El ayuntamiento de Barcelona ha aprobado una declaración institucional para condenar las prácticas “absolutamente abusivas” que está ejerciendo el fondo de inversión Azora con los inquilinos e inquilinas de 11 comunidades de vecinos de Barcelona y otros municipios como Terrassa, Badalona, l’Hospitalet de Llobregat y Granollers.
La alcaldesa, Ada Colau, ha querido remarcar que “el sentido de esta declaración es dejar muy claro, porque a nadie le quede ningún tipo de duda, de qué lado está el Ayuntamiento de Barcelona, que es del lado de los inquilinos e inquilinas”.
Las comunidades de vecinos y vecinas afectadas por las prácticas del fondo Azora, que suman 232 unidades familiares, se han unido y se han organizado para denunciar estos abusos, con la ayuda del Sindicato de Inquilinas de Cataluña, con el objetivo de frenar estos abusos.
Las prácticas abusivas de Azora se concretan en subidas de precios de los alquileres de más del 80% en las viviendas. Estos incrementos son desproporcionados y por este motivo los técnicos municipales del Ayuntamiento de Barcelona los están inspeccionando.
Otro de los abusos que denuncian las comunidades afectadas son cláusulas fraudulentas en los contratos, como por ejemplo subidas encubiertas de los alquileres a través de subidas interanuales desvinculadas del Índice de Precios del Consumo (IPC) y escondidas bajo supuestas bonificaciones durante los primeros años de contrato. Este hecho supone un fraude de ley flagrante respecto al Real Decreto 7/2019 de 1 de marzo de medidas urgentes en materia de vivienda y alquiler. Azora también obliga sus locatarios a contratar un seguro por impago, y los fuerza a asumir reparaciones de la vivienda que son responsabilidad de la propiedad.
Finalmente, Azora niega sistemáticamente a sus inquilinos el derecho a leer los contratos (llenos de cláusulas abusivas) antes del día de la firma, y por tanto, impide que puedan hacer consultas jurídicas sobre los contratos que se los exige firmar.
Colau ha calificado estas prácticas “de inmorales” y ha remarcado que es un problema “social y económico” y que por este motivo, el Ayuntamiento “utilizará todas sus herramientas para defender el derecho a la vivienda y para combatir la especulación que tanto de dolor está causando y es una de las principales amenazas en la ciudad de Barcelona para una grandísima parte de la población”.
De hecho, más allá de los fraudes y las ilegalidades que practica el fondo de inversión Azora, las subidas de precios se encuentran amparadas en la legislación vigente y por este motivo, el Plenario del Consejo Municipal no solo ha acordado exigir a Azora que deje de vulnerar los derechos de estas comunidades de vecinos afectadas y se siente a negociar de manera colectiva como han hecho otros fondos de inversión en la ciudad, sino que también se ha posicionado sobre la necesidad y la urgencia de una nueva legislación de alquileres estatal que incluya la regulación de precios, la prohibición de la expulsión de vecinos sin causa justificada y el derecho a la negociación de los locatarios a través de sus representantes.
