Por Rodrigo Ignacio Vallejos Calderón*
Una de las razones más nombradas para cambiar la Constitución, es que se dice que es ilegítima, pero ¿Qué significa que sea ilegítima? esto hace referencia a la nula participación popular de las Constituciones chilena, nunca se ha vivido un proceso participativo para formar el documento que define la identidad y forma existencia del Estado Chileno.
Pero para entender este problema de ilegitimidad hay que remontarse a los orígenes del Estado chileno.
El 23 de octubre de 1818 se promulga la primera Constitución en Chile, con el objetivo de institucionalizar el poder ejercido por el Director Supremo Bernardo O’Higgins, texto que fue redactado por una comisión de 7 hombres, y aprobada por amplia mayoría luego de un plebiscito nacional realizado en el territorio comprendido entre Copiapó y Cauquenes, donde votaron solo hombres.
Esta Constitución dura 4 años, hasta el 30 de octubre de 1822 cuando es promulgada una nueva Constitución, preparada por un Congreso Constituyente compuesto por 32 diputados hombres y redactada por José Antonio Rodríguez Aldea, ministro de O’Higgins. Finalmente es aprobada por el mismo Congreso y promulgada por el director supremo.
El 29 de diciembre de 1823 es promulgada la llamada Constitución Moralista, con Ramón Freire como director supremo, luego de la abdicación de Bernardo O’Higgins. Esta Constitución es redactada por el jurista chileno-peruano Juan Egaña, el cual tenía la intención de reglamentar y valorar el comportamiento público y privado de los ciudadanos a través de un código moral dentro del texto constitucional, el cual solo duró dos años por ser declarada insostenible.
El 8 de agosto de 1828, en el gobierno de José Antonio Pinto es promulgada la llamada Constitución liberal, que resultó ser una de las más avanzadas para la época debido a que extendió el derecho a sufragio, fortaleció el rol del parlamento y por primera vez regula el poder judicial. Luego de las leyes federales de 1826, se conforman 8 asambleas provinciales, a las cuales se les consulta sobre la forma de gobierno bajo la cual debe constituirse la República, lo que posteriormente lleva a la conformación de un Congreso Constituyente conformado por un representante de cada provincia, con la función de redactar un texto constitucional que represente lo deliberado en las asambleas provinciales. Finalmente el texto es revisado por el jurista liberal español José Joaquín de Mora y posteriormente aprobado por el Congreso Constituyente. Quizá este sea el proceso más parecido a una asamblea constituyente que podemos encontrar dentro de nuestra historia constitucional.
Luego de la derrota de los liberales en la Batalla de Lircay de 1830 llegan al poder los conservadores, conformados por ohhiginistas y estanqueros (empresarios de la época) que liderados por Diego Portales y bajo la idea de un gobierno fuerte y centralizado, que viene a poner fin al desorden dejado por los liberales (vulgarmente llamados pipiolos), promulgan una nueva Constitución el 25 de mayo de 1833 bajo el gobierno del militar José Joaquín Prieto. Este texto constitucional fue redactado por una comisión compuesta por 7 hombres donde destacó el jurista Mariano Egaña, y finalmente aprobado por una Gran Convención compuesta por 36 hombres, la cual había sido convocada por el mismo gobierno de Joaquín Prieto.
Las múltiples reformas a esta Constitución, el sistema parlamentario impuesto por los vencedores de la guerra civil de 1891 y la crisis de la economía salitrera, sumió al país en una fuerte crisis política y social, que terminó con un golpe militar el 3 de septiembre de 1824 con el llamado “ruido de sables”, exiliando al presidente Arturo Alessandri Palma e implementando un régimen militar.
Bajo este contexto el movimiento obrero y popular convocó a conformar la Asamblea Constituyente de Asalariados e Intelectuales (o Constituyente Chica), que sesionó por primera vez el domingo 8 de marzo de 1925 en el Teatro Municipal de Santiago, a la cual dentro de su funcionamiento asistieron aproximadamente 1250 delegados de diferentes provincias con el objetivo de generar una propuesta de principios constitucionales de los sectores medios y populares. Pero lamentablemente no tuvieron la fuerza para lograr sus objetivos y las organizaciones participantes serían duramente reprimidas posteriormente.
Debido a la incapacidad de la junta militar de cumplir con las promesas que habían hecho a la población, entre ellas la convocatoria a un Asamblea Constituyente, el 12 de marzo de 1925 bajo el mando Carlos Ibáñez se desata un nuevo golpe, para pedirle a Arturo Alessandri que volviera del exilio para terminar su mandato y establecer una nueva Constitución para ponerle fin a esta profunda crisis. Es así como Alessandri designa a dedo una Comisión Constituyente en la cual participan un promedio de 12 hombres en 33 sesiones, y finalmente junto al ejército se impone un plebiscito ratificatorio, en vez de la Asamblea Constituyente prometida. Fue aprobada con el 94% de los votos, pero con la asistencia del 42% del universo electoral, y finalmente promulgada el 18 de septiembre de 1925.
Es así como se da origen al régimen presidencial, que termina con el golpe militar del 11 de septiembre de 1973. Es así como el régimen militar crea la Comisión de Estudios de la Nueva Constitución o más conocida por el nombre de Comisión Ortúzar, debido a que su presidente era Enrique Ortúzar Escobar y que sesionó desde el 24 de septiembre de 1974 hasta el 31 de octubre de 1978. Esta comisión estuvo conformada por ocho integrantes además de Enrique Ortúzar, los cuales fueron: Sergio Díez Urzúa, Jaime Guzmán Errázuriz, Jorge Ovalle Quiroz, Rafael Eyzaguirre Echeverría, Enrique Evans de la Cuadra, Gustavo Lorca Rojas y Alejandro Silva Bascuñán y cabe destacar la participación de la única mujer Alicia Romo Román.
Posteriormente a la entrega del texto redactado por Comisión de Estudios a Augusto Pinochet pide el 28 de octubre de 1978 al Consejo de Estado comenzar a analizar el texto, de este Consejo de Estado destacan los expresidentes Jorge Alessandri Rodríguez y Gabriel González Videla, además de otros miembros civiles y militares que fueron rotando. Finalmente luego de 57 sesiones de trabajo el 8 de julio de 1980 el Consejo entregó su proyecto a la Junta Militar de Gobierno, la cual designa un Grupo de Trabajo encargado de revisar el texto.
Este Grupo de Trabajo fue integrado por el ministro del interior Sergio Fernández, la ministra de justicia Mónica Madariaga, cuatro auditores militares y algunos invitados ocasionales que realizaron un trabajo que dio lugar a 175 cambios, provocando al irritación de Jorge Alessandri por ver desechadas sus propuestas de relativa liberalización del régimen, renunciando así a su cargo de Presidente del Consejo de Estado.
Luego el texto fue analizado por algunas semanas por algunos juristas y la Junta Militar de Gobierno para ser finalmente aprobada y llevada a “plebiscito” donde se aprobó con el 67% de las preferencias. Posteriormente fue promulgada el 21 de octubre de 1980.
Un plebiscito que se llevó a cabo en pleno estado de emergencia vigente desde 1973, sin libertad de prensa, con el control de la dictadura de los medios de comunicación, sin padrón electoral, sin revisión internacional, donde los votos nulos contaban para el “SÍ”, y las preferencias en las papeletas estaban acompañadas con una estrella en la opción de “SÍ”, y un círculo negro con la opción “NO”. Estudios posteriores revelaron que en algunas localidades había votado más del 100% de la población, personas que votaron más de una vez y recuentos que no fueron públicos.
La Constitución desde su promulgación en 1980 ha sido modificada más de 250 veces, con dos grandes reformas el año 1989, que eliminó el artículo 8 que prohibía grupos o partidos se identificaran con ideas marxistas, y año 2005 que eliminó a los senadores vitalicios, redujo el mandato presidencial de seis a cuatro años, y modificó la composición del COSENA. A pesar de estas modificaciones y la firma de Lagos desde la reforma del 2005, no implica que la Constitución se haya legitimado, debido a que sigue siendo el mismo texto constitucional, con la misma esencia de origen y que nunca ha sido aprobado o reformado con un proceso de participación ciudadana transparente y democrático.
A pesar de que algunos sectores políticos creen que este vicio de origen ha sido superado por las reformas señaladas, esto no es más que una ilusión que demuestra el sesgo de la clase política chilena, el único proceso de legitimación que ha tenido la Constitución actual ha sido el que se ha dado la clase política así misma, pero nunca ha sido legitimada por la mayoría de la sociedad chilena, cabe recordar que una Constitución es una decisión sobre la identidad y forma de existencia de un país, que impone los límites al ejercicio del poder político ¿es posible que el poder político imponga sus propios límites? pues para algunos la respuesta es que sí, una respuesta absurda y de una inmensa patudez.
La Constitución Chilena es ilegítima desde sus orígenes, debido a que nunca se han contado con procesos democráticos y transparentes. Las primeras constituciones en Chile no contaban con la participación de mujeres, y la ciudadanía resultaba un privilegio de solo algunos pocos. La Constitución de 1833 no fue plebiscitada, ni contó con la participación ciudadana. La Constitución de 1925 contó con menos del 50% de aprobación de los nacionales con derecho a sufragio y tampoco se contó con la participación femenina. Y la Constitución de 1980 fue realizada a través de un proceso de embudo y un plebiscito fraudulento bajo plena dictadura militar, sin las condiciones democráticas para un proceso legítimo y sus reformas tampoco contaron con la legitimación ciudadana. En conclusión, la Constitución en Chile es y siempre ha sido ilegítima.
*Estudiante de Derecho UDP, Miembro del Centro de Estudios Humanistas Alétheia
