la única conquista obtenida en las protestas fuese una aspiración jamás considerada como bandera de lucha de las organizaciones sociales; y no sus reales demandas planteadas. Lo que hace cavilar acerca del poder que ejerce sobre el conjunto social la superestructura jurídico/política de la nación.

Los fundamentos teóricos

El cambio de una ley o de una constitución jamás va a ser demanda prioritaria de una población en estado de necesidad. La naturaleza nos enseña que antes de todo, el ser humano necesita comer, beber, vestirse, ir al trabajo para poder vivir; ganar dinero para el sustento diario que requiere la propia conservación y la de la familia que organiza, cubrir las necesidades más elementales que faltan. Eso es lo prioritario. El ser humano, antes de cualquier cosa, necesita producir para sí mismo, para reproducirse todos los días en el escenario de la vida, y para reproducirse como individuo y como especie cuando el ciclo de su vida llegue a término. Porque toda producción es reproducción. Esto es ley de la naturaleza, no ley de gobierno alguno. O constitución. Y eso fue lo que reivindicaron los estudiantes al momento de desencadenar las protestas.

Pero en una sociedad hay intereses que se superponen a otros. Y pasan por encima de las verdaderas necesidades de la población. Fue lo que sucedió ese 15 de noviembre de 2019, cuando todos los sectores interesados en mantener sus prebendas y privilegios firmaron un acuerdo tomando el nombre y representación de quienes con su sangre y sacrificio demandaban el trato de seres humanos a un gobierno incapaz de entender aún lo que sucedía. Porque las élites, como lo hacen normalmente y como lo hicieron bajo la dictadura, acostumbran a mantener sus privilegios con sangre ajena. No lo haría de modo diferente una élite política interesada en su propia supervivencia.

Por eso, podemos asegurar que el 15 de noviembre de 2019 se consumó la suplantación de la voluntad popular por la voluntad parlamentaria. Y ello ocurrió porque, hasta esa fecha, la estructura social del movimiento que había dado origen a las protestas avanzaba dificultosamente hacia formas superiores de organización. En palabras más directas: porque el Gobierno no tenía con quién negociar y el único interlocutor que tenía por delante para esos efectos era un parlamento tan desprestigiado como él. Y, por supuesto, aquel no era, en lo más mínimo, un interlocutor válido. Recordemos solamente que, en diciembre de 2019, la encuesta CADEM arrojó un resultado que no podía ser más deplorable para la dirección política del país: un 6% de aprobación para el Gobierno y un 3% de aprobación para el Congreso.

No puede, por consiguiente, decirse que el llamado a plebiscito haya sido una de las demandas más queridas de la ciudadanía.

El cambio de Constitución bajo la dictadura

Pinochet, desde el momento mismo en que encabezó el golpe militar contra el gobierno popular, jamás se preocupó de cambiar la constitución: simplemente pasó por encima de ella, la atropelló, la destruyó con sus actos, a un extremo tal que el propio Jaime Guzmán, al referirse a ella, hablaba solamente de ‘colgajos constitucionales’. Porque Pinochet comenzó violando el art 22 de la constitución de 1925 que señalaba:

“La fuerza pública es esencialmente obediente; ningún cuerpo armado puede deliberar”.

Luego, el art 4 de la constitución para el cual

“Ninguna magistratura, ninguna persona o reunión de personas pueden atribuirse, ni aun a pretexto de circunstancias extraordinarias, otra autoridad o derechos que los que expresamente se les hayan conferido por las leyes. Todo acto en contravención a este artículo es nulo”.

No hubo autoridad ni institución ‘libre’ alguna que protestase contra esos hechos. Toda la comunidad se doblegó ante la fuerza. La constitución de 1925 jamás fue respetada por Pinochet ni por los generales insurgentes; mucho menos por el llamado ‘Poder Judicial’ cuyo presidente se dio, incluso, la tarea de terciar, sobre el pecho del dictador, la banda presidencial, reconociéndolo como gobernante supremo. El único poder válido era el poder de las armas, la violencia, el uso indiscriminado de la fuerza. Porque, como lo señala con acierto Friedrich Von Savigny:

“Si la fuerza sin el derecho es la barbarie, el derecho sin la fuerza es una burla”.

Por eso, no deja de ser interesante la circunstancia que la dictadura se haya preocupado fundamentalmente de algo que, para la generalidad de las personas no reviste importancia crucial porque lo estima obvio, y no obstante, es esencial: el modelo económico que había de imponerse en el país, deseo que era el motivo principal que guiaba al Almirante Merino desde antes del golpe. No por algo había dicho, en junio de 1973:

“[…] botar a Allende no cuesta nada, lo importante es tener un plan económico”(v).

Merino no era un sujeto brillante y no puede atribuirse a su genialidad esta medida sino más bien a la idea (torpe, por cierto) que sostenía según la cual bastaba con ser jefe del Economato de la Armada para administrar las finanzas de un país, como lo señaló en cierta oportunidad en una entrevista que le hiciera un periódico de la capital.

Esta misma pregunta es la que muchos nos hacemos hoy, ad portas del plebiscito de octubre: ¿qué modelo vamos a establecer? ¿Vamos a ‘parchar’ el actual modelo una vez estatuida la nueva carta fundamental? ¿Vamos a abrogarlo? ¿Qué pondremos en su reemplazo? ¿O diremos, como Abraham, camino hacia el monte donde pensaba sacrificar a su hijo, ‘Dios nos lo proveerá’? Porque la economía de un país sigue parámetros que no son diferentes a los que siguen los seres humanos en su vida particular, es decir, avocarse, antes de todo, en comer, producir, para poder reproducirse en la vida como individuo y como especie. Y, posteriormente, pensar en la regulación social. Entonces, ¿no estamos tomando el rábano por las hojas?

La base económica de la sociedad como pilar sobre el cual levantar la Constitución y las formas culturales

No es primera vez que la élite política ‘toma el rábano por las hojas’. Guiada por sus voraces ansias de mantener una posición social de la que ha gozado siempre, vuelve a hacerlo: construye una constitución antes de resolver las necesidades de la población porque cree, de esa manera, proveerse de una herramienta fundamental para resolver los demás problemas de la sociedad.

No es eso lo que enseña la teoría social. Porque, de acuerdo con ésta, es la base de la producción lo que determina la estructura legal que va a proteger esa forma de producir, no lo contrario. Algo que también va a suceder con las formas culturales de esa sociedad: la forma de producir es lo que va a realizar esos milagros.

Extrememos las situaciones para explicarnos mejor: No es lo mismo producir en las cercanías de la costa que hacerlo en la montaña o el valle. Las formas de producir son las que establecen las diferencias entre los seres humanos. Cada una de ellas tiene formas tanto legales como culturales que determinan el carácter tanto individual como social de quienes viven en esos parajes.

Así, la dictadura nos enseñó cómo deben hacerse las cosas, es decir, ante todo, construir la base económica de la sociedad, pues la ley va a la zaga de los acontecimientos; y, como ley fundamental, también debe hacerlo toda constitución.

Por qué, entonces, el cambio de Constitución

Las constituciones se acostumbran dividir en flexibles, semirígidas y rígidas. La constitución pinochetista es del tipo ‘rígido’. La oposición institucional realizó innumerables intentos de flexibilizarla, pero todos ellos se malograron por diversas circunstancias, siendo la más importante de ellas la falta de interés en hacerlo. Porque mayorías absolutas hubo en el Congreso, suficientes para producir los cambios que se deseaban introducir en la carta pinochetista. Sucede, simplemente, que el Gobierno de turno no quiso hacer uso de ellas. Por eso, hoy se apoya la necesidad de un cambio de constitución. Por lo demás, esa propuesta da satisfacción a todos quienes queremos ser regidos por una carta fundamental nacida de la voluntad de nosotros mismos.

Sin embargo, cuando se ofrece cambiar una constitución, el objetivo central es alterar las condiciones jurídicas que impiden introducir al modelo vigente las modificaciones necesarias para suavizar su funcionamiento. No se trata, en modo alguno, de cambiar un sistema. No se trata, en suma, de cambiar el sistema capitalista. El objetivo no es otro sino, simplemente, dejar el camino despejado para hacer talas, reajustes, reformas al sistema vigente y revisar la conveniencia de seguir adelante con el modelo elegido, hacerle las reformas que requiere e, incluso, cambiarlo por otro más acorde a las necesidades y requerimientos del sistema capitalista mundial. Y responder de modo sensato a unas Fuerzas Armadas que miran con asombro las veleidades de un mundo político incapaz de resolver por sí mismo los problemas de toda la sociedad.

¿Una ‘derecha’ votando por el ‘Apruebo’?

El problema no termina allí. Por el contrario: ahí comienzan, no ‘el’ problema, sino ‘los’ problemas. Porque puede sorprender a más de algún ingenuo que, en estos días, sorpresivamente, hayan aparecido conspicuos miembros de los partidos oficialistas estimando importante aprobar el cambio de la constitución pinochetista. ¿A qué se debe ello? ¿Por qué, de súbito, todos ellos se hacen ‘socialdemócratas’ y están dispuestos no solamente a aprobar el cambio de la carta fundamental sino a participar en la redacción de la nueva ‘pero no de cero’?

Sin lugar a dudas, una de las razones que inducen a parte importante de las élites políticas gobernantes a adoptar esa decisión radica en el examen más o menos minucioso que han hecho de las encuestas que arrojan mayorías abrumadoras favorables a quienes apoyan el cambio de la constitución, algo que reconocen sus propias ‘personalidades’, como lo hiciera Joaquín Lavín a un medio informativo:.

“Creo que si tú hicieras una encuesta —no la he visto, porque no hay encuestas así— entre los que votaron por Sebastián Piñera y que lo llevaron a ser Presidente de Chile, te doy firmado que gana el “Apruebo ”(vi)

Un partido o una coalición que es derrotada espectacularmente en un evento como aquel al que la comunidad ha sido convocada se le hace muy difícil recuperar el perdido prestigio. No ocurre así, si va dividida al evento y, por el contrario, se muestra como ganadora, a pesar de no serlo. Ante la opinión pública aparece, también, revestida de un aura triunfal. Y eso es importante en un mundo en donde la propaganda es la base del triunfo social. Desde este punto de vista, es lógico que un partido, como la Unión Demócrata Independiente UDI, haya querido mantener en secreto la posición de algunos de sus militantes, en donde los partidarios del ‘Apruebo’

“[…] cada día suman más adeptos y que el camino habría comenzado hace tiempo de la mano de los alcaldes UDI. Incluso, según datos internos, de los más de 70 jefes comunales en todo Chile, al menos la mitad se declara en privado como cercano al Apruebo.

¿El problema? Algunos preferirían no manifestarlo públicamente para no generar conflictos al interior de la UDI, debido a que tras el proceso constituyente se aproximan otras elecciones, como las de alcaldes, concejales y gobernadores regionales (11 de abril del 2021)”(vii).

Hay, no obstante, varias otras razones sobre las cuales no pocos analistas han llamado la atención. Razones que invitan a los sectores oficialistas a sentirse seguros no obstante el triunfo del ‘Apruebo’. Por eso, no pocos estudiosos han llamado la atención acerca de las herramientas legales que entregan a los sectores oficialistas los propios opositores (institucionales, por cierto). Felipe Portales señala, al respecto, que la Reforma Constitucional de enero de 2020 dejó en manos de los sectores oficialistas

“[…] un virtual poder de veto en la aprobación de una “nueva” Constitución, al establecerse un antidemocrático quórum de 2/3 para ello”(viii).

Esta idea la desarrolla en una carta que enviara al autor de este trabajo, a principios del mes en curso, en la que, al respecto, señala, en una de sus partes, lo siguiente:

“Queda muy claro que todo el proceso es antidemocrático desde el momento que en los artículos 133, 134 y 135 se estipula que tanto la «nueva» Constitución» como el reglamento de la Convención tienen que ser aprobados por los dos tercios (violando flagrantemente el principio democrático de mayoría); y que constriñe a los convencionales a «respetar» el modelo neoliberal sellado por numerosos tratados internacionales de libre comercio suscritos por Chile en los últimos treinta años”(ix).

En efecto: el art 133 de la Constitución establece que

“[…] la Convención deberá aprobar las normas y el reglamento de votación de las mismas por un quórum de dos tercios de sus miembros en ejercicio. La Convención no podrá alterar los quórum ni procedimientos para su funcionamiento y para la adopción de acuerdos”

Héctor Vega sostiene, al respecto que,

“Creer que los constituyentes mandatados por los partidos se volverán en contra de los dos tercios que dirimen cualquier discusión es creer, con la misma ingenuidad de los que votaron en el plebiscito que aprobó la Constitución de 1989 acordada por Pinochet y la Concertación, que ese acuerdo llevaría a la democracia. Tres décadas transcurrieron sin que ello se cumpliera”.

Por su parte, el art. 135 dispone que

“[…] le quedará prohibido a la Convención, a cualquiera de sus integrantes o a una fracción de ellos, atribuirse el ejercicio de la soberanía, asumiendo otras atribuciones que las que expresamente le reconoce esta Constitución”.

Pero, puesto que el art. 5 de la misma carta fundamental dispone que

“[…] la soberanía reside esencialmente en la Nación y es ejercida por el pueblo a través de los plebiscitos y elecciones periódicas que la Constitución y las leyes determinan y, también, por las autoridades que esta Constitución establece […]”,

nos preguntamos, con Héctor Vega,

“¿Cómo entonces los constituyentes van atribuirse otros poderes que los que le conceden sus mandantes (la clase política) y, para de esa manera derogar el candado de los dos tercios?”(x)

Así, parece claro que estamos en presencia de algo más grave. Héctor Vega no tiene reparos en llamarlo ‘fraude’.

“El fraude, al igual que en la época de la dictadura, está en que sólo aquellos constituyentes patrocinados por los partidos políticos tendrán alguna chance de acceder a la Convención Constitucional de la segunda papeleta. Pues su elección se rige según la ley de elección de los diputados. En esta fabricación de la clase política, los constituyentes de elección popular deben entenderse como aquellos independientes que lograron financiar su candidatura o bien independientes en el cupo de un partido que lo patrocine. La conclusión central de esto es que los constituyentes así elegidos no serán mandatarios del pueblo sino de los partidos que los aceptan como tales. No olvidemos que la aprobación de los partidos políticos actuales es de un 2%”(xi).

Idéntico reparo es, igualmente, compartido por Hugo Latorre quien, en una nota publicada en Facebook, luego de señalar que habrá dificultades

“[…] con la votación en los constituyentes […]”,

concluye, desoladoramente, que

“Otra cosa será el cómo desatar el nudo gordiano del veto de los 2/3”(xii).

Sin embargo, no es del todo inútil el cambio propuesto. Por el contrario: no aprovechar esta posibilidad podría ser una torpeza de la que nos podríamos arrepentir en el futuro. Es cierto que existen muchas dudas acerca de la forma de elegir a los miembros de la llamada ‘Convención Constituyente’, es posible que nos entrampemos en problemas peores, es cierto que este cambio sólo beneficia a quienes firmaron el acuerdo de 15 de noviembre, es cierto que poco o nada significa el cambio de la carta fundamental, es cierto que nada de esto representa la voluntad de quienes concurrimos, constantemente, a la Plaza de la Dignidad a festejar el estallido del 18 de octubre pasado, pero dicho cambio puede, tal vez, ayudarnos en el cometido de sentar las bases de una sociedad mejor. Porque podría ‘legalizar’ las reformas que se estiman necesarias para dar satisfacción al interés de las grandes mayorías nacionales, en un país donde sobran los ‘doctores de la ley’. Y evitar la tentación siempre presente en los institutos armados de enseñar violentamente a una comunidad sometida cómo han de comportarse en todo momento los obedientes súbditos de todo Estado. En septiembre, mes que recuerda los cincuenta años del acceso de la Unidad Popular al Gobierno de la nación, es bueno tener presente la figura del presidente Allende que también creyó posible hacer transformaciones sociales con los instrumentos legales que el propio sistema emplea para expandirse.

Vamos a tomar el rábano por las hojas, sí, pero no hay otro camino. Al menos, por ahora. Salvo que se haga realidad esa frase maravillosa, contenida en una pancarta que alzara uno de los manifestantes en Plaza Dignidad, húmeda aún por el agua lanzada desde uno de los vehículos policiales, el pasado 4 de este mes:

“Somos la calle y no hemos firmado ningún acuerdo”.

También quien escribe estas palabras es un miembro más de la calle. Como la generalidad de los chilenos.

(i) Vega, Héctor: “El sujeto social de cambios en el proceso constituyente”, documento de 01 de septiembre de 2020, publicado en
(ii) Ramis, Álvaro: “Lo que se juega el 25 de octubre”, ‘Le Monde Diplomatique’, Nª220, agosto de 2020, pág.4.
(iii) Ramis, Álvaro: Art. Citado en (2).
(iv) Ramis, Álvaro: Art. Citado en (2).
(v) Buscat Oviedo, Esteban: “El golpe naval del 11 de septiembre de 1973”, Centro de Estudios por la Democracia y Defensa del Ciudadano CEDEC, documento que se encuentra disponible en INTERNET.
(vi) Redacción: “Joaquín Lavín le baja los humos al ‘Rechazo’ y asegura que entre quienes votaron por Piñera para Presidente ‘doy firmado que gana el Apruebo’”, ‘El Mostrador’, 23 de agosto de 2020.
(vii) Claro, Hernán: “Apruebo: el secreto mejor guardado de algunos militantes de la UDI”, ‘El Dínamo’, 01 de septiembre de 2020.
(viii) Portales, Felipe: “¡Nos están engañando de nuevo!”, documento de agosto de 2020, publicado en varios medios digitales.
(ix) Portales, Felipe: Carta enviada al autor de este trabajo, de fecha 01 de septiembre de 2020.
(x) Vega, Héctor: Documento citado en (1).
(xi) Vega, Héctor: Documento citado en (1).
(xii) Latorre, Hugo: “Tomémonos de las manos”, documento publicado en Facebook el 04 de septiembre de 2020.