El Gobierno Catalán aprueba un Decreto ley de medidas urgentes para mejorar el acceso a la vivienda. Ante la situación de emergencia habitacional propone herramientas para reducir los desahucios y favorecer el acceso a la vivienda.

Tras la crisis inmobiliaria que se produjo en el 2008, numerosas familias en distintas ciudades del mundo, perdieron sus casas por la imposibilidad de pagar sus hipotecas. Miles de viviendas pasaron a ser propiedad de los bancos, y los fondos buitre internacionales, como Blackstone, aprovecharon la situación para comprar esas mismas viviendas, procedentes de desahucios o impagos, a precios muy bajos. Los bancos, que no quisieron renegociar la deuda con las familias, si estuvieron dispuestos a vender esas viviendas a precios de saldo a los fondos buitre.

Este fue un terrible episodio para cientos de familias que perdieron sus casas (según datos del Consejo General del Poder Judicial, en España se produjeron alrededor de 200.000 desahucios entre el 2007 y el 2013), pero a partir del 2013 surgió una nueva amenaza, la escala de precios de los alquileres, especialmente en las grandes ciudades.

El fenómeno del aumento del precio de los alquileres ha sucedido en numerosas ciudades de todo el mundo. La situación se debe en parte a la aparición de las Socimis a partir del 2013 (Sociedades Cotizadas Anónimas de Inversión en el Mercado Inmobiliario), que adquieren activos inmobiliarios con importantes ventajas fiscales y luego los alquilan, en parte a la gentrificación que se ha producido en los grandes centros mundiales, en parte a la competencia con las plataformas de alquiler turístico a precios desproporcionados, en parte al aumento de la demanda de viviendas de alquiler (dada la dificultad para comprar), el caso es que los precios del alquiler de la vivienda en España han aumentado entre el 2013 y el 2019 un 50%. En ese periodo de tiempo los salarios sólo crecieron en un 4,2%, lo que explica la imposibilidad de muchas familias para acceder a una vivienda.

Hay que añadir, que en España más de la mitad de los hogares jóvenes viven de alquiler, en la mayoría de los casos en viviendas privadas, ya que el parque social de viviendas de alquiler es prácticamente inexistente.

Diversos colectivos como la “Plataforma de Afectados por la Hipoteca” (PAH) o “Sindicato de Inquilinos” llevan años denunciando el precio abusivo de los alquileres, el drama social de los desahucios y la dificultad de acceso a la vivienda. Finalmente, el Gobierno de Cataluña ha dado respuesta a esta situación aprobando un Decreto ley de medidas urgentes para mejorar el acceso a la vivienda, texto que incorpora cambios sustanciales, y que asume algunas medidas con un amplio apoyo social. Se trata de una propuesta legislativa que sería impensable si no fuera por la magnitud y el alcance del movimiento por la vivienda en Cataluña

El Decreto propone las siguientes medidas:

Combatir las situaciones de emergencia habitacional y los desahucios

Los grandes propietarios de viviendas deberán hacer alquileres sociales (por debajo del precio de mercado) con una duración de hasta 7 años, para aquellas familias que acrediten una situación de vulnerabilidad o exclusión residencial. Esta medida obliga a los grandes propietarios a ofrecer un alquiler social a las familias que acrediten vulnerabilidad antes de interponer una demanda judicial.

Incrementar el parque de viviendas asequibles en régimen de alquiler

Implementa herramientas para movilizar el parque de edificios inacabados y generar así más vivienda asequible.

Se amplía el derecho a tanteo y retracto para ayuntamientos, entidades sociales y Generalitat, para que puedan comprar más viviendas para ampliar el parque de viviendas sociales.

La nueva vivienda protegida lo será a perpetuidad. Es decir, no se podrá privatizar y siempre tendrá un precio regulado.

Los promotores deberán aumentar el porcentaje de vivienda protegida. Para los municipios incluidos en áreas de demanda residencial fuerte y acreditada ​​la reserva mínima de vivienda protegida será del 40% del techo en suelo urbanizable y del 40% en suelo urbano no consolidado.

La mitad de estas reservas obligatorias de vivienda protegida se destinarán al régimen de alquiler, y la otra mitad se puede destinar a compra y venta

Moderar de los precios de los alquileres en viviendas privadas

El Índice de Referencia de Precios de Alquiler que elabora el gobierno de la Generalitat deberá aparecer en las ofertas y los contratos de alquiler. Alquilar el piso por debajo del permitirá que los propietarios puedan acceder a las ayudas públicas de fomento del alquiler.

Para incrementar el parque de viviendas privadas de alquiler libre o protegida, el Decreto ley prevé estímulos a la iniciativa privada.

Los colectivos por el derecho a la vivienda advierten que el Índice de Referencia de Precios de Alquiler es solo orientativo para los arrendatarios, así pues, todavía queda pendiente la regulación del precio del alquiler, como ya se hace en muchos países europeos. Es necesaria una ley que regule los alquileres, que aporte estabilidad y acabe con los desahucios arbitrarios y especulativos, una ley del alquiler que priorice la casa como hogar y no como inversión especulativa.