La cuestión de la igualdad
Por Luis Razeto M.
Los movimientos estudiantiles y la inmensa mayoría de los chilenos queremos y exigimos una profunda reforma educacional, porque el sistema educativo existente es de deficiente calidad y gravemente desigual. Esta justificada y consistente demanda social se ha traducido en el eslogan ‘educación de calidad igual para todos’, que ha sido asumido también como discurso oficial del gobierno y como idea orientadora de la reforma educacional que ha formulado el Ministerio de Educación.
En dos artículos anteriores – Una Reforma Pensada Poco y Mal, y Sobre el Lucro, el Copago y la Subvención – expliqué por qué ese proyecto de reforma es malo y debiera pararse, argumentando básicamente que su aplicación afectaría severamente la ya menguada calidad de la educación que se imparte. También adelanté un conjunto de propuestas alternativas que permitirían un efectivo aunque parcial mejoramiento de la educación escolar que reciben los niños y jóvenes en la educación pública y en la particular subvencionada. Pero dejé pendiente y anunciada para este tercer artículo la cuestión de la igualdad, que es junto al problema de la calidad, causa esencial de las luchas estudiantiles y razón fundamental de la necesidad de reformar profundamente la educación.
«Dejé pendiente y anunciada para este tercer artículo la cuestión de la igualdad, que es junto al problema de la calidad, causa esencial de las luchas estudiantiles y razón fundamental de la necesidad de reformar profundamente la educación».
Lo primero que decir al respecto es que cualquier proceso de nivelación que se oriente y traduzca, rápida o progresivamente, a una nivelación tendencial entre la educación pública y la educación particular subvencionada, no significaría otra cosa que acentuar la brecha que separa a las clases y categorías sociales dominantes y dirigentes (en lenguaje corriente, los sectores acomodados o los ‘ricos’) y las clases subordinadas y dirigidas (los sectores medios y los ‘pobres’).
En efecto, los primeros, incluida toda la llamada ‘clase política’, educa a sus hijos en la educación particular pagada, que atiende actuamente al 7 – 8 % de la población constituida por los sectores ‘pudientes’. Si se aplicara el proyecto de reforma educacional del gobierno, es probable que un pequeño sector de los colegios particulares subvencionados, los que tienen más alto ‘copago’, se convertiría en particular pagado; pero serían pocos, pues como dijo muy clara y cínicamente el Ministro de Educación, “no hay mercado para más”. Supongamos que pueda ‘haber mercado’ para que esa educación aumente hasta abarcar al 10 % de la población. El 90 % restante quedaría en la educación ‘igual para todos’. Tan igual para todos, que sería gratuita, y no sólo gratuita, sino que incluso las familias de niveles intermedios que quisieran aportar parcialmente a la educación de sus hijos mediante el ‘copago’, estarían impedidas de hacerlo. Sólo las clases dominantes y dirigentes, entre las que se cuenta la ‘clase política’, podrían pagar para educar a sus hijos. El resto no, pues para ellos se trata de un ‘bien público’, un ‘derecho’, algo que deben recibir todos por igual, de manera gratuita. ¡Esa sí que es segmentación! Los ‘pudientes’ pagan y eligen la educación que quieren para sus hijos. Para el resto, educación gratuita, un ‘derecho’ que se busca garantizar que sea efectivamente ‘igual para todos’.
Hacia allá se orienta, progresivamente porque ‘no alcanza la plata del Estado para hacerlo más rápidamente’, la reforma educacional presentada por el gobierno. Este es, en mi opinión, el ‘gran engaño’ de esta reforma, y es la razón por la cual reitero lo que dije en el primero de estos artículos: “hay que parar esta reforma educacional’, que está pensada poco y mal.
De lo dicho alguien podría sacar la conclusión simplista y errónea de que para avanzar hacia una efectiva igualdad educacional lo que se requiere es impedir la educación particular pagada, de modo de poner a todos los niños y jóvenes del país en igualdad de condiciones: educación gratuita e igual para todos, sin permitir ni el ‘pago’ ni el ‘copago’.
El error ‘garrafal’ de este enfoque – además de la negación que implica de la libertad de educación, que es también libertad de pensamiento, y que es un derecho humano fundamental – consiste en no comprender las causas de la desigualdad social, ni el modo en que la educación opera en su reproducción y/o en su mitigación.
«En realidad pienso, no en una ‘reforma’ de la educación escolar sino en la necesidad de una educación radicalmente distinta, en una nueva educación».
Lo primero que hay que entender es que la desigualdad –la excesiva e insostenible desigualdad socio-económica existente en el país-, no es causada por la educación. La desigualdad se genera en la organización de la economía, esto es, en el sistema de producción, distribución, consumo y acumulación de la riqueza, y en la organización del Estado, esto es, en el sistema político e institucional que garantiza y reproduce el orden social y económico existente. No es el caso, en este artículo sobre la reforma educacional, de ahondar en la explicación de ello. Bástenos decir que la desigualdad es consustancial a la civilización moderna, capitalista en lo económico y estatista en lo político.
Pues bien, ¿qué efectos tiene la educación sobre este sistema económico político y sobre la consiguiente desigualdad?
Ante todo hay que observar que la educación refleja la división social y la estratificación socio-económico-política existente. Es bastante obvio que el ‘sistema’ social, político y económico tiende a reproducirse, ‘necesita’ hacerlo, y en ello la educación cumple un papel importante, sea en la formación y selección de la ‘clase política’ y de las burocracias públicas que operan en el Estado, como en la formación y selección de las distintas categorías profesionales y empresariales que se desenvuelven en la economía y en el mercado. En la educación se forman los dirigentes y se forman los dirigidos, se forman los empresarios y los ejecutivos, los profesionales y los técnicos, los militares y los policías, los empleados públicos y privados, los obreros y los campesinos, y todas las categorías sociales que necesita el ‘sistema’ para funcionar.
Es así que la actual estratificación de la educación escolar refleja (y en parte contribuye a reproducir) la estratificación socio-económica del país: educación particular pagada y educación pública ‘de excelencia’ para las clases dominantes y dirigentes, educación particular subvencionada para los sectores medios, y educación pública gratuita para los sectores populares más pobres.
Pero además de reflejar (y en parte reproducir) la división social, económica y política existente, la educación opera como un mecanismo que permite y en cierto modo facilita cierta ‘movilidad social’, esto es, la posibilidad del ascenso de personas y grupos que se encuentran en los niveles inferiores de la escala social, que mediante la educación acceden y pueden llegar a integrarse en los niveles más elevados de la organización económica y política. Tal ‘movilidad social ascendente’ faciulitada por la educación es sin duda reducida e insuficiente para gererar una efectiva igualación social. Pero si no fuera por la educación, la división y estratificación social sería muchísimo más rígida e inmutable en el tiempo. Los hijos heredarían las condiciones socio-económicas de los padres, a lo largo de sucesivas generaciones. En efecto, si no fuera por la educación ¿qué posibilidades tendrían los hijos de los campesinos y de los obreros pobres, de dejar de ser campesinos y obreros pobres?
¿Por qué, entonces, las movilizaciones estudiantiles que se han desarrollado con creciente intensidad en los últimos 5 años?
Esto lo saben las familias que hacen esfuerzos económicos importantes para otorgar a sus hijos una mejor educación que la que ellos tuvieron. Y los hacen según sus recursos, esto es, mediante el copago que les permite acceder a la educación particular subvencionada, y en ciertos casos incluso pagando por instalarlos en la educación privada. Es también lo que lleva a realizar enormes sacrificios para que los hijos lleguen a la universidad, sea cual sea la calidad y el tipo de ella. Serán las universidades tradicionales a las que se les reconoce un alto nivel de formación, si los hijos tienen los puntajes que les permitan ingresar, y las condiciones para obtener las becas o los créditos disponibles: o serán las universidades de menor prestigio y nivel, en el caso de que no puedan obtener matrículas en las anteriores.
Hay que reconocer que la gran expansión que ha tenido en Chile, en los últimos 30 años, la educación media y la educación superior, como resultado de la participación de los privados en la educación escolar y en la educación superior, y que ha significado que la educación media tenga actualmente una cobertura prácticamente universal, así como la multiplicación de los estudiantes que acceden a la educación superior, ha contribuido a mitigar la brecha social y educacional en el país. Los egresados de los institutos profesionles y de las universidades privadas que proliferaron en las últimas décadas, obtienen ingresos sin duda superiores a los que tendrían si no hubieran estudiado profesionalmente. Si la desigualdad y la brecha social ha aumentado en el país, ello no es atribuible a la ampliación de la educación ni a su estructura, sino a dinámicas que son propias del mercado capitalista en su estructuración neoliberal.
Me atrevo incluso a formular la hipótesis de que, si en Chile durante más de dos décadas hubo reducida conflictualidad social no obstante la desigualdad escandalosa existente, fue debido a que la expansión de la educación, tanto a nivel medio como superior, creó en una grandísima parte de la población la expectativa de que mediante el esfuerzo educativo realizado familiarmente en beneficio de los hijos, era posible la movilidad social ascendente para una proporción considerable de la población.
¿Por qué, entonces, las movilizaciones estudiantiles que se han desarrollado con creciente intensidad en los últimos 5 años? La razón es, en mi opinión, que las familias y los jóvenes han comprendido tres cosas: 1. Que la educación que reciben los niños tanto en la enseñanza media como en las nuevas universidades privadas es de deficiente calidad, razón por la cual la expectativa de que conduzca realmente a su ascenso e inclusión social es baja. 2. Que la expansión de la cobertura de la educación superior a la que aspiran los estudiantes hace difícil esperar que el ‘sistema’ económico y político imperante pueda absorver a tantos profesionales, redundando también esto es la frustración de las expectativas de inclusión y ascenso social por esta vía. 3. Que en tales condiciones el sacrificio económico implicado en el pago que se realiza por parte de las familias, sea mediante el copago en la enseñanza media como a través de los créditos para la educación superior, se hacen cada vez más difíciles de asumir. Por todo ello, la idea que parece difundirse es que, si la educación es mala y no garantiza realmente la movilidad social, que al menos sea gratuita y provista por el Estado.
Este estado de ánimo de los estudiantes y de las familias es, entonces, comprensible, y la rebeldía que suscita perfectamente justificada. Pero el camino tomado por el gobierno para, supuestamente, ‘resolver’ el problema es completamente equivocado, en la medida que, como hemos visto en esta serie de artículos, no conduce a mejorar la calidad de la educación, ni tampoco lleva a reducir la desigualdad, sino que al contrario, tenderá a deteriorar la calidad y tornará más infranqueble la brecha social.
La solución al problema que enfrentamos como país no es mantener el sistema educacional como está. Las críticas claras y fuertes que estoy planteando a la reforma educacional impulsada por el gobierno pudieran hacer creer que defiendo la educación existente, y con ello la educación particular subvencionada a cuya expansión atribuyo cierta contención de la desigualdad social. En los dos artículos anteriores he formulado algunas propuestas de reforma orientadas a mejorar la calidad y reducir la brecha educacional. Pero pienso que el problema es mucho más serio y profundo, y lo que se requiere es una reforma educacional radical, que apunte simultáneamente a mejorar la calidad y a reducir la desigualdad que atraviesa al actual sistema educacional y a la sociedad en general. En realidad pienso, no en una ‘reforma’ de la educación escolar sino en la necesidad de una educación radicalmente distinta, en una nueva educación, que es posible que sea de alta calidad y eficientemente generadora de igualdad cultural, social, económica y política. Sobre esto un próximo artículo.
