Mirando Crónica TV hoy, 7 de julio de 2014, uno podría haber pensado que estábamos en cualquier día de los años 60 o 70. Los camiones hidrantes que llamábamos Neptuno, las tropas de infantería con bastones, escudos y escopetas; del otro lado,  trabajadores denunciando vaciamientos, despidos, carestía.

E los ’60, enfrentábamos a la represión del general Juan Carlos Onganía que usó la política de “palos y agua” para tratar de controlar las expresiones populares y políticas de sus opositores, tanto porque repudiábamos su golpe de estado como su economía de exclusión. Pero el paisaje que mostraba hoy el televisor era el mismo, porque es el escenario de cualquier represión.

Ya lo habíamos vivido en 1962  y lo habíamos enfrentado en Córdoba durante la sangrienta jornada en que nos visitó otro general, Charles De Gaulle. Ese día el destino nos puso a prueba porque el herido de bala que auxiliamos casi muere en nuestros brazos. Cuando llegamos hasta la ambulancia el enfermero nos anticipó con gestos el desenlace posterior.

Esta mañana efectivos de Infantería de la Policía Federal realizaron un violento operativo de desalojo del corte de la avenida General Paz. Los obreros de Emprendimientos Ferroviarios (Emfer) y de Tecnología Avanzada en Transportes S.A. (Tatsa), proveedora de material ferroviario, denunciaban “el vaciamiento” de las empresas y la falta de pago de los salarios, entre otras cuestiones.

Los trabajadores respondieron con piedras y hubo heridos en ambos bandos, una acción y una reacción. Pero es el desempeño de la  policía el que nos interesa considerar ya que es el Estado quien tiene el monopolio de la fuerza pública y es el gobierno el responsable de su utilización.

Hoy, en 2014, este paisaje que vimos, combatimos y sufrimos tantas veces durante las dictaduras y en muchos “gobiernos democráticos”, no corresponde. No encaja. Confunde.

Nos habíamos convencido de que Néstor Kirchner iba a respetar -lo hizo- al igual que los gobiernos de su mismo signo político -lo hicieron hasta ahora- el  compromiso de permitir las expresiones públicas de disconformidad. Dicho en otras palabras, de no reprimir al pueblo que protesta.

Ahora estamos consternados. El gobierno es legal, respetuoso de la libertad de expresión  y tiene políticas de inclusión social que apoyamos. En general -lo hemos dicho y lo repetimos- es el mejor gobierno que hemos tenido en el último período democrático. Posiblemente por eso, esta represión de hoy no puede silenciarse. El gobierno tiene la obligación de echar a los policías y funcionarios del Ministerio de Defensa e Interior responsables de estos palos, agua y balas de goma.

En esta represión, puntualmente, no hubo sangre, pero no podemos esperar a que la haya para denunciar los abusos de poder y el potencial peligro que supone este hecho. Sabemos de la tentación permanente de quienes creen que, por hacer bien algunas cosas,  tienen derecho a la mano dura y a imponerla a discreción. Si este día es el primero de muchos donde volverán las balas de goma, no tardarán en aparecer las de plomo y, cada tanto, los muertos anónimos.

El gobierno debe dar señales claras de que seguirá la ruta que trazó Néstor Kirchner y no salir a disculpar o a buscar pretextos para la represión. Hoy se reprimió, hay un proyecto de ley anti piquetes en el legislativo -que no va ser aceptada por el pueblo- y una disconformidad creciente.

Necesitamos señales claras de que hoy no comenzó a instalarse un modo de actuar que nos lleve de vuelta a las épocas de barbarie.