Algunas víctimas de las masacres de El Limón, Bahía Portete y la Sierra Nevada, dijeron a Hacemos Memoria que es una afrenta del Gobierno designar al hijo de un excomandante paramilitar como coordinador del grupo de víctimas del Ministerio del Interior. Otras víctimas ven el nombramiento como una  posibilidad de reconciliación.

El pasado 19 de mayo se conoció que la Ministra del Interior, Alicia Arango, nombró como coordinador del Grupo de Articulación Interna para la Política de Víctimas del Conflicto Armado (GAPV) a Jorge Rodrigo Tovar, hijo de Rodrigo Tovar Pupo, alias ‘Jorge 40’, excomandante del Bloque Norte de las Autodefensas Unidas de Colombia. El nombramiento generó polémica, entre otras cosas porque Tovar ha calificado a su padre como un preso político, como lo afirmó en un trino publicado el 27 de julio de 2017.

Tovar Pupo, quien fue extraditado a los Estados Unidos el 13 de mayo de 2008, comandó un ejército de tres mil paramilitares que operó en el norte de Colombia y que entre los años 1996 y 2006 asesinó a 900 personas en masacres cometidas en Cesar (480 víctimas), Magdalena (345 víctimas), Sitionuevo (51 víctimas) y Atlántico (24 víctimas), según datos del informe En honor a su memoria: víctimas del Bloque Norte de las AUC en el Caribe colombiano, elaborado por el Centro Nacional de Memoria Histórica.

Recordando estos hechos, las víctimas rechazan que ahora el hijo de quien fue su victimario asuma la coordinación del grupo de trabajo que tiene a su cargo la implementación de la política pública de víctimas desde el Ministerio del Interior, pues desde su creación, en marzo de 2015, el GAPV tiene la misión de desarrollar las acciones que le competen al Mininterior en la atención a las víctimas del conflicto armado y hacer seguimiento a los compromisos que tienen los entes territoriales con la Ley 1448 de 2011 (Ley de Víctimas y Restitución de Tierras).

Una bofetada a las víctimas de la masacre de El Limón

El 1 de septiembre del 2002, paramilitares del Bloque Norte de las Autodefensas atacaron con cilindros y rockets la vereda El Limón de Riohacha, Guajira. En la masacre fallecieron 16 personas del grupo étnico Wiwa, entre ellas los abuelos de Pedro Manuel Loperena, concejal de Valledupar y defensor de los derechos de los indígenas, quien interpreta el nombramiento del hijo de Tovar Pupo como “una provocación por parte del Gobierno a las más de 8 millones de personas victimizadas en el país”.

“Es un mensaje muy claro del Gobierno porque el cargo que asume es simbólico, es muy importante. Hay otras personas que tienen la dignidad para asumirlo, que no tienen ningún señalamiento frente al conflicto armado. Más que una bofetada al movimiento de las víctimas del conflicto armado es una bofetada al proceso de reparación, también a la comunidad internacional que acompaña todos procesos”, expresó el concejal Loperena.

El concejal e integrante del pueblo Wiwa, agregó que no tiene nada en contra de Jorge Rodrigo Tovar, pero afirmó que su parentesco con el excomandante del Bloque Norte de las AUC obstaculiza la generación de relaciones de confianza con las personas a las que el exjefe paramilitar afectó, lo que significa que se “dificultará el trabajo entre la institución y las víctimas”.

En la misma línea se encuentra la opinión Carlos Guerra, indígena Wayúu y abogado de la Universidad Externado de Colombia. “Este nombramiento no les permitirá a las víctimas de ‘Jorge 40’ avanzar en la superación de una serie de actos atroces que aún persisten en la memoria de nuestras gentes. Por el contrario, deja un vil recuerdo de lo que fue Jorge 40 y su íntima cercanía con el poder”, expresó.

Según el informe La maldita tierra. Guerrillas, paramilitares, mineras y conflicto armado en el Cesar, elaborado por el Centro Nacional de Memoria Histórica, Jorge 40 “controló y dominó a la clase política y económica de la región Caribe”. Muestra de ello fue la reunión realizada el 28 de septiembre del año 2000 en el municipio de El Chivolo, Magdalena, donde participaron 13 candidatos a alcaldías y 395 personas más, entre aspirantes a concejos y asambleas. De dicha convención surgió el Pacto de Chivolo, que marcó el nacimiento del movimiento político Provincia Unida por una Mejor Opción de Vida.

El comandante paramilitar realizó otros pactos como el Pivijay, firmado el 22 de noviembre del 2001, en el que “se acordó la elección de los congresistas Dieb Maloof, Jorge Castro, José Gamarra Sierra y Gustavo Orozco”, denunció el informe Balance político de la parapolítica realizado por la Fundación Nuevo Arcoíris para el Congreso de la República.

Este nombramiento desconoce la ley Wayúu

Karmen Ramírez Boscán, integrante de la comunidad indígena Wayúu que se encuentra exiliada en Europa, señaló que la designación del hijo de ‘Jorge 40’, responsable del asesinato de 27 de sus familiares, desconoce cómo se entiende la justicia en la idiosincrasia de su pueblo originario. “Si bien, en la justicia colombiana los crímenes no se heredan, en la ley Wayúu los crímenes no prescriben, se heredan de generación en generación, la designación del hijo de Jorge 40 en el grupo de víctimas es como poner al asesino de mis familiares sin antes haber enviado la palabra”. Por eso, exige al Gobierno retractarse de la designación de Jorge Rodrigo Tovar en la coordinación del GAPV.

Por otro lado, María del Carmen Tiles, lideresa Wayúu y víctima, recordó que Jorge Rodrigo Tovar ha calificado a su padre como un preso político, situación que para ella genera un problema ético porque “su planteamiento legitima la lucha de su padre. En esa medida, él no se ha apartado del discurso legitimador del paramilitarismo que ‘Jorge 40’ propagó. Entonces aquí el problema es que no es una persona que se desmarca de sus parientes, sino que sigue el mismo discurso”, señaló.

Imagen vía Twitter.

Telemina Barros, líder Wayúu y víctima de la masacre de Bahía Portete, cometida entre el 18 y el 20 de abril de 2004 por un grupo de 40 paramilitares que asesinaron a seis personas, cuatro de ellas mujeres, considera que calificar a ‘Jorge 40’ como preso político es desconocer las memorias de las víctimas del conflicto armado en La Guajira marcadas por los asesinatos, las masacres y los desplazamientos en los que incurrió el excomandante paramilitar.

“Este hecho nos produce mucha desconfianza porque es muy difícil en mi caso, que tengo a una tía y a una prima desaparecidas, ir a sentarme con una persona cuyo padre es uno de los autores de la masacre de Bahía Portete. Nos deja en el aire. Todo esto nos deja estancados al mismo tiempo, ya que ahora existe una tensión entre el Gobierno y nosotras las víctimas”, expresó Telemina.

La negación de las víctimas del paramilitarismo

Para Jorge Freytter-Florian, hijo de Jorge Adolfo Freytter, profesor y sindicalista de la Universidad del Atlántico asesinado por integrantes de las AUC el 28 de agosto del 2001, el nombramiento de Tovar como coordinador del GAPV es una muestra más del “negacionismo constante por parte del establecimiento colombiano, que se suma a la designación que hicieron en otros cargos, como la dirección del Centro de Nacional de Memoria Histórica donde nombraron a una persona con aristas muy críticas frente a la paz y al reconocimiento de las víctimas del fenómeno paramilitar en Colombia”.

Freytter-Florian explicó que Jorge 40 está vinculado a la investigación judicial por la muerte de su padre, pero a la fecha no ha rendido indagatoria sobre la injerencia de los grupos paramilitares en las universidades públicas de Colombia.

“Jorge Rodrigo Tovar tiene que quedar impedido porque viene de un contexto donde su padre no ha respondido por muchos de los asesinatos, masacres y torturas que realizó en los siete departamentos del Caribe”, señaló Freytter-Florian.

Otra persona afectada por el accionar el Bloque Norte es Jaime Enrique Arias, gobernador del Cabildo Indígena Kankuamo ubicado en la Sierra Nevada de Santa Marta. En esta comunidad, el 8 de diciembre de 2002 los paramilitares asesinaron a cuatro personas, entre ellas el Mamo del Cabildo Indígena Abel Alvarado Maestre. Las otras víctimas fueron José Manuel Cáceres, Alfredo Antonio Borrego y  Franklin Manuel Arias Arias. Ver: Vinculan a ‘Jorge 40’ y a ‘El Paisa’ a masacre de Kankuamos

Para Arias, que Jorge Rodrigo Tovar fuera nombrado como coordinador del GAVP muestra “una afinidad del gobierno con el paramilitarismo, así como la hubo durante el mandato de Álvaro Uribe, un hecho que es de conocimiento y que está en los estrados judiciales. Hay mucha flexibilidad del partido de gobierno, el Centro Democrático, con los grupos de autodefensas”.

Hay que darle oportunidades a la reconciliación

Sifredy Culma, líder reclamante de tierras a quien paramilitares comandados por ‘Jorge 40’ le despojaron sus predios en Becerril, César, ofrece una visión distinta a la de otras víctimas.  Para él, Jorge Rodrigo Tovar, el hijo del excomandante paramilitar, “no tiene ninguna responsabilidad de lo que hizo su papá. Yo veo en él una intención de reconciliación en tanto ha hecho gestos como encontrarse con el hermano del exjefe guerrillero, Simón Trinidad. ¿Por qué va a creer uno que él va a imponer lo mismo que hacía el papá?”, comentó.

Culma, además señaló que en un país en el que se adelantan procesos de reparación, reconciliación y perdón, es necesario que todas las personas, independiente de sus vínculos familiares, tengan el mismo derecho a participar en instituciones del Estado.

“Yo estuve de acuerdo con el proceso de paz con la guerrilla, pienso que así como en el Congreso hay exintegrantes de las FARC que causaron mucho daño, también se debería permitir la participación de Jorge Rodrigo Tovar en el GAPV”, opinó Culma.

Por eso, este reclamante de tierras dijo estar dispuesto a reconciliarse con el exjefe paramilitar a quien, incluso, le ha enviado cartas para pedirle que regrese al país, se acoja a la Justicia Especial para la Paz y ofrezca verdad sobre los hechos de violencia que desplegó en la costa Caribe.