Al contrario de esos ideologismos de izquierda que ven fantasmas librempresistas en el origen de la peste y su “cultivo”, la exigencia por un nuevo modelo constitucional va aumentando con el sufrimiento del virus. Desde el mismo foco de la enfermedad reaparecieron en Chile los atropellos laborales, las desigualdades, el libremercado abusivo y la vulnerabilidad de un país con un Estado débil.

En este sufrimiento, las personas miran al Estado pidiéndole acción. Ante los miedos planetarios de la peste, la mayoría le pide al gobierno, con justa razón, fijar precios en las farmacias, para los test de laboratorios, las vacunas de influenza, los alimentos. Las personas exigen que el Estado norme para evitar abusos del mercado, que fabrique o venda mascarillas, intervenga en la venta de salud privada, subvencione a los débiles, acoja a la pymes, cuide los salarios, impida los abusos empresariales, proteja el empleo. Pero la Constitución vigente castra la potencia protectora del Estado.

Los que creían que la pandemia hizo desaparecer el interés por una Nueva Constitución se equivocaron. Los que creían olvidadas las demandas sociales hacia una Nueva Constitución no se han dado cuenta que hoy, justamente debido a la pandemia, la sociedad busca un Estado Protector.

Las consignas de un gobierno fuerte, apropiadas en Chile por la derecha, han pasado al lenguaje de la clase media y de los más desposeídos, para exigir desde sus necesidades: un Estado fuerte.

Porque las debilidades estatales constitucionales, bien diseñadas para tener un Estado débil, “subsidiario”, fueron escritas por el constituyente de 1980 y respetadas por todos los políticos que fuimos parte del poder entre 1990 y el 2019, para un tipo de Estado que hoy el pueblo no quiere.

Por el contrario, en medio de la pandemia en el país se expresa la exigencia de la necesidad de establecer un nuevo ordenamiento de la sociedad que permita tener un Estado fuerte, que tenga atribuciones para aplicar medidas protectoras; las personas quieren más Estado y menos control por parte del mercado libre; en el diálogo social exigen un Estado que asuma el control de los que se aprovechan del sufrimiento, que controle las cuarentenas, que norme conductas por el bien común. Y sin necesidad de adherir a partidos políticos, sin más ideología que la que surge de la experiencia vital y no de las bibliotecas de los partidos, hoy, mayoritariamente se anhela una forma de convivencia pactada por todos, donde se legitimen en bronce constitucional las palabras: bien común, solidaridad, protección, tarea de todos, protección social, cuidado de los más débiles, igualdad de todos en lo fundamental para la vida digna.

El conservadurismo chileno libre-empresista ve que la peste puso en retroceso su vocabulario desregulador. Están asustados que ya no es fácil su discurso defensor de un Estado permisivo que deja que sea el mercado el que ponga orden, en quien se salva y quien no, quien vende buena o mala educación, quien aprovecha de vender medicamentos caros y quien no, quien vende bien o mal sus servicios de salud, quien bota a la calle o no sus trabajadores con abuso.

Es que el miedo a una fuerza desconocida invadió nuestra existencia.

El conservadurismo que suspiraba aliviado porque imaginaba a un pueblo desmemoriado de la Convención Constituyente y la búsqueda de la dignidad, no entendió que la gracia de la pandemia es que puso de manera apocalíptica la evidencia de la necesidad de juntarnos y escribir una nueva manera de dialogar con respeto mutuo para aprender vivir juntos en base una nueva carta fundamental: la Nueva Constitución. Más necesaria que nunca.