La Ley de Comunicación logró posicionar en el debate público la posibilidad de construir un modelo comunicacional social y democrático, y de transformar las relaciones de propiedad y de poder en los medios de comunicación ecuatorianos, sostuvieron especialistas entrevistados por Andes.

“A un año de vigencia de la Ley, abrimos puertas para que el espectro radioeléctrico sea propiedad pública mediante un reparto equitativo. Hasta 2007 el panorama estaba inclinado hacia los medios privados, en donde había un 93,2% de concentración. Ahora –aunque la mayoría de medios siguen siendo privados- ya aparecen medios públicos con 5% y medios comunitarios con 4%, y estos son pasos vitales para alcanzar la equidad en derechos comunicacionales”, afirmó el presidente del Consejo de Regulación y Desarrollo de la Información y Comunicación (Cordicom), Patricio Barriga.

De igual forma, el académico y analista experto en temas comunicacionales y políticos, Romel Jurado, sostuvo que esta ley implicó la modificación de la estructura de propiedad de los medios y se tradujo en “una modificación estructural de las empresas privadas hacia los requerimientos de la Ley y de la Constitución, que sin duda propiciaron implicaciones económicas importantes que afectaron sus privilegios”.

La aprobación de esta normativa en el país suramericano fue postergada por casi cuatro años, pese a ser un mandato constitucional y contar con el respaldo de un referéndum en 2011. Finalmente fue aprobada por mayoría en la Legislatura ecuatoriana el 14 de junio del 2013 y entró en vigencia el 25 de junio del mismo año.

Jurado señaló que otro de los avances positivos es que la ciudadanía cuenta con un conjunto de derechos y deberes establecidos expresamente en la Ley y con mecanismos institucionales como la Superintendencia de Comunicación (Supercom) y el Cordicom para reclamar derechos o para prevenir su vulneración mediante el desarrollo de normativa secundaria y políticas públicas en materia comunicacional, respectivamente.

Asimismo, afirmó que la calidad de la información ha mejorado de forma considerable gracias a la Ley, pues ahora en los contenidos se verifica que las noticias sean reales y no inventadas, que la composición noticiosa sea equilibrada, y que los medios sean exactos en cuanto a los datos que integran en la noticia.

“Estas tres condiciones han logrado que el trabajo periodístico mejore sustancialmente, pues los periodistas de medios privados, públicos y comunitarios se esfuerzan por verificar, contrastar y hacer una producción exacta de los datos que se consignan en las notas”, dijo.

Asimismo, explicó que la identificación de contenidos es una disposición importante para evitar engaños o información fraudulenta.

“La ley obliga a identificar qué tipo de contenido se ofrece y evita que contenidos de opinión se vuelvan noticia”, ejemplificó.

Patricio Barriga añade que la existencia de organismos de regulación crea bases para el mejoramiento de contenidos. El funcionario indica que el Cordicom ha expedido ocho reglamentos incluyendo el general para “asegurar una comunicación inclusiva, plural y diversa”.

También recalcó que la Ley ha puesto sobre la palestra de discusión la no discriminación a los sectores vulnerables de la sociedad y ha establecido normativa que sancione la violencia mediática contra las minorías.

Barriga enfatizó también en la defensa de la profesionalización de los comunicadores, pues a su criterio “esta no restringe la libertad de expresión, más bien pretende desarrollarla”, y para ello indica que trabajan interinstitucionalmente para definir servicios de capacitación y espacios de educación formal que certifiquen las competencias laborales, indicó.