Diversos actores políticos y económicos de la oposición ecuatoriana, estuvieron detrás del golpe de Estado e intento de magnicidio que sufrió el presidente de Ecuador, Rafael Correa, en setiembre del 2010.

Esa es la principal conclusión de la Comisión investigadora de la revuelta policial ocurrida aquel año, que dejó como saldo diez personas muertas y 300 heridos.

Carlos Baca, presidente de la comisión investigadora, reveló que “existió un intento de golpe de Estado que formaba parte de un proceso de desestabilización de los gobiernos progresistas de América Latina”, señaló.

Según la comisión, esta desestabilización provocada en el Ecuador, no estuvo aislada de los procesos antidemocráticos registrados en otros países de América Latina.

De igual manera, Oscar Bonilla, integrante de la Comisión investigadora, reveló que las supuestas protestas eran parte de un golpe de Estado planificado por actores políticos y económicos.

“Los responsables son actores políticos, sectores de la Policía y miembros de Fuerzas Armadas que se vincularon a los hechos”, acusó Bonilla.

También aseguró que “los poderes fácticos locales están vinculados con poderes fácticos internacionales que planificaron los hechos también fuera del país”, sostuvo el integrante de la Comisión investigadora.

Otra de las conclusiones de los investigadores fue denunciar el papel que jugaron varios medios de comunicación privados de Ecuador que habrían promovido la crisis política desde meses antes.

Según la comisión, dichos medios contribuyeron a “construir escenarios de inconformidad en la ciudadanía y en las tropas armadas”.

El setiembre de 2010, un grupo de policías se rebeló contra el gobierno de Correa, bajo el argumento de que una ley cambió el régimen salarial de los policías.