Por Ignacia Fernández, Investigadora de Rimisp – Centro Latinoamericano para el Desarrollo Rural y miembro de la Comisión Asesora Presidencial para el Desarrollo Regional.

Las desigualdades territoriales afectan la calidad de vida de muchos chilenos y chilenas.

Esta es una expresión de injusticia social, éticamente condenable, fruto de estructuras y reglas que se perpetúan a través de políticas públicas de larga data. La existencia de territorios rezagados constituye un obstáculo para el desarrollo de sus habitantes, pero también para el desarrollo del país en su conjunto.

Dada la gravedad de la desigualdad territorial en Chile, el desarrollo con cohesión territorial es un objetivo que requiere poner en marcha y acelerar procesos de convergencia, es decir, que los territorios más rezagados en oportunidades, ejercicio de derechos o niveles de bienestar, avancen más rápido que aquellos que tienen una
situación aventajada.

Como han señalado Jorge Rodríguez y Sergio Granados (Nueva Agenda Regional 2013, Rimisp), una iniciativa que contribuye a romper con esta dinámica de desigualdad es la creación de un Fondo de Convergencia cuyo objetivo es apoyar el progreso de los territorios más rezagados en materia de desarrollo socioeconómico.

La iniciativa fue acogida por el Programa de Gobierno de la Presidenta Bachelet, que también impulsa con particular compromiso la necesidad de abordar la situación de las zonas extremas y rezagadas del país. El Fondo de Convergencia ha sido adecuadamente comprendido como un instrumento preferente para apoyar el desarrollo de los territorios rezagados, para los cuales el Programa de Gobierno se ha comprometido a evacuar una propuesta de solución dentro de los primeros 100 días.

El Fondo de Convergencia deberá considerar como criterio básico para su asignación las brechas existentes en distintos indicadores socioeconómicos regionales respecto del promedio nacional. Una vez definidas esas brechas, el Fondo debiera ser de libre asignación de los gobiernos regionales, con la única condición de ser utilizado en
programas y proyectos orientados a reducir las diferencias socioeconómicas de desarrollo en el territorio. Queda por debatir el grado de intervención de ministerios y servicios sectoriales centralizados, así como el papel de los gobiernos y comunidades locales.

Más allá de estos asuntos operativos, hay pleno consenso en que la puesta en marcha del Fondo de Convergencia conducirá progresivamente a un país con menores desigualdades y a la reducción de brechas y rezagos en los territorios. Este Fondo constituye una medida clave para la construcción de una nueva agenda regional para Chile, que ponga en el centro de sus preocupaciones las oportunidades de desarrollo de ciudadanos que habitan
en lugares muy diversos y que hoy ofrecen muy dispares condiciones de bienestar.