Estimada Señora, estimado Señor:

Desde hace unos años resido en Cotundo (Archidona) y como ciudadano que soy, me preocupa los múltiples problemas que vive la población y sigo expectante de algunos de ellos, cuya conflictividad parece no tener resolución, más aún ahora cuando la pandemia originada por el Covid-19 ha acentuado la crisis social, económica y política.

Me inquieta sobremanera los problemas que se relacionan con la educación de nuestras niñas, niños y adolescentes, porque en cualquier tipo de sociedad les corresponde la mayor protección posible y al empezar el año lectivo 2020-2021 no se sabe, a ciencia cierta, cómo se resolverá el proceso educativo y sus familias viven en situación de angustia e incertidumbre.

Me parece que al menos tres situaciones deben examinarse con seriedad y sentido de realidad.

  1. Una primera se refiere a la crisis que envuelve, en sí mismo, el confinamiento. Niñas y niños llevan “encerrados” en sus hogares casi seis meses, sin contacto directo con los docentes, sino a través de medios virtuales. La aplicación de la cuarentena, necesaria en un inicio, termina siendo asfixiante y depresiva con la prolongación del tiempo. En hogares, en donde prevalecen relaciones mal tratantes el sentimiento que se habrá cultivado es de dolor por la violencia desatada. De hecho, investigaciones con alcance regional (UNFPA) señalan que los factores de riesgo se han potenciado, que la violencia intrafamiliar se ha acentuado y ha crecido la exposición y acoso mediante redes sociales. Solo por citar un caso, el de embarazos en adolescentes, estos han crecido un 10%, con lo cual más mujeres y hombres jóvenes han limitado sus vidas irremediablemente.Para muchas niñas y niños y adolescentes NO ir a la escuela representa un factor de riesgo adicional, ya que no cuentan con un entorno protector en general, así como para detectar la violencia y poder acompañarlos en los procesos de denuncia y apoyo sicosocial. A esto se suma el limitado acceso a servicios de atención de salud y de prevención de violencia sexual, pues muchas veces no tienen acceso a un teléfono para denunciar desde sus casas.Duele decirlo, pero en el período que vamos de pandemia ya se contabilizan 14 suicidios de niñas y adolescentes en el país. No se contabilizan todavía los casos de violación y de agresiones graves, aunque se presume que son muchísimos.
  2. Como resultado inmediato de la pandemia, se propuso que las actividades escolares pudieran llevarse adelante mediante una modalidad virtual. Este sistema tomó a docentes sin una preparación adecuada y a familias sin los equipos necesarios, así como con limitaciones en la conectividad y falta de financiamiento para pagar los servicios de internet. Concluyó el año lectivo anterior, el pasado mes de julio, sin evaluaciones, pero con la enorme certeza que el proceso educativo había sido solo una buena intención, pero una burda realidad en cuanto a resultados.De lo que se aprecia en Napo, tomando como referencia los establecimientos urbanos con mayor cantidad de alumnado, solo el 35% de familias dispone de computadoras y acceso seguro a internet; un 40% se conecta a través de teléfonos inteligentes generalmente mediante el sistema de prepago y un 25% de familias apela a equipos de vecinos y de otros familiares, cuando puede.

Esta realidad, se vuelve trágica en la zona rural. Para ejemplo, una escuela localizada a tres minutos de Archidona, cuenta solamente con un 20% de familias que pueden solventar la conectividad y los medios virtuales, el resto, que hace la enorme mayoría no tiene teléfono inteligente o si lo tiene, vive en lugares de difícil conexión o simplemente no tiene dinero para pagar el servicio.

Nadie se ha preocupado de los costos de equipos y servicios de conectividad que hacen las y los docentes, ahora mismo impagos dos meses y con una significativa reducción de sus ingresos. ¿Alguien puede pensar que, en estas condiciones, ellos están motivados y en capacidad de hacer un buen trabajo en beneficio de nuestros hijos, hijas y nietos?

3. El inicio del año lectivo 2020-2021 toma a muchas madres y padres con teletrabajo, es decir ocupados en las actividades laborales, trabajando en casa. Esto es decisivo en Napo, en donde se registra un importante porcentaje de empleados públicos dentro de la población en general. Madres y padres de familia que deben ocupar computadoras y dispositivos electrónicos al mismo tiempo que lo deben hacer sus hijas e hijos, para los estudios. Ahora bien, muchos de los empleados son profesores. Es decir, docentes que deben atender a sus estudiantes mediante el sistema virtual y al mismo tiempo, a sus hijos que deben participar, a las mismas horas en procesos escolares virtuales o en línea. ¿Quien entiende esto?

Llamo la atención sobre estos puntos y sobre lo que puede venir si como ciudadanos nos desentendemos de esta situación. Ya el Covid-19 ha minado gravemente a nuestra comunidad y nos ha enrostrado nuestras debilidades como estructura institucional y como cultura social. No podemos seguir “cuesta abajo”, porque afectamos a lo más sagrado de nuestro presente y futuro: la niñez y la adolescencia.

Se requiere una vuelta planificada a la escuela, pero las autoridades locales no dicen nada. Se dirá que todo responde a la necesidad de protección. Puede ser, pero contradictoriamente ya se anuncia que de aquí en adelante la protección ya no será acompañada por restricciones de toque de queda o estado de emergencia, sino que cada uno se cuide. En suma, que al Covid-19 lo encaremos cada uno como sea posible.

A mi juicio, es indispensable que se proponga el retorno a la escuela bajo una modalidad semipresencial, durante el primer quimestre y, tras una evaluación, se extienda bajo la presencialidad en el segundo quimestre.

Sin duda, esta es una decisión que corresponde a las autoridades educativas. No solo a las autoridades centrales, sino también a las autoridades territoriales e institucionales. Por supuesto, tienen corresponsabilidad las instituciones que lideran el desarrollo local y las que intervienen en los COE cantonales y provincial. La propuesta es presentar iniciativas y salidas desde la realidad y desde los beneficios que se obtendrían para las familias de Napo. Resulta insufrible escuchar repetidamente que la decisión proviene del nivel central, que casi siempre representa ser “desde el escritorio”.

Quisiéramos ver activos a rectoras, rectores, directoras y directores escolares presentando sus demandas, traducidas desde la población. Sin temor ni favor. Buscando las mejores condiciones para la educación de niñas, niños y adolescentes y asumiendo con responsabilidad su protección, con el apoyo de madres y padres de familia.

La importancia de ser corresponsables de la educación debería llevar a disponer de un plan local de retorno a las escuelas, que considere objetivos y actividades de análisis y decisión sobre los siguientes aspectos:

  • Cuántas escuelas pueden efectivamente activarse bajo la modalidad presencial, por el número manejable de estudiantes y la relativa cercanía de docentes y estudiantes.
  • Cuántos servicios pueden funcionar semi presencialmente, contando con la infraestructura de canchas cubiertas, coliseos, agrupamientos de no más de 15 estudiantes por aula, entre otras medidas.
  • Quién a va a financiar la aplicación de los protocolos para el autocuidado y la higiene en los establecimientos educativos, porque, aunque se hagan anuncios por parte del Ministerio de Educación, no habrá fondos.
  • Cuánto textos y libros se pedirán comprar a madres y padres de familia que están producidos para la modalidad presencial, sin importar que no se implemente la presencialidad en las escuelas
  • Quién dará cuenta de los costos que deben sufragar las familias para los procesos escolares en línea, con guías en físico y pagos de equipos y servicios, cuya verdad se requiere conocer.

Dimensionar cuántos niñas, niños y adolescentes ya no estudiarán en este año, porque las condiciones económicas de sus familias no lo permiten, con el consiguiente retroceso de los indicadores de acceso y cobertura, y el empobrecimiento mayor de esa población.

Finalmente, la sociedad local necesita conocer cuál es la postura de los COE Cantonales, de las autoridades locales, Prefectura, Alcaldes y Juntas Parroquiales que tienen responsabilidades directas en la gestión del desarrollo.

Mientras la autoridad local no se sienta corresponsable de la política pública en el territorio seguiremos pendiente de lo que diga y ordene “el escritorio” y cancelaremos nuestra capacidad de resolver nuestros propios problemas.

Atentamente,

Gonzalo Barreno Hernández (educador)