La violencia, en sus tres manifestaciones, estructural, cultural y directa, se ha enquistado en nuestra sociedad, desde los tiempos remotos de la guerra de los mil días, y ha tenido un efecto nefasto en el conjunto de nuestros valores. Los ha diezmado, al punto que hay quienes ni se esfuerzan por justificar lo que en otro tipo de sociedades resulta inexcusable.

Aquí en cambio, los crímenes más atroces, los delitos más injuriosos contra la dignidad humana, tienen una especie de cruel salvoconducto ante la mirada derrotada por la apatía, la desesperanza y el miedo de una ciudadanía cada vez más intolerante, dividida, miedosa, desubicada ética, política y moralmente.

Este gobierno, creado en una agencia de publicidad y a la medida de un líder cuyas acciones representan el conjunto de las violencias antes mencionadas, nos ha sumido en un estado de alteración constante de los valores humanos y sociales que con gran esfuerzo se habían logrado con la carta de 1991. Cada semana, el número de sus actos malintencionados, mezquinos, indignantes, anula los de la semana anterior, al punto que la sociedad, encerrada, diezmada por la cuarentena y el sitio del COVID 19 no es capaz de reaccionar.

Esta semana que cierra, los sectores sociales que sufrieron el horror del paramilitarismo, aún se rehúsan a aceptar que el Estado colombiano, que lleva décadas fallándoles, haya nombrado a Jorge Rodrigo Tovar como coordinador de Víctimas del Ministerio del Interior.

Un acto que refleja varias cosas, por una parte, que este es un gobierno indecente, desinteresado en proteger el cumplimiento del proceso de reparación de quienes han sido víctimas de la desidia estatal, del desprecio de las fuerzas militares, que sin sonrojo apoyaron las acciones delictivas y genocidas de los grupos paramilitares que operaron bajo la dirección de Rodrigo Tovar Puppo, alias Jorge 40. Así mismo, genera justificada suspicacia que ese nombramiento se produzca, justo cuando se acerca el momento en que el genocida confeso regrese al país luego de cumplir la pena pírrica por narcotráfico que estaba pagando en Estados Unidos. Será acaso, una forma de indicarle al ex jefe paramilitar que mejor se abstenga de contar detalles de su actividad delictiva que puedan comprometer a miembros reconocidos del partido de gobierno u a otros actores relevantes en las fuerzas armadas.

De igual manera, se trata de un acto de abierta provocación a quienes han objetado el manejo que el gobierno Duque ha dado a los asuntos relacionados con la memoria del conflicto.

Ahora, si ese nombramiento se diera en el marco de un proceso serio y responsable de reconciliación, si ese muchacho tuviera la decencia, la sensibilidad y la formación para realmente aportar al esclarecimiento de los hechos, a la protección de las víctimas de su padre, a la restauración del daño ocasionado por el Estado, podría ser justificado, pero ese no es el escenario actual.

Cuál es el motivo de fondo tras este desacertado nombramiento, por qué insistir en él a pesar del daño que genera al proceso de reparación integral de las víctimas, que ya de por sí es tortuoso, por qué poner en riesgo la precaria credibilidad del gobierno Duque sobre estos temas ante la comunidad internacional. Se trata de un acto de terquedad, de torpeza, de provocación o hay algo más de fondo como sugiero antes.

Quizá sea de todo un poco, torpeza, pero también mala intención, provocación, premio por el silencio que ha guardado alias Jorge 40 durante estos años de cárcel, amenaza velada de que es mejor que continúe ocultado lo que sabe sobre la tras escena de su accionar. Difícil saberlo con precisión.

Lo que sí es evidente, es el desprecio que el señor Duque y su vergonzoso equipo de gobierno, siente hacia la ciudadanía más vulnerada por el Estado, las víctimas de la violencia paramilitar y estatal. Violencia, que, como decía al comienzo, se manifiesta de forma estructural, cultural y directa y que nos ha sumido en un estado de parálisis del que tenemos que salir ya.

Columna por Piedad Córdoba Ruíz
Defensora de Derechos Humanos

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