La relatora especial de Naciones Unidas sobre la Extrema Pobreza y los Derechos Humanos, Magdalena Sepúlveda, instó hoy al gobierno de España a garantizar la inclusión social, sobre todo en el sector de la salud.

“Ha llegado la hora de que el Gobierno de España cambie de rumbo, y muestre un auténtico compromiso con la protección de los derechos humanos para todos”, afirmó la abogada chilena en un comunicado.

La experta solicitó a Madrid que garantice el acceso universal a la salud y que deje de justificar sus recortes en la atención sanitaria con la crisis financiera.

España tiene obligaciones en materia de asistencia médica, incluidas para con los migrantes, independientemente de su situación jurídica, advirtió.

De acuerdo con la relatora nombrada por el Consejo de Derechos Humanos en 2008, las presiones fiscales no constituyen un argumento para ignorar principios básicos de derechos humanos.

En noviembre pasado, Sepúlveda expresó en una carta enviada a Madrid sus preocupaciones por la decisión de reducir en el país europeo el acceso al sistema de salud pública.

El gobierno de Mariano Rajoy restringió la atención médica gratuita para los inmigrantes indocumentados, por lo cual recibió críticas del Comité Europeo de Derechos Sociales y de funcionarios y órganos de la ONU.

Diversas entidades y expertos internacionales coinciden en sus apreciaciones sobre la situación, y España no debería ignorarlo, subrayó la jurista chilena.

Sepúlveda agradeció la respuesta a su misiva, pero refutó los argumentos reflejados en la misma, en particular el criterio de que en la nación ibérica la atención sanitaria sigue siendo universal, pública y gratuita.

“La falta de acceso de los migrantes a la atención primaria no es sólo cuestionable desde una perspectiva de derechos humanos, sino también poco efectiva para reducir costes a largo plazo”, recalcó.

En ese sentido, la relatora especial de Naciones Unidas sobre la Extrema Pobreza y los Derechos Humanos precisó que con la falta de atención primaria se sobrecargan los servicios de emergencia y se pone en riesgo la salud de las personas.

“Lo que es aún más importante, amenazar el derecho a la salud y a la integridad física tiene un enorme coste humano. Estas medidas son contrarias a las normas de derechos humanos”, sentenció.