En las últimas semanas, este martes 7 de abril, se han levantado muchas voces para anunciar «drásticamente» y ver, en el Consejo de Ministros europeos, si Europa es digna o no para ser considerada como una «comunidad» de ciudadanos y personas capaces de adoptar un plan común europeo de intervención financiera frente a los cambios socioeconómicos causados ​​por la pandemia del Covid-19. Entre estas voces, también, ¡qué mala fe! Hay nacionalistas fascistas, xenófobos, antiinmigrantes, como  Orban, Le Pen, Salvini y Meloni, los dictadores polacos…

Es cierto que la adopción representaría un respiro para la integración europea que continuamente padece y carece de verdadera solidaridad. Sin embargo, se debe recordar que la apertura de una línea de crédito común de la UE garantizada por el BCE (coronabonos u otros) de cientos de miles de millones de euros no sería una transferencia de riqueza entre países ricos y menos ricos dentro de la UE, más bien sería un mecanismo de acceso a fondos comunes que no son propiedad de ningún estado miembro de la UE.

El acceso a los fondos no conduciría a solicitudes de «endeudamiento» de otros países de la UE. Estos préstamos tendrían que ser reembolsados, incluso si el costo de los eurobonos fuera responsabilidad de los Estados miembros. De ahí viene la reticencia de los países ricos de la UE que temen que la consolidación de la deuda implícita en la emisión de eurobonos (o instrumentos equivalentes) recaiga en los países de la UE económicamente más estables y más ricos. ¡No habrá solidaridad! Estamos en presencia de ayuda forzada y no deseada.

Por lo tanto, es un error anunciar que Europa «probará que no es una Comunidad Europea si el martes 7 de abril no adopta el plan de ayuda común» porque la «Comunidad Europea» existió y ya no existe desde 1992. Su nombre fue cambiado por el Tratado de Maastricht de 1992. Su nombre oficial de «Comunidad Europea» ha sido reemplazado por el de «Unión Europea» entre Estados.

Desde 1951 (creación de la Comunidad Europea del Carbón y del Acero – CECA) y desde 1961 (creación de la Comunidad Económica Europea – CEE), el proceso de integración tenía como objetivo construir una Europa basada en «Políticas europeas comunes», a través de instituciones comunes (como el Parlamento Europeo elegido directamente por todos los ciudadanos de la Comunidad desde 1979) y medios comunes autónomos (como el presupuesto parcialmente financiado con recursos propios), etc.

Hasta el Tratado de Maastricht, los «constructores» de la «Comunidad Europea» estaban orgullosos de enfatizar una de las características originales de la integración europea representada por el «método comunitario», es decir, un sistema de decisión basado en la definición de políticas, instrumentos, medios y procedimientos comunes, ya no interestatales e internacionales, sino con una tendencia «supranacional», aunque sectorial e imperfecta.

El principal camino a seguir en términos de integración política fue el enfoque «funcionalista»: empezando por la economía, pasando por el mercado único interno, luego estableciendo la moneda única europea, con la convicción de que el mercado y la moneda inevitablemente conducirían a la integración política europea y, por lo tanto, a una comunidad europea humana y social. Fue una mala elección. Lo digo porque desde la década de 1960, como tantos otros europeos, he luchado contra esta elección y a favor del camino «comencemos con la política».

De hecho, el Tratado de Maastricht cambió el nombre jurídico-institucional de Europa debido a que las clases dominantes de la época (principalmente liberales y socialdemócratas/socialistas, pragmáticas y proeuropeas) habían cambiado sus concepciones de la sociedad y el mundo en un sentido capitalista liberal-globalista y tecnocrático. Su cultura estuvo influenciada cada vez más por una visión anti-estatal a favor de la creciente privatización del poder político público. No es casualidad, que este Tratado haya «reactivado» la integración desigual de Europa sobre la base de procesos (el mercado único) e instrumentos (la moneda única), caracterizados por ser «menos Estado «y» sin Estado «. El Tratado de Maastricht prohibió cualquier intervención de los Estados en el mercado único, ya que se considera un factor disruptivo para el correcto funcionamiento del competitivo mercado europeo. Además, creó el euro, una moneda única sin Estado, para confiar su responsabilidad y poderes soberanos a una nueva institución europea, el BCE, que no es un Estado sino una persona jurídica y políticamente independiente de los Estados y otras instituciones europeas (la Comisión, el Consejo de Ministros e incluso el Parlamento Europeo).

La Comunidad Europea desapareció en 1992. Desde entonces, ha habido una creciente supremacía de reglas, restricciones y mecanismos cada vez más tecnocráticos y autocráticos (en el contexto del nuevo «orden europeo» configurado por el MEDE…), impuesta por los Estados económicamente más fuertes de la Unión (especialmente Alemania, los Países Bajos, etc.). Asimismo, los poderes políticos públicos (en todos los niveles territoriales) se desvitalizaron, el Estado de Bienestar (Welfare) se fue convirtiendo cada vez más privado y menos social, se generalizó la mercantilización y privatización de los bienes y servicios públicos comunes, el consecuente despojo de los derechos humanos y los derechos sociales, a excepción de las clases ricas (a pesar de las numerosas cartas de derechos, cartas sociales, declaraciones, pactos, estrategias …).

Los recursos propios de la Unión no podrán exceder del 1,20% del producto nacional bruto de los Estados miembros. ¡La decisión en materia es tomada por el Consejo de Ministros a propuesta de la Comisión, mientras que el Parlamento Europeo solo tiene un poder de opinión! Son cada vez más la imagen de una falsa solidaridad europea. La Comunidad Europea ha sido deconstruida.

¡Hoy en día, es doloroso ver a las mismas clases dominantes responsables de la deconstrucción rasgándose sus vestiduras para proclamar este 7 de abril, que la existencia y el futuro de la Comunidad Europea como tal está en juego! La suspensión del Pacto de Estabilidad es solo temporal. Además, el viernes 3 de abril varias figuras políticas alemanas (desde el ex Ministro de Asuntos Exteriores hasta el líder histórico del movimiento estudiantil europeo del 68) hicieron un llamado al gobierno alemán para que el Consejo de Ministros de la UE tenga un gesto de solidaridad financiera europea con Italia dado el contexto extraordinario de la emergencia sanitaria, esto no puede considerarse políticamente correcto. El mensaje es emotivo (amamos Italia…) y condescendiente (nosotros, el hermano mayor, debemos ayudar al hermano menor en dificultades …).

Europa no necesita mensajes condescendientes o bondadosos. Sin esperar a «mañana», debemos trabajar para que los ciudadanos europeos entren en resistencia (en el espíritu que animó a los presos políticos de Ventotene) y se movilicen a favor de un gran salto político para liberarse de la Europa tecnocrática y capitalista financiera sin «res publica». Espero que este martes 7 de abril se levanten al menos algunas voces para proponer audacia.

Traducción del francés por Maria Paula Alvarez