El pasado 13 de agosto, la Corte de Apelaciones de lo Penal del Departamento de Francisco Morazán dio a conocer tres resoluciones – fechadas el 3 de marzo – relativas al sonado caso de los defensores de los bienes comunes de la comunidad de Guapinol, al noreste de Honduras. A ocho de ellos se les confirmó auto de formal procesamiento y prisión preventiva, mientras que a otros cinco se les revocó el sobreseimiento definitivo dictado el año pasado por el Juzgado de Letras Penal con Jurisdicción Nacional.
En los años pasados, al menos 32 personas fueron requeridas fiscalmente por defender el territorio y los ríos que bajan del Parque Nacional «Montaña de Botaderos», cuya zona núcleo está siendo amenazada por la empresa minera Inversiones Los Pinares (NE Holdings Inc y NE Holdings Subsidiary Inc), antes EMCO Mining Company.
En esta zona nacen alrededor de 34 fuentes de agua que abastecen ciudades y comunidades. En especial los ríos Guapinol y San Pedro son los que están sufriendo los principales impactos. Nunca las comunidades y poblaciones de la zona fueron consultadas antes de otorgar las concesiones.
Las holdings que administran Inversiones Los Pinares son controladas por Lenir Pérez Solís, ya involucrado en el pasado en otros conflictos mineros[1], y Ana Facussé Madrid, hija del tristemente famoso terrateniente palmero Miguel Facussé Barjum. El nombre de Facussé ha sido relacionado en el pasado con el grave conflicto agrario del Bajo Aguán[2], donde decenas de campesinos organizados perdieron la vida, y con el despojo territorial en la península de Zacate Grande[3].
Criminalización y ensañamiento
En febrero de 2019, 11 defensores y 1 defensora[4] de la comunidad de Guapinol, todos miembros del Comité de Defensa de los Bienes Comunes y Públicos, fueron acusados de los delitos de robo, privación injusta de la libertad, incendio agravado, usurpación y asociación ilícita en perjuicio de Inversiones Los Pinares. Después de ser encarcelados durante casi dos semanas, el 4 de marzo fueron sobreseídos definitivamente.
Cinco meses después, otros 7 defensores de los bienes comunes[5] de la misma comunidad fueron detenidos y encarcelados por los delitos de incendio agravado y privación injusta de la libertad. A ellos se suma Jeremías Martínez Díaz, quien guarda prisión desde diciembre de 2018.
A pesar de varios intentos de sus defensores de obtener una revisión de medidas cautelares, los jueces han venido denegando sistemáticamente esta posibilidad, y los ochos defensores del agua y la vida siguen presos, siete en la localidad de Olanchito y uno en La Ceiba.
La persecución contra defensores y defensoras de los bienes comunes de Guapinol ha quedado aún más evidenciada ahora con las resoluciones criminalizadora de la Corte de Apelaciones.
En la primera resolución (085-2020), los magistrados resolvieron revocar el sobreseimiento definitivo dictado el año pasado en favor de cinco de los doce defensores: Juan Antonio López, Carlos Leonel George George, Reynaldo Domínguez Ramos, José Adalid Cedillo Mendoza y Marco Tulio Ramos.
Contra ellos, la fiscalía podrá ahora abrir auto de formal procesamiento «como autores de los delitos de privación injusta de la libertad e incendio agravado en perjuicio de Santos Hernández Corea, y del delito de incendio agravado en perjuicio de Empresa Los Pinares SA de CV», se lee en la resolución.
Además, reformaron el sobreseimiento definitivo dictado en favor de los 11 defensores y 1 defensora por el delito de robo, convirtiéndolo en provisional. Asimismo confirmaron el sobreseimiento definitivo por el delito de asociación ilícita.
En la segunda resolución, el pleno de la Corte de Apelaciones ratificó los autos de formal procesamiento decretados contra los ocho defensores actualmente privados de libertad, confirmó el sobreseimiento definitivo por el delito de asociación ilícita y dictó sobreseimiento provisional por el delito de robo.
Queda pendiente la decisión sobre el delito de usurpación, otra espada de Damocles que cuelga sobre la cabeza de los defensores hondureños .
Finalmente, con la tercera resolución, los magistrados resolvieron declarar no ha lugar el recurso interpuesto por los apoderados legales de los ocho privados de libertad, contra la decisión del Juzgado de Letras de noviembre pasado de ratificar la prisión preventiva.
Una decisión política
«Son decisiones totalmente políticas. En primer lugar, las resoluciones son del 3 de marzo, es decir que nos ocultaron la información durante casi seis meses. Además, a cinco de los doce defensores sobreseídos definitivamente el año pasado los vuelven a procesar.
Hay un mensaje político dentro de las resoluciones, porque deciden someter a proceso a aquellos compañeros que más visiblemente han denunciado los atropellos cometidos en Guapinol», dijo a la LINyM, Edy Tabora, miembro del equipo legal de los defensores de los bienes comunes.
Esta decisión de los magistrados podría conllevar la revisión de las medidas cautelares y una posible privación de libertad para los cinco defensores. Ante esta situación, el equipo legal ya presentó una impugnación ante el mismo tribunal.
«No es posible que en Honduras se siga criminalizando y encarcelando a quienes defienden la tierra y los bienes comunes, mientras se liberen a los que están involucrados en graves casos de corrupción (caso Pandora) o que son beneficiados con el nuevo código penal.
El mensaje político es clarísimo: aquí la dictadura sigue mandando y sigue manipulando el sistema judicial y la normativa, beneficiando a los amigos y criminalizando a los que considera sus enemigos», agregó Tabora.
Honduras letal
Honduras tiene más del 35 por ciento de su territorio concesionado para proyectos extractivos y energéticos.
Lo que ocurre a defensores y defensoras de Guapinol no es un caso aislado. De acuerdo al más reciente informe de Global Witness[6], Honduras es entre los países con la mayor cantidad absoluta de personas defensoras de la tierra y los bienes comunes asesinadas (14 en 2019).
Sin embargo, si calculamos el número de asesinatos per cápita, Honduras se convierte en el país más peligroso para los activistas ambientales, y el con el mayor aumento en el porcentaje de ataques letales.
El Grupo de Trabajo de Empresas y Derechos Humanos de Naciones Unidas, cuya delegación visitó Honduras el año pasado, señaló que la mayoría de los conflictos asociados a proyectos de inversión de gran escala «tienen un origen bastante común: la falta de involucramiento y diálogo significativo, la insuficiente y débil práctica de consulta y búsqueda de consentimiento».
Asimismo, consideró imprescindible garantizar la independencia del sistema judicial para «fortalecer la rendición de cuentas y el acceso a recursos para las víctimas de abusos de los derechos humanos por parte de las empresas».
El Grupo instó a las autoridades hondureñas a actuar de inmediato «para abordar las causas de los conflictos sociales y la desconfianza extrema en la capacidad de las instituciones para promover una economía justa e inclusiva».
«El poder judicial refleja la voluntad del poder económico y garantiza sus intereses. En este sentido sigue criminalizando a todos aquellos que resisten y luchan contra la imposición de proyectos extractivos.
Aunque la situación es complicada y la persecución contra defensores y defensoras no para, vamos a solicitar nuevamente la revisión de medidas cautelares para las personas privadas de libertad e impugnaremos el fallo de la Corte de Apelaciones. Vamos a pelear para que se haga justicia», concluyó Tabora.
Notas
[1] https://bit.ly/34b6O6M
[2] https://bit.ly/321MQbY
[3] https://bit.ly/3j4q2zh
[4] Marco Tulio Ramos, Reynaldo Domínguez Ramos, Juan Antonio López, José Eugenio Esquivel Villeda, Juventino Cruz Hernández, Ally Magdaleno Domínguez Ramos, Juan Manuel Cruz Hernández, Juan Francisco Cruz García, José Santos Hernández, Carlos Leonel George George, José Adalid Cedillo Mendoza y Lourdes Elizabeth Gómez Roda.
[5] Porfirio Sorto Cedillo, José Abelino Cedillo, Kelvin Alejandro Romero, Arnold Javier Alemán, Ever Alexander Cedillo, Orbin Nahún Hernández y Daniel Márquez
[6] https://bit.ly/3kXXcST / IPS
