El referéndum constitucional sobre la reducción del número de parlamentarios implica una pregunta sobre el papel y la tarea de las asambleas legislativas. ¿Afecta la cantidad de representantes elegidos a la calidad de los resultados? Tal vez la pregunta está siendo hecha incorrectamente. Al verificar los datos, la pregunta debería ser: ¿cómo se puede limitar el poder legislativo del gobierno? Parece ser un cortocircuito, pero ese es el problema, ya que la mayoría de las leyes son de origen gubernamental. ¿La posible disminución del número de parlamentarios servirá para dar más poder al Parlamento y, por consiguiente, para contrarrestar el abrumador poder del Gobierno? Es dudoso. Pero vayamos en orden.

En la antigua Grecia Aristóteles ya distinguía tres momentos en la actividad del Estado: deliberativo, ejecutivo y judicial. Encontramos este enfoque en la teoría moderna de la separación de poderes, que tradicionalmente se asocia con el nombre de Montesquieu. El filósofo francés, en el Espíritu de las Leyes, publicado en 1748, basa su teoría en la idea de que «quien tiene el poder es llevado a abusar de él; llega hasta el punto de no encontrar límites. Porque no se puede abusar del poder, es necesario que el poder detenga al poder». También identificó tres poderes (entendidos como funciones) del Estado – legislativo, ejecutivo y judicial – porque «una soberanía indivisible e ilimitada es siempre tiránica». La separación (o división) de poderes es uno de los principios jurídicos fundamentales del estado de derecho y la democracia liberal.

En la Constitución de la República Italiana, la función legislativa es ejercida colectivamente por las dos Cámaras (art. 70). Al mismo tiempo, los actores que pueden presentar propuestas legislativas, la llamada iniciativa legislativa, son muchos: los parlamentarios y el Gobierno (art. 71), el Consejo Nacional de Economía y Trabajo, las regiones (art. 121) y el pueblo (art. 71), mediante la recogida de al menos 50.000 firmas.

En la legislatura anterior -según los datos proporcionados por Openpolis- se han aprobado 379 leyes: el 74% son de iniciativa gubernamental y el 24% de iniciativa parlamentaria. Sólo se ha aprobado una ley de origen regional y otra de iniciativa popular. Ninguno de los propuestos por el Cnel. Es evidente que, aunque el Parlamento es el titular del poder legislativo y, al menos sobre el papel, el principal protagonista de la iniciativa legislativa, la gran mayoría de los textos aprobados por el Parlamento italiano son de iniciativa gubernamental. El poder ejecutivo ha prevalecido de hecho sobre el poder legislativo. Esta situación, que altera la división y el equilibrio de poderes, pone en crisis el orden constitucional de nuestra República parlamentaria.

No ha cambiado mucho en la actual legislatura. Según los datos disponibles en el sitio web del Senado, desde las elecciones de 2018 hasta principios de 2020, se han aprobado 72 leyes de origen gubernamental, 28 de origen parlamentario y una ley de iniciativa ciudadana. Como resultado, los porcentajes son ligeramente diferentes a los de la legislatura anterior: sigue siendo el gobierno el que manda, además en la casa de los demás.

Ante estas cifras, debería iniciarse un debate sobre la necesidad de restablecer el papel que constitucionalmente corresponde al Parlamento, pensando tal vez en los instrumentos útiles para evitar o al menos limitar el evidente abuso de poder por parte del Gobierno. En cambio, el domingo 29 de marzo, los votantes serán llamados a votar sobre el posible recorte de los parlamentarios. Por otra parte, se podría pensar que, como consecuencia del escaso papel actual del Parlamento en la legislación, es coherente aprobar la reducción del número de representantes elegidos. Pero tal razonamiento, llevado al extremo, tendería a llevar a la abolición del Parlamento como un órgano marginal, como de hecho se ha convertido el Cnel.

La Carta Constitucional es ante todo un obstáculo para el poder. La ley fundamental, para defender el derecho de todos, está del lado de los más débiles. Hoy en día, entre los tres poderes del Estado, el más frágil es sin duda el Parlamento. Una disminución en el número de parlamentarios no la hará más fuerte y no le devolverá el poder perdido. El Parlamento representa directamente a los votantes: es verdaderamente paradójico que sean los votantes – si prevalece el «sí» en el referéndum – quienes reduzcan su representación.

Traducido del italiano por Estefany Zaldumbide