Por Fernando Salinas, ecologista.
Está claro que la pandemia del COVID-19 está provocando en Chile una crisis social y económica de tal envergadura, que ya se está hablando de que podría acercarse a la recesión del año 1981, incluso a la gran recesión de año 1930. No sabemos todavía si los mayores instrumentos de política económica con que contamos hoy en día serán suficientes para aminorar las consecuencias, ya que uno de los factores que agrava mucho más el panorama es la actual incertidumbre que se tiene sobre la evolución de la pandemia.
Por lo tanto, si hay incertidumbre, no se puede descartar que los 12.000 millones de dólares comprometidos para paliar la crisis social y económica que se producirá, sean insuficientes.
Se ha hablado sobre la posibilidad de que los afiliados a las AFP puedan retirar una parte de sus ahorros, sin embargo, el gobierno ha insistido que dicha opción reduciría los montos de las pensiones en el futuro y que sería algo así como “pan para hoy y hambre para mañana”. En realidad, deberían decir “pan para hoy y MAS hambre para mañana”, dada las escuálidas pensiones que entrega el sistema de AFP. Esta apreciación sobre el retiro anticipado de una porción de los ahorros en las AFP, puede ser válida en la medida que ese retiro se circunscriba al concepto individualista que tiene nuestro sistema de pensiones. No obstante, hay otra manera de usar los fondos de las AFP sin deteriorar las pensiones futuras, pero ello implica deshacerse de esa visión individualista que tenemos de la administración de las pensiones y aplicar una visión que considere a la pandemia del COVID-19 como un problema sanitario global que afecta a toda la sociedad.
Bajo esta nueva perspectiva se propone, como una forma de conseguir recursos en esta emergencia, que los dueños de los fondos de las AFP, es decir, los cotizantes, le otorguen un crédito al Estado de Chile y éste lo devuelva a cada cotizante al momento de jubilar. La devolución se calcularía de manera proporcional a la rentabilidad que consiguieron los fondos de cada cotizante desde el momento de la otorgación del crédito hasta el instante de la jubilación, ello siempre y cuando estén operando las AFP. Si así no fuera, y hubiera otro sistema de pensiones, al momento de pensionarse se aplicaría el mismo principio, teniendo como referencia el efecto proporcional de las cotizaciones en la jubilación, también calculado desde el momento de la transferencia de los recursos. El efecto financiero en la jubilación es neutro para el cotizante, incluso podría ser superior si el Estado considera pagarle una prima, como lo haría con otros agentes si acudiera al mercado.
Además, dada las condiciones del sistema financiero internacional, que cada día se hace más riesgoso, por la evidente y no resuelta crisis ecológica mundial -en que una de las consecuencias son plagas y pandemias- el Estado de Chile está en mejores condiciones de garantizar una jubilación menos riesgosa que aquella que podría obtenerse de las inversiones financieras.
